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El Partido Popular de Cantabria llevará al pleno una proposición no de ley para instar al presidente regional, Miguel Ángel Revilla, a que cese a la consejera de Sanidad, María Luisa Real, por el caso de las contrataciones en el Servicio Cántabro de Salud (SCS) ... . Los populares consideran que Real tiene una «responsabilidad máxima» pese a que no figura entre los cargos señalados inicialmente por la Fiscalía.
El diputado popular Íñigo Fernández ha presentado hoy esta iniciativa parlamentaria, informa Europa Press, que insta al presidente «a cumplir el mandato parlamentario del 27 de junio de 2018« , una propuesta de resolución aprobada en el último Debate del Estado de la Región que salió adelante gracias a la unión de todos los votos de los partidos en la oposición. PSOE y PRC, en minoría en la Cámara, no pudieron frenar las tres propuestas de resolución de Cs, Podemos y el PP, que se aprobaron al contar con el apoyo del diputado del grupo mixto Juan Ramón Carrancio.
No obstante, cuando la nueva proposición no de ley del PP llegue al Pleno podría quedarse atascada por la falta de apoyos suficientes, ya que Podemos cuenta con un voto menos debido a la baja del diputado José Ramón Blanco y su ausencia de los plenos tras hacerse pública las denuncias internas por acoso laboral a tres compañeras de partido.
Esta ausencia altera la mayoría que la oposición tiene en la Cámara (18 de los 35 diputados) y podría hacer decaer la iniciativa si no cuenta con el apoyo de ninguno de los dos grupos que sustentan al Gobierno.
El propio Fernández ha aludido hoy a esta circunstancia para ahondar en sus críticas al Gobierno y ha asegurado quela situación del bipartido se agrava si tiene que recurrir a la «crisis» interna de un partido (los enfrentamientos en Podemos) para evitar que la petición de dimisión se apruebe.
La Fiscalía ha remitido al juzgado las denuncias presentadas por IU y el PP por apreciar la presunta existencia de delito en las contrataciones realizadas en el SCS. La investigación judicial no se limitará sólo a la gestión de los dos altos cargos ya dimitidos –el gerente, Julián Pérez Gil, y el subdirector de Gestión Económica, Francisco Javier González–, sino que la denuncia se extiende también al gerente de Atención Primaria, Alejandro Rojo Gutiérrez (el único de esta pata del organigrama que conserva el puesto desde el inicio de la legislatura), y al asesor externo Álvaro Sáenz de Viteri Bello, según recoge una notificación de la Fiscalía. No se cita, por el momento, a la consejera de Sanidad y por esa razón ni ella ni el líder de los socialistas cántabros, Pablo Zuloaga han considerado una posible dimisión.
En opinión del diputado popular, si por el momento se deja fuera a la consejera de Sanidad es porque ésta no firmaba los contratos en el SCS. Pese a ello, el PP cree que la consejera no puede hacer «que el asunto no va con ella» cuando «toda» la cúpula del SCS que ella nombró está bajo investigación de la Justicia. Y es precisamente por eso por lo que los populares consideran que Real está «bajo sospecha», porque esa cúpula fue nombrada por ella, y por sus «esfuerzos por tapar» las supuestas irregularidades en la contratación una vez que fue advertida de ellas por un correo electrónico remitido el 8 de febrero por la que era jefa de Contratación del servicio. El portavoz del PP también ha considerado «sorprendente» que Revilla, cuando se está iniciando una investigación judicial en relación al SCS, «siga callado en México» y «escondiendo el morro como siempre».
Los servicios jurídicos del Parlamento harán un informe sobre los precedentes de celebración de comisiones de investigación sobre asuntos que están ya judicializados y si procede que la comisión sobre las contrataciones del Servicio Cántabro de Salud se active con un proceso abierto antes de que la Mesa de la Cámara decida.
Hoy en la Mesa del Parlamento Podemos ha pedido la activación de la comisión de investigación del Servicio Cántabro de Salud (SCS), después de que se haya hecho público que la Fiscalía ve indicios de presuntos delitos en las adjudicaciones de contratos de este organismo.
En concreto, en el informe se apuntan posibles delitos de malversación, tráfico de influencias, falsedad documental y usurpación de funciones en las contrataciones realizadas por el SCS.
Hoy en la mesa, cuando se ha abordado este tema, los representantes de los distintos grupos han decidido pedir a los servicios jurídicos que elaboren un informe para analizar los precedentes de situaciones en que comisiones de investigación coincidan con procesos judiciales abiertos y sobre si procede o no activar este órgano en esas circunstancias.
Podemos lamenta en una nota de prensa que la respuesta del resto de grupos que componen la Cámara haya sido «volver a posponer» la activación de esta comisión aludiendo a que existe ya un proceso judicial abierto.
La formación morada, sin embargo, considera que las responsabilidades políticas deben dirimirse en sede parlamentaria.
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