Gesvicán tramita el desalojo de okupas en uno de los pisos sociales de Campuzano

En ambos casos hay menores involucrados. El resto de inquilinos han mostrado su preocupación por los problemas de convivencia que están soportando: ruidos, amenazas, enfrentamientos que han provocado la intervención de la Policía en varias ocasiones... El Ayuntamiento, alertado por los vecinos, informó a Gesvicán de la presencia de los okupas, que forzaron la puerta de entrada a la vivienda, y la empresa pública, propietaria del edificio, inició la tramitación del expediente de desalojo.

Así lo confirma Pedro Pérez Noriega, concejal de Seguridad Ciudadana: «Gesvicán puso las denuncias correspondientes y ahora está esperando que el juez determine lo que corresponda. En el caso de los okupas, la Policía Nacional hizo el informe tras identificarlos. Los vecinos intentaron denunciarlo, pero no pudieron hacerlo porque no son propietarios». Pérez Noriega señala que el Ayuntamiento «poco más» puede hacer en este caso, salvo enviar a la Policía Local cada vez que se produce alguna disputa o discusión en el bloque. Algunos afectados, que prefieren mantenerse en el anonimato, han confirmado a este periódico que la presencia de los agentes ha sido necesaria en varias ocasiones.

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El pabellón Vicente Trueba fue escenario el pasado mes de julio del sorteo de las primeras viviendas de protección oficial que construye el Gobierno de Cantabria en la última década y también las primeras en régimen de alquiler. Se trata de un bloque de 22 pisos que se ha levantado en el pueblo de Campuzano, que tiene como residentes a jóvenes de entre 18 y 35 años, empadronados en el municipio de Torrelavega.

La ejecución del proyecto fue posible gracias a la colaboración de tres administraciones (local, regional y local) y contó con un presupuesto de 1,5 millones. Las viviendas son de tres tipos (14 de dos dormitorios y 8 de tres, una de ellas adaptada) y la superficie se sitúa entre 53 y 87 metros cuadrados. Los contratos de alquiler, que se firmaron en las semanas siguientes, tendrán una duración máxima de siete años. El precio mínimo es de 240 euros al mes y el máximo de 395 euros, sin gastos de comunidad. El número de solicitudes admitidas fue de 91.

El sencillo acto del sorteo fue presidido por el alcalde, Javier López Estrada, y la directora general de Vivienda, Eugenia Gómez de Diego. El regidor dio las gracias a Gesvicán, la empresa pública que se encargó de construir las viviendas, y a Gómez de Diego por el «esfuerzo» para que el bloque de pisos protegidos sea «una realidad». Un proyecto que consideró «importante» por lo que suponía para las 22 familias afortunadas y también por la transformación urbanística que provocó la obra en el corazón del pueblo. López Estrada apostó por seguir colaborando con otras administraciones para sacar adelante este tipo de actuaciones. En términos similares se expresó la directora general de Vivienda, que también destacó la importancia de estos proyectos para «fijar población», en este caso en un municipio tan necesitado como Torrelavega.