El Gobierno inicia el proceso para licitar de nuevo los once contratos investigados en el 'caso Obras Públicas'

Un total de once proyectos, que sumaban una inversión total de 32.560.484 euros, son los que se tendrán que volverse a sacar a concurso. Aunque hay que precisar que de los once, dos estaban sin licitar, uno se declaró nulo y se tenía que iniciar el procedimiento, en otro se proponía la adjudicación a Senor (que no está investigada) y en el caso de los otros siete, en tres se proponía la adjudicación a una de las empresas investigadas y en otros cuatro eran aspirantes a llevarse la obra. Es decir, cuando estalló este caso el 22 de febrero no se había adjudicado ninguna de las once obras.

Lo que está haciendo estos días la Consejería de Fomento es acordar el desistimiento del procedimiento de contratación de los once expedientes y anular la aprobación del gasto acordada por el anterior Gobierno autonómico. De momento, el trámite de cinco de los once expedientes ya está publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

En las cinco resoluciones, consultadas por El Diario Montañés, el departamento que dirige Roberto Media recoge unos antecedentes administrativos de cada expediente desde que se inició hasta ahora, cuando se ha acordado el desistimiento del procedimiento administrativo.

A continuación, se exponen los fundamentos de derecho para echar atrás la tramitación. «La posible comisión de delitos de prevaricación, cohecho, de fraude en la contratación pública, de falsedad documental y de blanqueo de capitales, que se señalan en el auto de prisión provisional del Juzgado de Instrucción nº5 de Santander, de 24 de febrero de 2023, en relación con varios expedientes de contratación, determinaría que existiese una causa de nulidad de derecho administrativo de los actos preparatorios del contrato».

En segundo lugar, Fomento apunta que estas resoluciones tiene su fundamento en la aplicación del principio de integridad regulado en el artículo 1 de la Ley 9/2017, que se concreta en la «obligación de que los órganos de contratación tomen las medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción, y prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que puedan surgir en los procedimientos de licitación, con el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores (artículo 64)».

Finalmente, el Ejecutivo cántabro afirma que «la posible comisión de delitos en la fase preparatoria de los contratos por los que se sigue causa penal es una conducta susceptible de ser una infracción no subsanable de las normas de preparación de los citado contratos».

Estas resoluciones ponen fin a la vía administrativa, pero contra ellas cabe interponer recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que las dictó. Asimismo, se podrá interponer, directamente, recurso contencioso ante el TSJC, en el plazo de dos meses.

En cualquier caso, este trámite «busca transparencia, control y celeridad», según señaló recientemente el consejero Roberto Media, por lo que en parte de esos once contratos, los relativos a la conservación y el mantenimiento de carreteras autonómicas, se van a adoptar todas las medidas necesarias para «garantizar el buen funcionamiento de nuestras vías y que sigan teniendo unos niveles de excelencia».

«Tenemos que resolver lo más inmediato, ya que estamos hablando de un servicio básico y esencial y nuestra obligación es garantizar la seguridad de los usuarios», señaló Media, quien insistió en que «esta es la fórmula más rápida y eficiente para asegurar el mantenimiento de las vías y que estén en buen estado durante los próximos meses». Eso sí, se desconoce cuándo se licitarán las once actuaciones.

Los once contratos que se volverá a sacar a concurso son la conservación del puente sobre la ría de Cubas (3.387.056 euros); reparaciones puntuales de la capa de rodadura (3.806.676 euros); senda peatonal de la CA-171 Reinosa-Corconte (865.834 euros); camino peatonal entre Matamorosa y Villaescusa (499.957 euros); ejecución de senda ciclable en la CA-131 Barreda-La Revilla (3.470.682 euros); nueva instalación, reposición y mantenimiento de las mallas de triple torsión (3.650.417 euros); limpieza y eliminación de sedimentos y otros materiales (1.686.922 euros); conservación y mantenimiento de los elementos funcionales urbanos e interurbanos (4.863.970 euros); mantenimiento, conservación y limpieza de cunetas y cauces (6.150.786 euros); proyecto de conservación, mantenimiento y nueva implantación de barreas de seguridad (2.876.745 euros), y senda peatonal en las CA-728 y CA-171 Reinosa-Monegro (1.301.439 euros).