Las familias del IES Cantabria irán al juzgado para paralizar la construcción de la gasolinera

Pocas balas quedan en la cartuchera de las familias del instituto, pero no por ello van a dejar de luchar: «Iremos hasta el final», han advertido este viernes. ¿Cómo? En los tribunales. La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) va a interponer una demanda para solicitar medidas cautelares para paralizar la construcción y un recurso contencioso administrativo para revocar la licencia de obra. Según el presidente de la asociación, Gabriel Moreno, las familias se sienten «abandonadas», aunque en cierta medida sí respaldadas. «La alcaldesa, Gema Igual, la consejera de Educación, Marina Lombó, los concejales de Fomento, César Díaz, y de Urbanismo, Javier Ceruti, la FECAV y la Junta de Personal Docente están de acuerdo con que no se debiera construir la gasolinera junto al centro educativo». Sin embargo, «lamentablemente ni la Dirección General de Salud Pública, ni la de Medio Ambiente ni el vicepresidente nos han recibido».

Una de las madres ha explicado que lo que más les indigna es que «nadie durante los dos años de la vida del expediente, ni del Ayuntamiento de Santander ni del Gobierno de Cantabria, haya comunicado ni al centro educativo ni a la AMPA que se iba a construir una gasolinera, especialmente durante el periodo de exposición pública para haber podido presentar las alegaciones oportunas».

Para otra madre es «evidente» que «todas las personas que han participado en la tramitación del expediente, e incluso que han elaborado informes, han mirado para otro lado y han obviado e ignorado la presencia del instituto», lo que considera «un desprecio a la salud y seguridad de nuestras hijas e hijos, así como al profesorado, y eso nos duele profundamente». «Es inconcebible que se haya elaborado un informe, contratando una empresa para ello, para evaluar que no hay daños al patrimonio arqueológico en la parcela en la que se va a construir la gasolinera y que nadie haya redactado un informe sobre la afección a la salud del ruido, de los gases, de los compuesto orgánicos volátiles, del tráfico,... en las personas, como si los menores de edad del instituto no importaran», ha apuntado otra madre.

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«Desde el principio nos han dejado claro que la única y triste salida es ir al juzgado, algo que ya estamos a punto de hacer», señala una cuarta madre. En este sentido, ha anunciado la intención de que su abogada interponga «una demanda para pedir medidas cautelares para parar la obra, que es nuestro principal objetivo, e interponer recurso contencioso administrativo para revocar la licencia de obra».

Asimismo, el AMPA piensa llevar a cabo más acciones «para generar masa crítica y aumentar la contestación social», de modo que los viernes se seguirán haciendo concentraciones en el centro a las 11.00 horas, con la participación del alumnado del instituto y de colegios cercanos; se celebrarán asambleas informativas los viernes a las 16.00 horas abiertas a las familias, profesorado y población en general; y otras actividades «que iremos anunciando, sin descartar ninguna vía, incluso la política», ha avanzado un padre.

«Somos conscientes de la dificultad del proceso judicial, pero estamos convencidas que estamos haciendo lo que debemos para defender la salud y seguridad de nuestra hijas e hijos, y en el caso que se acabe construyendo la gasolinera estaremos muy vigilantes para que se cumpla todas las obligaciones legales y toda la normativa correspondiente», han concluido.