«Borja no se murió porque tenía 19 años, por eso resiste, más su cuerpo que su cabeza»

La jornada de este jueves estuvo dedicada a las conclusiones de las partes (fiscal, acusación particular y defensa) y la última palabra del procesado, José Manuel Díaz. El fiscal que lleva este caso, Jesús Arteaga, considera que los hechos, ocurridos en la madrugada del 26 de agosto, en la Avenida de Los Infantes, constituyen un delito de lesiones por imprudencia menos grave y otro de omisión del deber de socorro, merecedores de una condena de 4.050 euros y la prohibición de conducir durante doce meses por el primero, y dos años de prisión por el segundo. «No puedo pedir más pena», justificó.

Durante su exposición, el representante del Ministerio Público quiso dejar claro al jurado que «no podemos condenar a alguien por el resultado del accidente», en referencia al estado en el que ha quedado el herido, «muerto en vida» según describió una forense. Además, explicó los tipos de imprudencia que recoge el Código Penal (grave, menos grave y leve) en este tipo de casos y justificó que considera que fue una imprudencia menos grave o «intermedia», porque estamos ante un accidente «evitable» con «culpa compartida». En este sentido, aseguró que el conductor «no frenó ni disminuyó la velocidad, que oscilaba entre los 60 a 90 kilómetros por hora (el límite era de 50 km/h), ni se adaptó a las condiciones de la vía (la calzada estaba mojada y era de noche). Lo hizo mal. Si hubiera actuado de otro modo habría evitado el accidente». Además, respecto al modo de proceder del acusado tras el accidente, Arteaga reprochó que «dejara desamparado al herido».

Respecto de los dos jóvenes implicados en el accidente, los peatones que caminaban por la calzada, de espaldas al vehículo, el fiscal asegura que «su acción no fue acorde al código de circulación». A lo que se suma que Borja, «de manera intuitiva», se echó a la izquierda del carril por el que transitaba, «lo que hizo que el atropello fuera más fácil». Sin embargo, el fiscal resaltó que esto no elimina la actuación imprudente del acusado. «Borja no se murió porque tenía 19 años, por eso está resistiendo, más su cuerpo que su cabeza», aseveró, al tiempo que se mostró contrariado por el hecho de que la acompañante del conductor (María) «no sabemos dónde está, quién es y por qué no es testigo».

Por su parte, la acusación particular, ejercida por los padres del herido, insistió este jueves en que los hechos son constitutivos de un delito de lesiones por imprudencia grave con resultado de lesiones y otro de omisión del deber de socorro agravado, por los que piden, respectivamente, tres y dos años de prisión, es decir, cinco en total. La víctima fue indemnizada con 2,8 millones de euros por la aseguradora del vehículo, por lo que el representante legal de la familia no reclama responsabilidad civil.

«La primera gravedad que cometió el acusado fue coger el coche sin saber si tenía puntos en el carné. La conducción fue temeraria y eso lo excluye de la imprudencia menos grave. Y la velocidad era totalmente desproporcionada, según señala la Policía en su atestado. Si hubiese aminorado la marcha, igual Borja no estaba muerto en vida», apuntó el abogado de la acusación particular, Alberto Martín, que hizo mención a las sanciones administrativas, dos por alcoholemia, que le impusieron al acusado poco antes del accidente, y que se refirió al contenido de un auto de la Audiencia Provincial sobre este caso, que califica los hechos de «imprudencia grave».

De su lado, el abogado de la defensa, Miguel Trueba, considera que su patrocinado, que estuvo en prisión provisional casi un mes después del accidente, no ha cometido delito alguno y volvió a pedir su absolución, entendiendo que en caso de condena habría que tener en cuenta dilaciones en este procedimiento.

La sesión concluyó con la última palabra del acusado. «Lamento mucho la situación de este chico y el sufrimiento de la familia. Desde aquel día, mi vida no es igual», aseveró José Manuel Díaz.