Ascán también gana al Ayuntamiento de Santander la denuncia por la retirada de contenedores

El Ayuntamiento de Santander denunció lo ocurrido en el juzgado, acusando a la empresa de apropiación indebida. Sin embargo, el juez no ve delito y ha archivado la causa. «No se ha justificado la existencia de ningún tipo de apropiación indebida, no resultando debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa», dice el titular del Juzgado Número 4 en un auto en el que acuerda el sobreseimiento provisional y su archivo. Según el juez, «parece evidente que la intención de Ascán no era propiamente la de apoderarse de la maquinaria e incorporar la misma a su patrimonio». Pese a que el pliego del contrato –apunta– contemplaba que a su término el Consistorio fuera propietario en exclusiva de todos el material cuya amortización haya corrido a cargo del mismo. Sin embargo, dicha amortización no se había completado cuando se rescindió el contrato ni a día de hoy, diez meses después.

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En la resolución, el magistrado subraya dicha cláusula de reversión porque «parece estar condicionada a la previa amortización por parte del Ayuntamiento de dichos medios materiales». Pero recuerda al respecto los acuerdos del Consistorio adoptados el 11 y 12 de octubre de 2021 por los que se resolvió de forma anticipada el contrato con Ascán y se declaró la situación de emergencia para adjudicar la prestación del servicio a otra empresa.

Los mismos, añade, determinaban que la reversión se debía producir en fecha 11 de noviembre –coincidiendo con la rescisión del contrato a Ascán– y «sin esperar a que el Ayuntamiento abonara tal coste o incluso sin esperar a que este fuera calculado, siquiera provisionalmente». Con todo, el juez no ve justificada la existencia de «ningún tipo de apropiación indebida» y archiva la causa, mientras no se pronuncia sobre la medida cautelar pues «es obvio que el servicio público debe continuar prestándose». Además, aunque el magistrado admite «oposición» previa de la UTE a las labores de inspección, considera «antitético acordar una nueva designación de peritos para valorar el estado de la maquinaria como paso previo a su entrega para el buen funcionamiento del servicio».

Resalta además el magistrado que de manifestaciones como la del interventor del Ayuntamiento se desprende que «la propia UTE estaba dispuesta, aun sin esperar al resultado del expediente de liquidación, a día de hoy aún en trámite, a entregar la maquinaria».