El Ayuntamiento abonará 2,5 millones a Parques y Jardines por facturas pendientes

La reducción, explican fuentes municipales, «viene motivada por el descenso tanto de efectivos en la plantilla como de la maquinaria empleada». De los 2,7 millones de euros que contemplaba el contrato, baja a 2,5 millones. Los seis meses que quedan pendientes -de septiembre de 2019 a febrero de 2020- se resolverán por otra vía porque hay una diferencia notable entre estos dos periodos de tiempo: las cuatro primeras facturas estaban autorizadas por el jefe de servicio y las seis restantes, no.

La UTE Jardines Santander fue la elegida para desempeñar este trabajo entre 2012 y 2018. Desde entonces, la empresa ha seguido realizando el servicio -por ser ineludible- a la espera de que se elija otra. Han pasado casi dos años desde que terminó el contrato porque en ese momento -a principios de 2018- se abrió un nuevo proceso de adjudicación donde la mejor valorada fue la UTE Impesapi-La Encina-Copsesa. El procedimiento fue cuestionado por los trabajadores, que expusieron sus dudas sobre la viabilidad, por lo que el proceso quedó en suspenso y continuó la UTE anterior -formada por las empresas Urbaser y Contratas Piñera-. Hasta el momento y a pesar de que en diciembre el Ayuntamiento aseguró que se «adjudicaría de inmediato el nuevo servicio», se desconoce cuándo se resolverá esta situación.

En la comisión extraordinaria de ayer se reconoció extrajudicialmente la deuda de esos 4 meses -de mayo a agosto- con el voto a favor de PP y Ciudadanos y la abstención del resto de grupos. «Las facturas del resto de meses (de septiembre a febrero) son diferentes en cuanto a la gestión técnica y se creará un sistema para estudiar cómo se gestiona y cómo se paga. Los problemas en el servicio han dado lugar a retrasos. Se está estudiando cómo se pueden pagar las que quedan. Nuestra voluntad es hacerlo», asegura la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo.

Respecto a los problemas que giran en torno a Parques y Jardines, la oposición urgió ayer al equipo de gobierno una solución «definitiva» para la situación «insostenible» que vive el servicio.

El portavoz socialista, Daniel Fernández, criticó que sólo se vayan a pagar cuatro de las diez mensualidades que adeuda a la concesionaria, «que asciende aun total de 7 millones». El regionalista José María Fuentes-Pila pidió a PP-Cs que reclame a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa una respuesta a las preguntas planteadas sobre la ese contrato, «ya que se va a cumplir casi un año desde que se envió dicha consulta», e insistió en la negativa a que se adjudique el nuevo contrato hasta que no se pronuncie ese órgano.

El concejal de Unidas por Santander, Miguel Saro, dedujo que «el pliego está mal redactado y este contrato no se va a solucionar a no ser que se vuelva a redactar de nuevo, primando criterios críticos antes que económicos» Por su parte, el concejal de Vox, Guillermo Pérez-Cosío, lamentó que cuatro meses después de que Intervención recomendase la salida de la actual empresa y la nueva adjudicación del contrato para acabar con una situación «irregular», el equipo de gobierno «siga sin hacer nada»