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El juicio que se celebra desde el pasado lunes en la Sección Primera de la Audiencia Provincial frente Rafael Larios, acusado de asesinar a su madre de 79 años, Pilar Moreu ... , en el domicilio en el que ambos convivían en el número 6 de la calle Calvo Sotelo (Santander) ha quedado este jueves visto para el veredicto del jurado, que se reunirá mañana, viernes, para deliberar. Acusaciones y defensa han elevado a definitivas sus conclusiones. Es decir, han mantenido la calificación de los hechos que realizaron antes de que comenzara la vista oral. De esta forma, la fiscal Carolina Santos sigue acusando a Rafael de un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento, con la concurrencia de la circunstancia agravante de parentesco, por el que reclama un pena de 23 años de prisión, prohibición de comunicar y acercarse a su hermano, que vivía en el domicilio familiar, durante un periodo de 25 años, e indemnización 170.000 euros para sus dos hermanos. A todo esto ha añadido una medida de protección respecto a la hermana del acusado, tal y como reclamó esta última durante su declaración en el juicio.
En la misma línea, la acusación particular que ejerce el hermano del acusado mantiene su petición de condena a 25 años de prisión y pide que se le prohíba residir en la vivienda donde vive su representado durante 27 años, mientras que la defensa solicita la libre absolución.
Tras la tres sesiones del juicio en las que han comparecido tanto el acusado como los testigos y los forenses y psiquiátricas que han intervenido en la causa, la fiscal Carolina Santos ha llegado a la misma conclusión que ya tenía: «El acusado tenía sus facultades plenas e intactas cuando mató a su madre». Y para ello se apoya en los informes de las psiquiatras-forenses del Instituto de Medicina Legal de Santander, que concluyen que cometió el crimen «de forma intencionada y consciente». «El ánimo de matar nunca se ha negado. Empleó una violencia extrema, de gran intensidad. El acusado es una bomba para él y para los demás».
La representante del Ministerio Público ha hecho mención a un informe que considera «esclarecedor» en este caso, y que se realizó durante las horas posteriores a los hechos, cuando una forense acude al lugar del crimen y para descartar un brote psicótico en el acusado decide que lo examinen en Urgencias de Valdecilla. «Los psiquiatras que lo valoran certifican que el acusado estaba tomando la medicación que tenía pautada para el trastorno de bipolaridad, como él reconoce y confirman los análisis de orina, y que les manifiesta que tuvo un impulso porque su madre le hizo un gesto que interpretó como un juicio negativo hacia él y entonces la agredió». Además, estos profesionales encontraron a Rafael «consciente y orientado en las tres esferas: espacio, tiempo y persona; tranquilo, abordable, con discurso coherente y estructurado, con tendencia a la justificación de sus tendencias. Asimismo, no presentaba «alteraciones en su percepción, ni contenidos del pensamiento delirante», el juicio de realidad estaba «conservado» y «no presentaba una psicopatología aguda», por lo que no requirió su ingreso hospitalario.
Por ello, la fiscal cree que las enfermedades que padece el acusado (trastorno bipolar y trastorno mixto de la personalidad) «no han afectado a la comisión de los hechos». «La motivación del crimen es el odio y el rencor hacia su familia». Además, ha hecho referencia a que Rafael tiene rasgos de personalidad psicopática, de psicópata, «que son personas frías, poco empáticas y sin remordimientos». «Nunca vamos a entender por qué odiaba así a su familia, pero es lo que hay y jamás se va a arrepentir ni va a tener remordimientos porque tiene ese trastorno de personalidad que se lo impide».
Respecto al informe elaborado por el jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Valdecilla, Jesús Artal, que concluye que el acusado «tenía alterado el pensamiento y el control de sus emociones durante los hechos», la representante de la Fiscalía considera que al ser contratado por la defensa su «imparcialidad está más limitada y cuestionada», frente a las psiquiatras forenses que son «objetivas e imparciales». «Le faltan datos, hizo el informe a última hora, de forma precipitada».
Por su parte, el abogado de la acusación particular, Alejandro Movellán, que representa al hermano del acusado, coincide en que Rafael estaba «perfectamente consciente y orientado» en el momento de los hechos. «Sabía lo que hacía, quería hacerlo y lo hizo». «Rafael es un psicópata», ha aseverado el letrado, al tiempo que ha afirmado que «todas las lesiones iban destinadas a generar más dolor a la víctima, que sufriera». «Menos mal que en ese momento no se encontraba en la casa su hermano, porque el crimen podía haber sido mayor».
En contra de todas estas apreciaciones, el abogado defensor ha aprovechado su alegato final para cargar contra los medios de comunicación, a los que acusa de parciales, y ha puesto en duda la objetividad de las psiquiatras forenses del Instituto de Medicinal Legal de Santander, a pesar de que han hecho un seguimiento del acusado desde el momento del crimen, con hasta cuatro valoraciones. «Rafael no es imputable desde el punto de vista penal, es un enfermo, la reacción que tuvo es producto de su patología».
El acusado ha aprovechado su derecho a la última palabra para señalar que es un «buen hombre, no agresivo», que tiene sus «problemas psiquiátricos» y «sangre fría», pero «solo en situaciones adversas (fue escolta de amenazados por ETA)». «Tengo corazón».
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