El escándalo, página a página

«Renfe diseña para Cantabria trenes que no caben por los túneles y retrasa tres años su construcción». El titular que llevó a portada El Diario Montañés el 2 de febrero de 2023 no solo provocó una oleada de indignación entre los usuarios del ya deficiente servicio de Cercanías de la comunidad autónoma y una repercusión nacional e internacional por lo inverosímil de la situación, sino también un conflicto institucional entre los territorios afectados -las 31 máquinas se iban a repartir entre Cantabria y Asturias- y el Estado y consecuencias políticas de primer orden en el Ministerio de Transportes. El episodio se saldó primero con la dimisión de dos responsables intermedios de Adif y Renfe y, posteriormente, con el cese de la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, y del presidente de Renfe, Isaías Táboas. De esta forma, el fiasco ferroviario del norte de España provocó las dimisiones por asunción de responsabilidades políticas de mayor rango del año en el seno del Gobierno de España. Este es un breve resumen de lo que ocurrió aquellos días, página a página.

A punto de cumplir el plazo de tres años para la llegada de los 21 nuevos trenes a Cantabria para reforzar el servicio de Cercanías, Renfe confirma que los convoyes ni siquiera han empezado a construirse. ¿El motivo? Las medidas aportadas por los operadores ferroviarios públicos a la empresa CAF, adjudicataria del contrato, no son las correctas. En resumen, que los trenes, tal y como estaban proyectados, no entraban por los túneles de la red ferroviaria autonómica.

El Ministerio de Transportes confirma el error, que tendrá como principal consecuencia que los nuevos trenes que esperan los usuarios del deficiente servicio de Cercanías de Cantabria no llegarán, al menos, hasta 2026, tres años más tarde de lo previsto. Ni Renfe ni Adif se atreven a dar una fecha exacta y comienzan a echarse mutuamente las culpas sobre la responsabilidad.

A medida que la noticia va cogiendo relevancia a nivel nacional e internacional y las redes sociales se llenan de chascarrillos sobre el escándalo ferroviario de Cantabria y Asturias, los gobiernos autonómicos comienzan a alzar la voz. El entonces presidente regional, Miguel Ángel Revilla, juzga el caso de «chapuza incalificable» y reclama que «empiecen a rodar cabezas». Desde la política cántabra, la oposición no solo culpa al Ministerio, también al bipartito PRC-PSOE por no hacer un seguimiento del contrato de los nuevos trenes. Todo indica ya que el origen del problema está en Renfe, que aportó mal la información de las dimensiones de los trenes y por eso no caben en los túneles.

El Gobierno de Cantabria intentó ponerse en contacto con la ministra de Transportes para pedir explicaciones pero fue imposible por su viaje a Marruecos. Finalmente, el Ejecutivo recibió las disculpas de la titular del departamento, Raquel Sánchez. «Es una desgracia y claro que van a rodar cabezas», afirma la socialista, que adelanta que al día siguiente visitará la región para dar más explicaciones. Mientras tanto, su director general de Infraestructuras, Xavier Flores, detalla cuál es la solución encontrada para diseñar los nuevos trenes e insiste en que no se perderá el dinero (258 millones de euros) porque la fabricación de las nuevas máquinas aún no había empezado.

Desde Castro Urdiales, la ministra Sánchez confirma que se producirán ceses en Adif y Renfe «en las próximas horas». También informa de que se constituirá un grupo de trabajo con la presencia de los representantes de Cantabria y Asturias para hacer un seguimiento del avance del proceso de fabricación.

El Diario Montañés informa de las dos primeras dimisiones. Se trata de dos puestos técnicos de nivel intermedio en las dos empresas públicas involucradas, que siguen intercambiándose reproches. Renfe cesa al titular de Gestión de Material y Adif hace lo propio con el jefe de Inspección y Tecnología. Por su parte, el PP interpelará a Raquel Sánchez en el Congreso y el PRC, además, pide que comparezcan los jefes de Adif y Renfe en el Senado.

Primera reunión -y única hasta el momento- del grupo de trabajo constituido para hacer seguimiento del contrato de los trenes. Se celebra en Santander con la presencia de representantes del Ministerio, Asturias y Cantabria. El Gobierno central reconoce que las nuevas máquinas no empezarán a llegar hasta 2026 y que Renfe no cuenta con máquinas disponibles para mejorar el servicio mientras llega el pedido definitivo. No solo eso, el Estado también asume que fue un error no informar antes a las autonomías de los problemas en el contrato y lo justifica afirmando que esperó a tener lista la solución técnica.

«Quiero cabezas de peces gordos», afirma Revilla, que no se conforma con los dos ceses de cargos intermedios anunciados hasta ese momento. El Ministerio aprovecha la polémica para recordar que tiene en marcha inversiones millonarias para poner soluciones a los muchos problemas que arrastra la red de Cercanías de Cantabria y que afectan diariamente al servicio. Transportes recuerda que durante toda la etapa del anterior Gobierno no se invirtió dinero en el servicio y tampoco se encargaron nuevas máquinas.

Una semana antes de la cumbre a tres bandas en la sede del Ministerio en Madrid, los usuarios del servicio de Cercanías en Cantabria adelantan algunas de las medidas compensatorias que llevará el Gobierno regional a su encuentro con la ministra. Piden «una compensación» y una lista de demandas antes de la reunión de la Mesa del Ferrocarril, el foro creado en la comunidad autónoma para tratar los problemas del servicio.

Cantabria y Asturias aceptan las disculpas públicas del Ministerio de Transportes, que llegan con medidas compensatorias. De esta forma, con la firma del 'Acuerdo de La Castellana', se pone fin al conflicto institucional entre las comunidades autónomas afectadas y el Gobierno central con una serie de compromisos a corto, medio y largo plazo.

¿En qué consiste el acuerdo? Lo más relevante es que el Ministerio acepta extender la gratuidad en los trenes de Cercanías de Cantabria y Asturias hasta que lleguen los nuevos trenes. No acaba ahí. Las partes firman un protocolo que también incluye un segundo contrato de máquinas para renovar el resto de la flota y plazos concretos en la ejecución de obras. Se creará un comisionado que garantizará el seguimiento del acuerdo y también se actualizan al alza las inversiones comprometidas para mejorar la red ferroviaria de ambos territorios. «Desde el primer día he dado la cara. Desde que supe del tema me he dejado la piel para solucionar esta situación. No hubo mala fe, no se ha malgastado ni un euro de dinero público y no se ha fabricado ningún tren», apunta la ministra Sánchez. Revilla y Barbón dan por cerrado el asunto.

La otra derivada del viaje de Revilla y Barbón fue la asunción de responsabilidades políticas por el escándalo. Ambos presidentes autonómicos habían exigido más dimisiones «al máximo nivel» y las lograron. Raquel Sánchez cesa a la secretaria de Estado de Transportes y mano derecha de la ministra, Isabel Pardo de Vera, y al presidente de Renfe, Isaías Táboas, en una decisión salomónica. La titular de Transportes reconoce que se enteró por la información de El Diario y tras ello pidió perdón.

Aunque hay avances en diversas áreas, algunos de los puntos que aparecían en el 'Acuerdo de La Castellana' siguen sin materializarse. Transportes confirma que el nuevo contrato de los trenes le costará 191 millones de euros: el incremento del gasto se debe a la gratuidad de los viajes, la inflación que hay que añadir al contrato ya firmado y la construcción de siete nuevas máquinas adicionales comprometidas con Asturias. Mientras tanto, el PP pregunta sobre el asunto en el Congreso y la ministra se defiende cargando contra De la Serna: «¿Por qué no encargó ni un tren para Cantabria?».

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