El conflicto del lobo salta del monte al Congreso

«Los ganaderos tiene razón. Una cosa es proteger la especie del lobo y otra es permitir que lleguen a los mismos pueblos, entren en sus explotaciones y maten a su ganado sin poder impedirlo, como está ocurriendo ahora». Así resumió esta semana en el Congreso de los Diputados José María Mazón, representante del PRC en la Cámara, su defensa sobre la necesidad de derogar el estatus de especie protegida del lobo ibérico con el fin de poder acometer el control sobre la población de estos animales. Se trata de una medida ampliamente demandada tanto desde el Parlamento cántabro como por las comunidades de Asturias, Galicia y Castilla y León, que albergan el 95% de los ejemplares que habitan en España, ante el impacto que el crecimiento de la población de esta especie tiene en el sector ganadero y el medio rural.

La propuesta, que fue rechazada con los votos del PSOE, Podemos, Esquerra Republicana y las formaciones de izquierda de menor tamaño, fue apoyada tanto por el partido cántabro como por el PP, Vox y Foro Asturias. Por su parte, Ciudadanos, EH Bildu y PNV se abstuvieron. El diputado regionalista, que criticó el cambio de postura de los socialistas aduciendo que, frente a su versión nacional, «en el Parlamento de Cantabria todos los partidos, incluido el PSOE salvo un diputado, votaron a favor», reclamó consideración para una medida que cuenta con el apoyo de «las asociaciones agrarias, que son los interlocutores de un sector que viene sufriendo graves daños económicos y de viabilidad», así como de «Gobiernos y Parlamentos autonómicos que representan la mayoría de sus ciudadanos y defienden el interés general».

La polémica provocada por la gestión del lobo ibérico, recrudecida tras la inclusión de la especie en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, viene de lejos. Frente a quienes defienden una postura esencialmente conservacionista, se encuentran el sector ganadero, principal afectado por los ataques de estos animales salvajes, y las Administraciones de las comunidades con más incidencia de este fenómeno. El choque de planteamientos y la falta de consenso es la tónica general cuando se aborda una cuestión en la que, como ocurre siempre, más allá de las posturas ideológicas son los datos y el abordaje técnico basado en fundamentos científicos los que deben marcar las estrategias definitivas.

En el caso de Cantabria, los datos de incidentes entre el lobo y el ganado ofrecidos por el Ejecutivo regional en 2022 ascienden, como destacó Mazón en su comparecencia, a «506 ataques y 690 cabezas muertas». Unas cifras que el consejero de Desarrollo Rural, el también regionalista Guillermo Blanco, acotó con mayor detalle tras ser consultado por este periódico tras el varapalo que supone el rechazo a la exclusión del lobo del Lespre: «Esos datos retratan los ataques ocurridos hasta el mes de marzo, que son los que han sido contabilizados oficialmente y los que se podían ofrecer, pero a día de hoy, sumando los meses de abril y mayo, son muchos más», resaltó.

Blanco afirmó que mantiene «contacto permanente con todas las asociaciones y cooperativas ganaderas, todos tienen mi número y me envían fotos de muchos de los ataques», lo que le permite avanzar una estimación de la evolución de dicho balance. También anunció una próxima reunión con los representantes del sector para abordar la situación tras el no del Congreso, un encuentro al que aspira a llegar «con propuestas concretas y herramientas prácticas, en los que están trabajando sin descanso los técnicos de la Consejería con el fin de aprovechar al máximo el panorama normativo impuesto de forma insensata por el Gobierno».

A juicio del consejero de Medio Rural, dada la evolución de estos datos, «este año se van a superar las cifras de ataques y cabezas muertas de años anteriores». Una predicción que relacionó con las estadísticas de 2021, cuando a principios de noviembre se habían contabilizado 871 ataques que dejaron 1.391 animales muertos, cifras que contrastan con los 506 ataques y 690 cabezas muertas contabilizadas en el primer trimestre de 2022. «No es que ese año haya muchos más lobos que el pasado, pero si estos animales se acostumbran a conseguir comida de una forma fácil, como es atacar al ganado, y no obtienen respuesta, lo normal es que reincidan y eso provoca el aumento de los casos», añadió.

Otro de los argumento susceptibles de sostener estas perspectivas es la paulatina ampliación de las zonas en las que se producen los ataques. En ese sentido, cabe destacar que el año pasado abarcaron 57 municipios, que suponen un 65% del territorio cántabro. Además, en varios de los casos se trató de zonas cercanas a la costa en las que la presencial del lobo era antaño testimonial, cuando no casi desconocida hasta la fecha.

En Madrid, José María Mazón recalcó un dato que ilustra el incremento de la especie en Cantabria, señalando que «se ha multiplicado por cuatro en poco más de 20 años». Ante esta evolución, tanto Mazón como Blanco recalcaron la imperiosa necesidad de disponer de autonomía para realizar una gestión controlada. Y es en este punto donde la inclusión del lobo ibérico en el Lespre ha provocado mayores tensiones. Hasta que este cambio normativo se produjo, la realización de extracciones de determinados ejemplares estaba permitida, lo que a juicio de Mazón provocó que «en los últimos años la población de lobo se recuperase en Cantabria a través de una gestión razonable». Tras el cambio, dichas actuaciones han quedado muy restringidas.

Sin embargo, tal y como explicó el titular de Desarrollo Rural, desde su departamento se trabaja actualmente para «aprovechar las posibilidades legales que ofrece la ley, que en uno de sus apartados permite la extracción de ejemplares en el caso de ataques reiterados». Sin embargo, esta estrategia se ha visto condicionada por el requisito de que las actuaciones sean aprobadas por el Ministerio. A este aspecto aludió también Mazón, que denunció que «se han emitido tres peticiones para tomar medidas permitidas por la orden aprobada y no ha habido respuesta». Un gesto que fue tachado por Blanco como «una patada adelante» y que el diputado regionalista criticó abiertamente: «Se aduce que se espera a que se defina la Estrategia General del Lobo y eso añade todavía más indignación a la ya existente».

En este contexto, la postura del Ejecutivo regional, explicitada ayer por Blanco en una conversación en la que tildó de «menosprecio y auténtico avasallamiento a los ganaderos» las posturas de los grupos políticos que votaron en contra de la medida, pasa también por la petición del cese de Teresa Ribera, la actual titular del Ministerio de Transición Ecológica. «Los ganaderos no trabajan para dar de comer al lobo», recalcó el consejero cántabro. «Espero que el sentido común se imponga lo antes posible, bien por sentencia judicial o con un cambio de Gobierno, al que reclamo desde ya al menos la destitución de esta ministra», enfatizó. «En el Congreso muchos han hablado de un animal, pero no han hablado de las personas para nada», denunció.

La gestión de los efectos del lobo en la Comunidad cuenta con un presupuesto que el año anterior ascendió, sumando sus diferentes capítulos, a 1.750.000 euros. Un dinero que se divide en tres partidas que abordan desde la póliza de seguro contratada para abonar las reses muertas, cifrada en 800.000 euros, a las ayudas destinadas a medidas preventivas para tratar de evitar dichos ataques, que suman otros 200.000 euros.

A estas cifras se suma también el pago por los servicios ambientales de los municipios de la zona 1 –en la que se considera normal la existencia de estos cánidos salvajes–, cuyo objetivo es compatibilizar la actividad ganadera tradicional con la presencia de esta especie, una ayuda directa cuyo coste ascendió a 715.000 euros. Todos estos apartados forman parte del gasto asociado al Plan de Gestión del Lobo, que el Ejecutivo cántabro realiza cada año.

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