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Durante la última semana, El Diario Montañés ha ido desgranando una por una las conclusiones del informe final del 'caso Obras Públicas' que la UDEF y Vigilancia Aduanera entregaron hace un mes a la jueza y que servirá como soporte para que las acusaciones ( ... Fiscalía, Gobierno de Cantabria y Asociación de Constructores) y las defensas de los investigados planteen su estrategia procesal (están citados para declarar a mediados de septiembre).
Además de desarrollar y ofrecer al detalle los supuestos hechos delictivos que atribuyen a los diez investigados, los investigadores también dedican un capítulo importante «al blanqueo de capitales o transformación de fondos ilícitos» por parte del funcionario Miguel Ángel Diez y su familia. La conclusión principal a la que llegan en este apartado es que entre los años 2019 y 2023 los ingresos percibidos por Parivara Lagani (la empresa «ficticia» de fotocopias), Cecilia Diez del Río (hija del funcionario) y Beatriz del Río (la mujer de Diez) procedentes de las empresas adjudicatarias de obra pública para blanquear el dinero procedente de «comisiones ilícitas», ascienden a un total de 867.889 euros.
Eso partiendo de la base de que, siguiendo un «criterio de prudencia», no se han tenido en cuenta a efectos de la contabilización del delito de blanqueo de capitales, el dinero en efectivo hallado en los registros del domicilio familiar (529.400 euros) ni la donación que realiza Beatriz del Río en el año 2019 a su cónyuge (775.000 euros) y a sus dos hijas (500.000 euros a cada una).
Además, por tratarse de años anteriores al periodo investigado, la UDEF y Vigilancia Aduanera tampoco han tenido en cuenta el dinero procedente de la regularización fiscal realizada en el año 2012 ni las imputaciones de Rucecan a Beatriz del Río por percepciones del trabajo por importe de 69.791 euros.
El beneficio que el funcionario obtiene en el marco de esta trama procede del «cobro de comisiones ilegales», por lo que la posible comisión del delito de blanqueo quedaría sustanciada a través de la transformación del dinero, simulando un origen distinto al real, y mediante la disposición de estos fondos. Si bien Diez no aparece formalmente como gestor de Parivara Lagani, «ha quedado fehacientemente acreditado que es quien ejerce el auténtico control y dirección de la mercantil, pudiendo disponer de los fondos generados desvinculándolos de su actividad pública de funcionario». Además, parte del patrimonio generado por la familia Diez del Río durante el período investigado «sufre variaciones y cambios de titularidad entre los propios miembros de la familia».
En este caso, se pone de manifiesto con bastante claridad las diferentes fases típicas del blanqueo de capitales: fase de integración, fase de diversificación y fase de reintegro. En la fase de integración/colocación el dinero es ingresado en cuentas situadas en el entorno más próximo del autor del presunto delito previo, esto es, en cuentas tituladas por la empresa que él mismo controla: Parivara, y en cuentas tituladas por Beatriz del Río y su hija Cecilia.
Para disimular la procedencia del dinero que va haciendo aumentar rápidamente el patrimonio familiar y darle una apariencia de legalidad, Diez «utiliza» primero a su hija Cecilia, de alta en el régimen de autónomos, declarando realizar las actividades de «servicio de fotocopias, reproducción de planos, encuadernaciones, preparación de todo tipo de documentos, delineación, ingeniería, marketing y publicidad». Asimismo, «utiliza» a su mujer, que percibe nómina y consta como asalariada de la empresa La Encina, si bien no realiza actividad laboral alguna, según las pesquisas del caso.
Por último, el funcionario se «sirve» de Parivara para «blanquear» los fondos procedentes de la «actividad delictiva», que sustituye a Beatriz y Cecilia en la actividad ficticia de copistería, añadiendo también una «actividad ficticia de intermediación inmobiliaria». Todo ello para dar «apariencia de legalidad» a unos ingresos procedentes de empresas adjudicatarias de obras públicas, intentando desvincular el origen de esos fondos de su propia persona y de su familia.
Una vez integrado el «dinero ilícito en el circuito económico», lo cual se hace bajo la titularidad principal de Beatriz del Río, Cecilia y Parivara para alejarlo y desvincularlo de Diez, éste es invertido en diversos activos financieros, tal y como consta en el análisis de la evolución del patrimonio del grupo familiar (informe 14 de junio de 2022).
Además de la inversión en activos financieros, según la información que obra en bases de datos de la Agencia Tributaria, a cada miembro de la familia «le figura una cuenta bancaria abierta en 2020 en Luxemburgo», lo que evidencia una vez más el propósito del grupo de «dificultar la trazabilidad del dinero y el origen del mismo, más tratándose de un país con menores controles fiscales». «Con todo ello se pretende el afloramiento de los capitales ya limpios, culminando con la fase de reintegración de los capitales ya blanqueados», concluyen los investigadores.
Además de hacer mención a los supuestos hechos delictivos de los diez investigados, el informe final del 'caso Obras Públicas' también señala a seis empresas (personas jurídicas) como las beneficiarias por la trama que «orquestó» el exjefe de Carreteras. Se trata de Rucecan, Cannor, La Encina, Api Movilidad, Imesapi y Senor.
Todas ellas se «beneficiaban» de la capacidad de influencia en los expedientes de contratación pública ostentada por el funcionario, el cuál, a través de actos concretos y previo concierto con los representantes de las empresas, «favorecía la obtención fraudulenta de licitaciones públicas, en perjuicio de otros potenciales licitadores y de la propia administración pública».
En el caso de Rucecan, indiciariamente y teniendo en cuenta la acreditada existencia de pagos de diversa naturaleza recibidos a lo largo de los años, se puede inferir que Diez «favoreció de manera ilegítima» a esta empresa para que obtuviera varias licitaciones, «si bien no es posible determinar con precisión cuáles». Se estima que Rucecan abonó a la familia del funcionario 216.221 euros, mientras que en el caso de Cannor y La Encina la cantidad ascendió a 191.739 euros.
Los representantes de estas seis empresas también tendrán que comparecer en calidad de investigados a mediados de septiembre, que es cuando la magistrada del Juzgado Instrucción Nº5 de Santander, Mercedes Compostizo, ha señalado las declaraciones una vez que ya ha concluido el grueso de la investigación.
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