La Fiscalía archiva la denuncia de Cs por la llamada de Quiñones a Revilla

En el decreto de archivo, al que ha tenido acceso El Diario Montañés, la fiscal superior señala que la llamada «no repercutió en el resultado de la operación» porque la delegada del Gobierno la realizó a las 7.43 horas desde su teléfono oficial y, aunque se hubiera producido a las 7.20, como se afirmó inicialmente, «al parecer por error», habría tenido lugar después de que estuviese totalmente desplegado el dispositivo policial (se puso en marcha a las 06.15). «De hecho, en el desarrollo de los registros que se llevaron a cabo no se ha detectado ninguna incidencia ni se ha producido la más mínima afectación o menos cabo a la causa pública o a tercero».

Otra de las razones que esgrime la fiscal superior para archivar la denuncia tiene que ver con el «ánimo» de la llamada. «La hora y el contenido de la llamada avalan que la señora Quiñones no tuvo intención de menoscabar el buen funcionamiento de la Administración de Justicia, ya que estaba informando tan solo del acordonamiento de la Consejería de Obras Públicas, cuando ya se había efectuado».

Para llegar a estas conclusiones, la fiscal tomó declaración a Revilla como testigo y a Quiñones como investigada y requirió a la Dirección General de la Policía para que informase acerca del dispositivo que se había organizado para las entradas y registros acordados por el Juzgado de Instrucción Número 5 de Santander, que había sido declaradas secretas, así como las horas concretas en las que se había producido la intervención en cada uno de los lugares registrados.

De las declaraciones del presidente y la delegada, la fiscal concluye que la llamada efectuada por la primera al segundo se produjo a las 07.43 horas, como se ha acreditado por el listado de llamadas, "y en ella se informó del dispositivo que se había desplegado en la Consejería, una vez acordonado el edificio".

Por su parte, el detallado informe de la Policía, indica que la hora de activación del dispositivo fue las 06.15 horas. "Para esa hora ya estaban previamente establecidos diez equipos mixtos de trabajo, que debían proceder a las entradas y registros de cinco domicilios particulares, de tres sedes sociales y de un despacho profesional de un edificio público dependiente de la Administración autonómica. Asimismo había dos dispositivos en Madrid para proceder a la detención de dos personas (las hijas del funcionario encarcelado)". A las 07.10 horas, se personó el vigilante de seguridad privada de la Consejería de Obras Públicas, al que se informó de que se iba a proceder a entrar en el edificio con la preceptiva autorización judicial.

Tras su exhibición, se accedió a la quinta planta donde están ubicados los dos despachos que estaba previsto registrar y se procedió a custodiarlos, impidiendo el acceso a cualquier persona, hasta que se personó la letrada de Administración de Justicia junto con el funcionario detenido, iniciándose el registro a las 13.40 horas, que finalizó a las 15.50. "Por tanto, a partir de las 07.15 horas el dispositivo que operó en la Consejería de Obras Públicas ya estaba custodiando los dos despechos afectados y nadie podía acceder a su interior".