Lombó urge al Ministerio a que aclare cuándo cerrar un colegio si registra contagios

Cantabria tiene un protocolo de organización para el próximo curso. Recoge medidas como la obligatoriedad de la mascarilla a partir de los 6 años o la creación de 'grupos burbuja' en Infantil, Primaria o ESO. Al final del documento hay dos entradas que indican, brevemente, qué hacer en caso de que el centro se tope con un contagio confirmado o uno posible. En primer lugar, si se detectan síntomas compatibles con el covid en un alumno, se le conduce a un espacio de aislamiento, se contacta con el centro de salud de referencia y con la familia, y los coordinadores activan un «protocolo». Si el caso es un positivo ya verificado, se activa también un «protocolo de actuación», se avisa a los servicios sanitarios y se informa a Educación.

Dado que estas son medidas para casos individuales, lo que la consejera Lombó le pide ahora al Gobierno central es que le aclare qué hacer con el resto de la comunidad educativa en situaciones de este tipo, situaciones de riesgo. «¿Qué hacer si se confirma un positivo: se cierra ese aula, se cierre el colegio?», se cuestionó de nuevo la consejera, que quiere una respuesta homogénea: «No puede ser que en Madrid se cierre un aula cuando haya un positivo en un grupo estable y en Cantabria, no. En ese tipo de medidas exigimos que sea de una manera coordinada», incidió.

Al margen de Cantabria, otras autonomías han ido más allá y contemplan estos casos, como País Vasco o Cataluña, que recogen la posibilidad de hacer cuarentenas en grupos o edificios, respectivamente. También Navarra o Galicia, con medidas de aislamiento domiciliario más concretas. Cantabria, pide la consejera, quiere una normativa marco para todas las autonomías.

La Conferencia Sectorial que se celebra este jueves es clave para asegurar, algo más, esta vuelta a las aulas tan próxima -Infantil y Primaria comienzan el 7 de septiembre- y tan inusual: será una prueba de fuego para la gestión de esta 'nueva normalidad' que ha traído el covid, y en la que las mascarillas y los geles formarán parte del menaje educativo.

La consejera lleva más preguntas a esta cita: «¿Cuándo tenemos que adoptar medidas para pasar de un nivel uno presencial, al semipresencial [el escenario de educación mixta], o al no presencial?». Lombó espera que en la reunión de mañana se establezcan niveles o topes epidemiológicos que orienten estas transiciones entre los tres escenarios que se contemplan para el 'curso covid', esto es, el presencial con medidas de prevención; el mixto (con educación combinada), y en el que sólo se contempla la enseñanza por vías telemáticas.

La posibilidad de que se realicen pruebas PCR en la comunidad educativa también está en la lista de asuntos a tratar de Lombó. La consejera deja esta cuestión, muy demandada por la Junta de Personal Docente, al criterio de las autoridades sanitarias, pero vuelve sobre la idea la homogeneidad autonómica. «Es Salud Pública la que tiene que decidir si eso es lo más conveniente o no. Pero, desde luego, si en otras comunidades autónomas Salud Pública entiende que se les debe hacer, nosotros queremos que nuestros docentes tengan también esa misma medida», indicó.

Y una duda más: ¿Qué hacer o responder a las familias, cuyos hijos están en edad de escolarización obligatoria y no quieren enviarles al centro por temor al contagio? Son situaciones catalogadas como absentismo. «Es importante saber qué decisión vamos a tomar con las familias que, ante el temor, no van a mandar a sus hijos a clase en edad obligatoria», indicó Lombó. «Tenemos que tomar unas decisiones que den certezas tanto al sistema educativo como a las familias».

La consejera se reunió ayer con PRC, PP, PSOE, Ciudadanos y Vox en el Parlamento. Los grupos de la oposición, sobre todo los populares y Cs, expresaron sus dudas sobre la situación. «Vamos muy tarde», indicó Íñigo Fernández (PP), «hay enormes lagunas»; su grupo apuesta por incrementar la plantilla docente al máximo para, por ejemplo, desdoblar unidades, y también por hacer test en la comunidad educativa, o por aclarar el funcionamiento de servicios como el de 'madrugadores', importante para la conciliación familiar. Diego Marañón, de Ciudadanos, coincidió con parte de esta demandas; su grupo volvió a apostar por la figura del enfermero escolar y puso en duda la declaración responsable que las familias tienen que presentar en los centros -en la que certifican que su hijo o hija no acude al centro con síntomas compatibles con el covid- por su carácter polémico. «Es necesario que se hagan PCR a todos los profesores de manera periódica», pidió Marañón.

Cristóbal Palacio (Vox) criticó la incertidumbre a estas alturas, y José Miguel Fernández Viadero (PRC) y Noelia Cobo (PSOE) expresaron su confianza en una vuelta a las aulas segura.

No fue la única reunión que mantuvo este martes Lombó. A media mañana lo hizo con la Junta de Personal Docente, que vuelve a detectar «poca voluntad de diálogo» en la consejera, dijo Jesús Aguayo (STEC). La Junta mantuvo su reclamación de bajar las ratios por aula y contratar más profesores -los 200 anunciados por la Consejería les resultan «insuficientes» para cumplir el promedio de 20 alumnos por 'grupo burbuja' o mantener la distancia de seguridad-, y pidió pruebas PCR a todo el profesorado en la primera semana de septiembre, mascarillas FFP2, pantallas faciales o termómetros a distancia. «La reunión que ha mantenido la Junta y la consejera ha terminado, otra vez, sin acuerdo», indican en STEC.

Por la tarde fue el turno del Consejo Escolar. Sus miembros le hicieron multitud de preguntas acerca del cupo covid -que se mantenga, al menos, hasta final de curso-, o sobre las ratios, que tienen que bajar, entre otras. «Y les hemos pedido que tengan muy en cuenta al alumnado vulnerable en relación a los equipos tecnológicos o la conectividad», indicó José Antonio Sánchez Raba.