El Consorcio estima que deberá pagar 12 millones de euros en indemnizaciones

Ellos cubren lo que estaba previamente asegurado. O sea, los daños de los que tenían una póliza. Y, ante situaciones de este tipo, hacen una predicción de urgencia sobre el terreno en las primeras 72 horas. Su cálculo fue el de esas dos mil posibles reclamaciones, que se traducirían en unos doce millones de euros. Son las primeras cifras de la siguiente etapa. La que va después de las imágenes dantescas y las tareas de vuelta a la normalidad –aún en marcha y amenazadas por un mal tiempo persistente–. La del papeleo y las reclamaciones. En eso andan en el Gobierno y, especialmente, en la Delegación de Gobierno. Desde allí se tramitarán las peticiones para acogerse al Real Decreto de medidas «urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas». De entrada, el delegado del Gobierno tiene previsto reunir a los ayuntamientos este viernes. «Estamos asumiendo muchos gastos y esperamos que haya partidas», avisan desde la Federación de Municipios.

«Con carácter de urgencia, un equipo de peritos –dos, tres– estuvo recorriendo las zonas afectadas. Hacen una estimación de las localidades en las que se registrarán más incidencias, de qué bienes serán los más afectados y de si se trata de ámbitos rurales, urbanos, polígonos...», explica Alejandro Izuzquiza, director de operaciones del Consorcio. Es el primer paso de su labor. Contar con una «foto» para organizarse en las primeras 72 horas. Hacer estimaciones. En base a ellas diseñan el equipo de peritos que irá ya comprobando las primeras reclamaciones. En este caso, son 25 y, desde ayer, ya cuentan con el aviso y han empezado a trabajar sobre el terreno. Son los que están valorando los 690 expedientes que se han abierto hasta el momento en Cantabria. La mayoría –514– tiene que ver con daños registrados en viviendas, pero también hay relativos a automóviles (95), comercios y oficinas (71) y también relativos a industrias (10). «A la vista de cómo evolucionen los siniestros, ese grupo de peritos podría ampliarse a los cuarenta».

Pero, ¿qué cubre exactamente el Consorcio y cómo se reclama? Esto siempre suele generar confusión. La entidad se apresuró el mismo sábado a publicar un anuncio en prensa. Ahí ya explicaban que se indemnizan «los daños producidos a las personas o en los bienes» sobre las bases de unos requisitos. El primero, el básico, es «estar previamente asegurado». Viviendas, automóviles, daños por «pérdida de habitabilidad y desalojo forzoso» o «por pérdida de beneficios» de un negocio. Pero siempre que estos conceptos estén asegurados. Y ahí es donde se calculan esos doce millones de euros (que, obviamente, no es la cifra del cómputo total de daños provocados por las inundaciones). La comunicación de los desperfectos puede hacerse directamente por el asegurado afectado, a través de su entidad aseguradora o del agente o corredor de seguros que tenga el usuario y se formaliza a través del teléfono o de la web. Es lo que han hecho en 1.175 casos entre Asturias, Burgos y Cantabria (con sus 690 expedientes).

La siguiente pregunta es cuánto tardan en pagar. Con la previsión inicial y ya organizado el equipo de peritos, Ezuzquiza asegura que siempre tratan de realizar las «primeras transferencias en un plazo de diez días». Reconoce que se trata de los pagos pequeños, de los casos 'fáciles'. «Tímidos pagos» para que la gente sepa «que la maquinaria va cumpliendo ciclos». «A partir de ahí –afirma– se va incrementando el ritmo semanal hasta que en aproximadamente cuatro meses se ha abonado el 95% de los siniestros». Lo que queda tras ese periodo, ese 5%, responde a casos en los que faltaba documentación, no todo estaba acreditado o se presentó más tarde.

El Consorcio se ocupa de una parte del trabajo, pero hay más. Desde la Consejería de Presidencia actualizaban ayer su primer balance de daños. En total, durante el episodio de inundaciones y argayos se han desalojado a 125 personas. El lunes continuaban además en la lista de «expedientes abiertos» los cortes en once carreteras autonómicas y en una nacional (la N-611). A eso se sumaban «tres achiques por inundaciones en Los Corrales y Torrelavega». Además, en la Consejería tenían ya confirmado el mapa de municipios más afectados. Quince en total. Con los argayos de Ruente, Cabuérniga y Los Tojos o con los lugares desde los que más partes han llegado al Consorcio. Torrelavega (155), Los Corrales de Buelna (118), Reocín (55) o Cabezón de la Sal (43) encabezaban la lista. Arenas de Iguña, Molledo, Mazcuerras, Val de San Vicente, Reinosa, Ampuero, Camaleño y Polaciones la completan.

Desde el Gobierno aclaraban, además, un concepto que es clave para el tema de las ayudas que pueden llegar desde Madrid. Lo de la petición de 'zona catastrófica', que se ha repetido durante estos días. Eso es un latiguillo que ha quedado instalado en el discurso popular, pero la figura jurídica ya no existe como tal. La clave es ser incluido como «zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil» para acogerse a lo que se dicta en el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo. Ahí es donde se fijan ayudas y lo sucedido en Cantabria y Asturias ya se incluyó bajo el amparo de esta norma en el Consejo de Ministros del pasado viernes. «Por eso, lo que pedíamos como declaración de zona catastrófica la pasada semana ya está conseguido», apuntaban a este periódico fuentes del Ejecutivo.

Y ahí es donde juega un papel clave la Delegación de Gobierno de cara a gestionar las ayudas que se fijen. Desde allí se remitió una primera comunicación a los ayuntamientos. Fue el viernes pasado (día 25). «Toca ahora coordinarnos en la solicitud de ayudas que podamos tramitar como consecuencia de los daños originados a bienes materiales de diversa titularidad por este temporal», se indicaba en el arranque del texto firmado por Pablo Zuloaga, el delegado del Gobierno. Preguntados por este periódico, en Delegación explicaban que lo que están haciendo en estas horas es instar a los ayuntamientos a que den los pasos necesarios para reclamar ayudas. De entrada, hacer acopio de facturas de los gastos surgidos estos días e inventarios de bienes dañados, que deberán trasladar después a la propia Delegación. Es decir, que no se dejen nada «porque ahora viene la parte del papel».

En este sentido, el plan pasa por convocar una reunión este viernes para responder a todas las dudas que puedan presentarse e ir dando pasos. Entre otras cosas, porque el plazo para solicitar ayudas es de un mes (aunque existe una duda técnica, ya que en la decisión del último Consejo de Ministros recogida el sábado en el Boletín Oficial se hablaba de dos meses).

Hay nervios y, sobre todo, muchas dudas. Por eso es importante la reunión del viernes. «Estamos a la expectativa, esperando a ver qué nos dicen en esa reunión y que nos expliquen si los fondos vienen o no vienen», comentaba ayer Pablo Diestro, presidente de la Federación de Municipios de Cantabria y, además, alcalde de Reocín, uno de los lugares más afectados. Él lanzaba una pregunta clave en estos casos. «Nos tienen que decir qué pasa con lo que no estaba asegurado. Porque estamos asumiendo unos gastos y esperamos que haya partidas para sufragarlos». O sea, quién se hace cargo de lo que no cubre el Consorcio de Compensación de Seguros.

En teoría, tanto particulares como instituciones pueden solicitar estas ayudas, asegurados o no. Pero habrá que estudiar cada caso. «Con carácter general, las ayudas que regulan estas situaciones de emergencia, tanto para particulares como para las entidades locales son las previstas en el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo», les indicaban en la misiva de Delegación. «Las ayudas a Corporaciones Locales, para la emergencia que nos ocupa, están reguladas en el artículo 21.b 'Por los gastos realizados derivados de actuaciones inaplazables en situación de emergencia, llevados a cabo en el mismo momento de producirse ésta o en los inmediatamente posteriores a la finalización de los hechos causantes, siempre que su objeto sea el funcionamiento de los servicios públicos esenciales e imprescindibles para garantizar la vida y seguridad de las personas'». Gastos generados por actuaciones, pero no, en principio, «reposición de infraestructuras».

Dudas que tendrán que resolver. Ayuntamientos y los propios particulares, que pueden consultar las condiciones, las cuantías y los formularios en la página web de Protección Civil. «Lo mejor –comentaba ayer un experto– es reclamar todo».