Los investigadores buscan pruebas sobre los autores en una veintena de los 200 incendios

Ambas instituciones apuntan a que el factor clave es la implicación de la ciudadanía. «Las técnicas sobre el terreno son las mismas. No se ha cambiado nada, pero estamos recibiendo más información y se palpa una mayor colaboración», subrayan desde la Comandancia de Cantabria. Este factor ha sido la clave para identificar a dos de los tres sospechosos de los últimos días: un ganadero de 39 años de San Roque de Riomiera y el coordinador de la agrupación de voluntarios de Protección Civil de Ramales de la Victoria. Como el tercer implicado -fue sorprendido con el mechero en la mano-, ya están en libertad con cargos tras prestar declaración en el cuartel.

Esa misma idea defiende el jefe de servicio de Montes del Gobierno regional. Javier Espinosa recuerda que cuando hace 170 años se fundó el antiguo Instituto Forestal del Estado, los primeros estudiosos del asunto ya señalan que era necesaria una mayor colaboración de los testigos para cazar a los incendiarios: «La de prender es una costumbre que está muy arraigada, pero es que la gente empieza a estar ya harta». Ha costado muchas décadas, pero parece que los habitantes de las zonas rurales cada vez están más cerca de la idea que el pasado lunes ponía sobre la mesa el presidente Miguel Ángel Revilla, la de que «la solidaridad vecinal bien entendida es denunciar al delincuente».

Ese es el argumento fundamental, pero no el único. La Guardia Civil cree que la mayor presencia de los agentes sobre el terreno está permitiendo 'cazar' a algunos de los que ponen la mecha 'in fraganti' y Espinosa asegura que también ha sido importante la mejora de la coordinación entre todos los actores implicados en la prevención e investigación de los fuegos. El cambio real a este respecto se produjo hace menos de una década, cuando la Fiscalía de Cantabria dio un tirón de oreja a las partes y les pidió mayor colaboración.

La foto del pasado jueves en el eucaliptal que ardió de la sierra de La Alcomba (Ramales) era la demostración gráfica de esa colaboración: dos agentes del Seprona buscando evidencias entre los restos vegetales calcinados junto a un técnico de Medio Natural y un experto de la Brigada de Investigación de Incendios Forestales dependiente de la Consejería. Esa misma operación se repetirá en otros 20 escenarios del fuego. Es imposible pisar todos los puntos afectados, así que lo primero es elegir. Y tienen prioridad aquellos más extensos y dañinos, los que hayan afectado a infraestructuras y, sobre todo, aquellos donde se tienen sospechas sobre un presunto culpable para tratar de confirmarlo con evidencias.

Es el propio responsable de la extinción del incendio el que en su informe solicita la llegada de los investigadores. «Si queda sofocado por la tarde podemos estar allí ya por la tarde», cuenta Espinosa. Cuanto antes mejor, porque las pruebas van desapareciendo por factores como la lluvia. Por eso, cuando el martes comenzó a llover sobre Cantabria, los sentimientos en este equipo eran encontrados. Bien, porque es más fácil que se apaguen los fuegos, pero mal porque se borra el rastro.

El nombre exacto del puesto que desarrolla Jorge García y otros compañeros es el de técnico de investigación de causas del fuego. Junto a su compañero David, son algo así como los CSI de los incendios. Llegan al lugar con un maletín y empiezan a buscar: «Primero hablas con las personas que han estado en la extinción y a partir de ahí se pone en marcha el método de las evidencias físicas». Traducido, significa seguir los pasos de las llamas para llegar al lugar de origen y ahí tratar de confirmar las teorías que ya se han hecho previamente. Miran los restos de la vegetación, el hollín de las piedras, las marcas en los árboles... Tienen instrumental, pero los expertos afirman que casi siempre vale más la experiencia que la tecnología.

El porcentaje de éxito es muy variable y muchas veces depende de la información previa que manejen. «Cada intervención es diferente, pero está claro que las más difíciles son las intencionadas. El que quema el monte trata de que nadie le incrimine. En cambio, los fuegos por negligencias son más fáciles de determinar», cuenta García.

Los datos que aportan estos profesionales sirven a la Guardia Civil para apuntalar sus teorías, dar un empujón a sus investigaciones y, en ocasiones, para empezar a trabajar. Por su parte, Montes realiza un informe técnico propio en el que también se hace una estimación de los daños económicos y del coste por los trabajos de extinción. Este se envía a la Fiscalía y sirve para cuantificar el importe de la responsabilidad civil en caso de que el sospechoso vaya a juicio y sea condenado.