El modelo cántabro choca con el de Sánchez

También quieren recaudar más para «ampliar el estado social», pero entienden que para ello hay que subir impuestos, no bajarlos. Lo dicen de forma directa los dos socios del Ejecutivo en el pacto firmado entre el PSOE y Sumar. Se comprometen a impulsar «una reforma global del sistema fiscal español para mejorar su progresividad», señala el documento, que marca una meta concreta: acortar la brecha de ingresos sobre el PIB respecto a la media europea, que es del 46% del PIB, al que se pretende llegar al final de la legislatura. ¿Cómo? Pues también lo deja claro el texto.

Básicamente, profundizando en algunas de las medidas ya esbozadas en la anterior legislatura como la recuperación del impuesto de Patrimonio -o una versión similar de aplicación nacional- y el impuesto a lo que llaman «los beneficios caídos del cielo» de bancos y compañías energéticas.

Pedro Sánchez y Yolanda Díaz comparten que dicha reforma «estará orientada a lograr que contribuyan más quienes hoy se esfuerzan menos». Y señalan directamente a las grandes empresas y patrimonios y a las rentas de capital, algo que rechaza la patronal. También CEOE-Cepyme Cantabria que, en su valoración de los pactos de Gobierno de los socialistas con el resto de partidos que han permitido la investidura, ponía más el acento en los aspectos económicos y laborales de los acuerdos que en la amnistía y las concesiones a los nacionalistas e independentistas.

En lo poco que coinciden en Peña Herbosa y en La Moncloa -por lo menos sobre el papel- es en la necesidad de luchar con más fuerza contra el fraude fiscal. En Madrid quieren promover un Pacto de Estado contra el Fraude Fiscal consensuado con todas las fuerzas políticas, agentes sociales y profesionales del ámbito «basado en reducir la evasión, a la vez que se trabaje por el afloramiento y regularización de la economía sumergida». Y aquí el consejero Agüeros se ha pronunciado en términos similares. De hecho, ese es uno de los objetivos del aumento de la plantilla en la Agencia Cántabra de Administración Tributaria (ACAT).

No es fácil encontrarla, pero hay alguna coincidencia más en materia fiscal. En el caso del Gobierno de Cantabria, se materializará ya a partir del 1 de enero diferentes incentivos fiscales a las familias por los gastos de guardería o libros de texto. Y el Ejecutivo estatal que acaba de echar a andar promete «mejorar los incentivos por hijo y por dependencia y cuidados tanto en el IRPF como en las políticas de gasto». También fija incentivos concretos para el acceso a la vivienda.

Por lo demás, Buruaga habla de bajar «todo lo posible todos los impuestos posibles», mientras que Sánchez y Díaz apuntan cuáles hay que subir. Por ejemplo, es más que probable, a tenor del acuerdo, que haya nuevos impuestos verdes. Capítulo aparte tiene el Impuesto Temporal a las Grandes Fortunas, que parece que se hará permanente.

Gravará a aquellas rentas superiores a los 3 millones de euros en aquellos territorios que eliminen el impuesto autonómico de Patrimonio. Cantabria lo iba a hacer, pero en vista de que el dinero se iba a recaudar igual, pero iba a ir a las arcas nacionales y no a las autonómicas, ha cedido mantenerlo -lo exigió el PRC para al acuerdo presupuestario- hasta que el escenario se clarifique.

Y también será interesante ver qué pasa con el nuevo impuesto a banca -a la que, como todo el sector, la cántabra Ana Botín se opone por su incidencia en la cuenta de resultados de Banco Santander- y eléctricas. El acuerdo PSOE-Sumar lo consagra, pero en cambio el de PSOE y PNV establece que cualquier decisión que afecte a beneficios de las compañías vascas -como BBVA o Iberdrola- tiene que ser con el acuerdo del Gobierno de Vitoria.