Cinco transportistas detenidos desde el comienzo de las movilizaciones en Cantabria

A pesar de que, en su arranque, la huelga fue secundada por Asemtrasán -Asociación de Empresarios de Transportes Discrecionales de Mercancías por Carretera de Santander y Cantabria-, asociación minoritaria en la región, sus efectos enseguida empezaron a sentirse con nitidez, con una clara amenaza de desabastecimiento en el sector de la alimentación.

La activa labor de los piquetes, que pudieron actuar sin excesivas dificultades durante las primeras jornadas, contribuyó a que, en la práctica, el paro afectase a un mayor porcentaje de la flota del transporte. Hay que tener en cuenta, además, la reducción del tránsito de camiones ya en origen, con conductores que, ante la amenaza de ver atacados sus vehículos, optaban por no recoger la carga.

100convoyes de camiones y furgonetas han sido escoltados por las fuerzas del orden

60.000es el importe de las multas a las que se enfrentan los piquetes más violentos

Durante esas jornadas iniciales, las acciones más llamativas de los piquetes se produjeron ante el centro logístico de Lupa en Orejo, donde entorpecieron la llegada de camiones, y en el área de Hoznayo, que convirtieron en base de operaciones, hostigando a los transportistas en carretera con otros vehículos y arrojándoles rodamientos y piedras, como denunciaron algunos. También se dedicaron a pinchar las ruedas de los vehículos estacionados, y a amedrentar a otros profesionales tomando sus matrículas, algo que fácilmente podría interpretarse como una amenaza.

La Delegación del Gobierno reaccionó ofreciendo servicios de escolta a las empresas y organizando convoyes para garantizar el transporte de mercancías. Así, aseguró la llegada de productos a las grandes distribuidoras de alimentación, como Carrefour, Lupa y Mercadona, y acudió al llamado de otras firmas ofreciendo protección a demanda, dando respuesta a todas las solicitudes, sin haber tenido que discriminar al contar con personal suficiente. Hay que tener en cuenta que hay empresas que ven amenazada su actividad por carecer de materias primas, mientras que en otras el problema es el contrario, no poder dar salida a su producción.

Ante el agravamiento de la situación por la multiplicación de ataques y un desabastecimiento generalizado, que está condicionando la actividad de la industria y el comercio cántabros, incluyendo a sus principales empresas, la Delegación del Gobierno elevó el tono el pasado viernes, anunciando medidas contundentes contra los piquetes, que el Ministerio de Interior transformó en «activistas»: quienes provoquen daños materiales y pongan en riesgo la vida de los camioneros, se enfrentarán a sanciones de hasta 60.000 euros.

Esas multas se impondrán por la vía administrativa, por acciones como pinchazos de neumáticos o roturas de lonas y cristales a los vehículos, registrados sobre todo en los polígonos industriales de Penagos, Orejo y Reocín, pero también en algunos casos por la penal, por el lanzamiento de piedras a camiones desde pasos elevados de la Autovía del Cantábrico A-8, en las localidades de Anero y Hoznayo y en los últimos días a su paso por Sámano, en Castro Urdiales.