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El nuevo contrato del servicio de transporte sanitario de Cantabria doblará la cuantía que se ha estado pagando hasta ahora a la concesionaria actual (Ambuibérica) pero durará la mitad de tiempo: dos años prorrogables a otros dos. El pliego de condiciones, que ya ha ... pasado por el Consejo de Gobierno y «se licitará lo antes posible», cifra en 47 millones el coste del servicio de ambulancias del SCS (27,47 millones al año, frente a los 12 del contrato en vigor). El vicepresidente del Gobierno, Pablo Zuloaga, ha avanzado esta mañana los datos en rueda de prensa, al tiempo que ha anunciado la aprobación de una nueva prórroga, dado que la que está en curso expira el próximo mes de febrero y no dará tiempo antes de esa fecha a resolver el concurso público.
El Gobierno cuenta con poder cumplir todos los trámites del proceso y «tener en funcionamiento el nuevo contrato para mayo», aunque esa previsión dependerá, como es habitual en este tipo de procedimientos, del número de aspirantes a gestionar el transporte sanitario de Cantabria y de los movimientos por la vía de las impugnaciones. En la convocatoria anterior, en 2017, concurrieron cinco candidatas. Además de Ambuibérica, que ganó su continuidad con una oferta de 45,1 millones para gestionar el servicio durante cuatro años (menos de lo que costará el contrato en ciernes para la mitad de tiempo), se presentaron el Grupo Palau, la UTE Amberne-Ambulancias Ayuda, la empresa SSG y el Grupo Eulen.
Con lo que no contaba entonces la adjudicataria era con la sentencia europea de las horas extra que le iba a romper los esquemas, a generar un agujero en sus cuentas (las pérdidas llegan a 300.000 euros al mes, según la compañía), a abrir un conflicto laboral casi permanente con su plantilla en Cantabria, compuesta por más de 430 trabajadores, y a prestar un servicio donde no han faltado las deficiencias, reconocidas por la Administración, y las quejas de los usuarios. En vista de la problemática, llegó a solicitar la rescisión del contrato, que le fue denegada desde el SCS, aunque sí hubo el compromiso de Sanidad de acelerar el nuevo pliego para ajustar las condiciones a la realidad del mercado. En ello estaban cuando el relevo en la Consejería, con Raúl Pesquera ocupando el cargo del dimitido Miguel Rodríguez, dio un vuelco a ese plan, introduciendo por primera vez la idea de internalizar el servicio de ambulancias. Una estrategia que, a principios de 2022, llevó a aparcar el borrador de la nueva licitación para analizar las opciones de la gestión pública, lo que llevó a tirar del primer año de prórroga contemplado en el contrato, para disgusto de Ambuibérica, que la consideró «forzosa» e «ilegal», recurriendo su imposición incluso por la vía judicial.
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Ana Rosa García Susana Echevarría
Más tiempo, más pérdidas. Esa es la lectura que hacían desde la empresa, que criticó la «falta de voluntad política del Gobierno de Cantabria para resolver esta situación tan grave que nos ha llevado absolutamente al límite». Todo ello mientras Sanidad seguía en su empeño de internalizar el transporte sanitario, tomando como referencia el caso de La Rioja. Y aunque tuvo que recular, por falta de tiempo en esta legislatura y porque desde la Consejería de Economía se advirtió de los riesgos de la operación, lo cierto es que el equipo de Pesquera no renuncia del todo a la idea. Es más, el propio Zuloaga ha anunciado que «antes de que acabe el año se publicará en el Boletín Oficial de Cantabria la consulta pública para tramitar la ley que hará posible la creación de una entidad pública que gestione a futuro el transporte sanitario de Cantabria».
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