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Todos los partidos del arco parlamentario, a excepción del PRC, tienen claro que el alcalde de Hazas de Cesto, el regionalista José María Ruiz, tiene que irse a casa tras la condena del Juzgado número 4 de Santander que lo inhabilita para cargo ... público durante ocho años por prevaricación. El regidor insistió ayer en que su condena se va a «recurrir» porque «no están acreditados los hechos que se le imputan», zanjó. En todo caso, su paralelismo con el caso del alcalde de Cayón, Gastón Gómez (PP), le sitúan en una complicada situación porque puede ser la aplicación de Ley Orgánica de Régimen Electoral (Loreg) quien le quite del puesto.
De nuevo una sentencia condenatoria a un alcalde por prevaricación, en este caso de las filas del PRC, pone en juego la retórica de los partidos cuando tienen que hablar o dar explicaciones de sus propios condenados. En este caso, el secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, no dudó en sacar pecho por su alcalde el pasado sábado y avalarlo como «un hombre honrado», haciendo una interpretación de la ley benévola para Ruiz, sin más consecuencia en el partido por el momento que el de encargar un informe jurídico que diga si la sentencia es de aplicación inmediata como pasó en Cayón.
Al hilo de éste tema, en las filas del PP regional, su secretaria general, María José González Revuelta, lo tiene claro. Tanto ella como la presidenta del partido, Sáenz de Buruaga, habían tenido que enfrentar hace sólo unos meses un caso igual en sus filas: la condena de Gastón Gómez, alcalde de Cayón. En este sentido, tras analizar la reforma de la Loreg (artículos 6.2 y 6.4) no había dudas de que Gómez se tenía que ir, aunque «no hubiera metido la mano en la caja», como dijo entonces el PP y parafrasea ahora Revilla de su regidor. «Tiene que dimitir y además cuanto antes», continuó González Revuelta, que recordó que desde el PP acataron la legalidad de la situación. Se tiene que ir «por decencia y porque lo dice la Ley, esto no es un tema, como nos quiere ahora hacer creer el PRC, que admita opiniones ni interpretaciones».
El articulado de referencia viene a imponer una condición de inelegibilidad e incompatibilidad de los condenados por este tipo de delitos, aunque hayan recurrido. «Por eso nos parece de una hipocresía y de un cinismo político absoluto las declaraciones que ha hecho Revilla de su alcalde, máximo cuando él hace de abanderado por las televisiones de la decencia de los políticos», subrayó la dirigente popular.
De igual manera, desde el PSOE regional, su secretaria general, Noelia Cobo, manifestaba también lo mismo que dijo en su día del caso de Cayón, que el regidor de Hazas tiene que dimitir por «ley» aunque recurra.
En el caso de Ciudadanos, su coordinador, Félix Álvarez, presentaba ayer una pregunta en el Parlamento sobre este asunto y cuestionaba las declaraciones de Revilla y la postura de perfil adoptada por el PRC. «Si las sentencias todavía no son suficientes para que los políticos dimitan de sus cargos, pues habrá que esperar un juicio divino», ironizaba.
Desde Vox, Cristóbal Palacio, interpretaba que dimitir es una «cuestión moral» de un regidor en esas circunstancias. También se sorprendía de que Revilla sostuviese que estos hechos «no tienen relevancia» y que el PRC considere «que las leyes no se les aplican cuando ellos son inflexibles en la crítica a los políticos de ámbito nacional».
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