La lectura obligatoria de Sánchez para conocer las necesidades de Cantabria

Es el capítulo más extenso del documento y con esta reivindicación se pretende romper el «aislamiento» ferroviario de Cantabria y que deje de ser la única autonomía sin un kilómetro de AVE activo o en construcción. Además de agilizar los tramos y exigir el cumplimiento de plazos de los trabajos de la alta velocidad entre Palencia y Alar del Rey, Buruaga insiste en la llegada del AVE a Reinosa. El estudio informativo de esos 43 kilómetros se licitó en marzo, pero sigue sin adjudicarse. «Exigimos garantías de que el futuro viaducto de Nogales para conectar la alta velocidad con la línea convencional –permitirá reducir tiempos cuando las obras hayan acabado hasta Alar para adelantar tres años el momento de entrada en servicio de los primeros tramos– no va a afectar a la llegada del AVE a Cantabria», dice el texto. Entre Reinosa y Santander la línea no será de AVE, pero sí habrá mejoras en la infraestructura que todavía no se han definido y que la presidenta reclamó a Sánchez.

Sobre el tren rápido a Bilbao, lo que quiere el Gobierno de Cantabria es conocer ya el estudio definitivo que determine cuál es la alternativa –había seis opciones analizadas– más viable, que ya tendría que estar acabado por plazos. Esa conexión con Vizcaya será mixta, de pasajeros y mercancías. Cantabria quiere que sea también su entrada al Corredor Atlántico. Y en relación al Plan de Cercanías para acabar con los continuos problemas en el servicio, la presidenta exige que llegue hasta el último euro de los 1.257 millones comprometidos hasta 2030. El ministro de Política Territorial explicó desde La Moncloa que ya se ha desplegado el 70%de ese dinero y que el resto de compromisos se están cumpliendo: la gratuidad de los trenes al menos hasta que lleguen los 21 nuevos convoyes a principios de 2027, la creación de un alto comisionado, la auditoría de los trenes que no cabían por los túneles...

«Necesitamos compromisos económicos que se concreten en el Presupuesto de 2025 e inversiones reales que permitan cumplir plazos marcados en el calendario». Esa afirmación sirve para todas las obras en materia de carreteras. Para acabar las que están en marcha y van con mucho retraso como el nudo de Torrelavega, para acelerar las que tienen un periodo de ejecución que Cantabria considera excesivo como el tercer carril de la A-67 –se extenderán las labores durante cinco años– y para desbloquear la redacción del proyecto del tercer carril de la A-8 entre Solares y el límite con Vizcaya.

A ello, en tierras castellanas, Cantabria suma la petición de concluir la conexión Aguilar-Burgos. De los 71 kilómetros de esa autovía que servirá para facilitar la llegada de los cántabros a Madrid –y viceversa–, solo hay activos 23 kilómetros dos décadas después de que llegaran las primeras máquinas. Por último, Buruaga quiere sacar del cajón proyectos que están «olvidados» como las variantes de Lanestosa, Ramales y Potes y las reformas de los puertos de montaña de San Glorio y Los Tornos.

Las reivindicaciones parten de los datos:«En poco más de dos décadas, el sector primario de Cantabria ha pasado de aportar el 4,3% del PIB regional al 1,1%». Además de los problemas estructurales, la presidenta autonómica apunta al Gobierno de España como culpable y le pide varias cosas. La primera, la sabida reclamación de sacar al lobo de la lista de especies protegidas para que la región pueda recuperar el Plan de Gestión y el control poblacional. Para este momento concreto, reclama una estrategia nacional contra la enfermedad epizoótica y otras enfermedades animales emergentes que incluya el pago de las vacunas. Por último, pide una revisión de la nueva PAC que al sector primario cántabro le afecta, básicamente, por dos motivos: se ha multiplicado la burocracia y se han reducido las ayudas económicas.

También tiene mucho temario que estudiar Sánchez sobre los asuntos cántabros en esta materia. Más allá de los proyectos concretos que tienen el Gobierno de Cantabria y el sector privado de la región en cartera, sí hay sintonía entre Peña Herbosa y La Moncloa por impulsar la apuesta por las energías limpias y la transición ecológica. Buruaga recordó que para apoyar proyectos como la ampliación de Aguayo, el hidrógeno verde de Torrelavega o la modernización de Solvay hace falta dinero de fondos europeos, sí, pero también desbloquear algunos aspectos burocráticos que la presidenta detalló a su homólogo nacional. Para hacer viables estos nuevos proyectos de generación y también la llegada de industrias demandantes de electricidad, Cantabria pide modernizar la red de transporte eléctrico y la creación de nuevas subestaciones. Sobre la electrointensiva, se reclama un «marco energético que ayude a esta industria a competir en igualdad en Europa». En Alemania las ayudas llegan al 73% de los costes, en Francia al 65%y en España están en el 28%.

Es otro de los capítulos relevantes del documento, pero Buruaga no necesitó dar muchas explicaciones al presidente porque, según la popular, conocía relativamente bien el asunto. Tras el anuncio –que incluye un cambio de opinión– del Ministerio de Transportes de limitarse a apoyar en la búsqueda de financiación, pero no construir ni gestionar la intermodal de La Pasiega, Sánchez se comprometió a tratar personalmente este asunto con Óscar Puente.

Dinero. Tras la inyección ya de 22 millones para el Mupac (un 40% del presupuesto), Cantabria quiere que el Estado continúe apoyan el museo con nuevas partidas en el Presupuesto. Respecto al Reina Sofía-Archivo Lafuente, Buruaga espera que la aportación estatal alcance un tercio del coste total de la obra.

El Ministerio ha vuelvo a mover el expediente tras la paralización de las obras por problemas técnicos en 2016, pero Cantabria reclama una apuesta para concluir el saneamiento del Asón y las marismas de Santoña, donde hay pendiente de ejecutar cuatro actuaciones por 130 millones de euros. No tendría que haber muchos problemas para que el Estado renovara la autorización para la captación de agua (cinco hectómetros cúbicos) del embalse del Ebro en verano que expira a principios del año que viene, pero está también pendiente. Y sobre Vuelta Ostrera, se pide acabar todos los estudios de alternativas para la nueva ubicación y comenzar las obras de derribo y construcción.

En relación a los afectados por la Ley de Costas, Cantabria reclama con claridad que se renueven las concesiones administrativas de los negocios que están en dominio público marítimo-terrestre y que Madrid tiene bloqueadas. Se trata de explotaciones ganaderas, talleres, fábricas de conservas... Y sobre vivienda, Buruaga también reclama algún cambio normativa en relación a los fondos europeos para la construcción de promociones. Sobre todo, más tiempo porque no dará tiempo a que estén finalizadas en junio de 2026 las 300 viviendas que están proyectadas en 9 municipios distintos. Además, Cantabria quiere recoger los fondos para vivienda que otras autonomías no han sido capaces de gastar hasta ahora y nuevas partidas.

Más allá de las peticiones de Cantabria ya conocidas en relación a los criterios que deber regir el nuevo sistema de financiación autonómico, el rechazo de Buruaga al 'cupo catalán' y la necesidad de negociar en una mesa multilateral como puede ser la Conferencia de Presidentes, la popular anotó algunos déficit del Estado con la región por leyes y medidas que se han adoptado desde Madrid, que afectan a los territorios y para los que no se les ha enviado dinero. ¿Ejemplos? La Ley Universitaria, que costará aplicarla 1,5 millones y no 1,2 que envía el Estado anualmente. También está la nueva obligación de cotizar por los alumnos de FP y, sobre todo, el incumplimiento de cofinanciar al 50% la Ley de Dependencia, donde ahora Cantabria aporta el 75%.

Cantabria quiere que el Estado le transfiera la competencia de la gestión de los ríos que pasan íntegramente por el territorio para tener más capacidad de actuar en la prevención de las inundaciones y en la limpia. El Ministerio para la Transición Ecológica no pone pegas, pero tampoco avanza. Está pendiente que publique el estudio sobre los costes de esta transferencia. En el documento entregado a Sánchez, se le reclama que acelere los plazos. Por ahora, es el único tema en esta área.