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La presidenta de Cantabria y los cuatro partidos políticos con representación en el Parlamento regional tuvieron el miércoles ocho horas -más la jefa del Ejecutivo, que como marca el reglamento pudo intervenir sin límite de tiempo- para hacer su análisis de las situación en ... la que se encuentra la comunidad autónoma. La segunda jornada del debate sobre el estado de la región celebrado este jueves está pensada no para mirar al pasado ni al presente, sino al futuro. Para debatir y votar las propuestas de resolución presentadas por PP, PRC, PSOE y Vox para marcar el camino a María José Sáenz de Buruaga y sus consejeros a lo largo de los próximos doce meses. «Solo hay un día al año en este Parlamento en el que 35 ciudadanos elegidos por todos los cántabros se juntan para hacer propuestas y no una crítica descarnada a la acción del Gobierno. No confrontación, algo más honesto y mucho más positivo», celebraba el primero en tomar la palabra en la tribuna, Cristóbal Palacio. Quizás a la explicación del diputado de Vox habría que introducirle algún matiz –el regionalista Pedro Hernando le echó en cara que diera a entender que el trabajo del día anterior no servía para nada– pero, simplificando, sirve.
Que lo aprobado este jueves en la Cámara regional sea realmente útil dependerá del Gobierno regional. De que responda positivamente al mandato del Parlamento y de que dé debido cumplimiento a las 97 propuestas de resolución que salieron adelante. Solo se quedaron por el camino 23 de las 120 iniciativas redactadas por los diputados, que en esta ocasión se autoimpusieron un máximo de treinta por grupo. Eso quiere decir que salieron adelante las del PP, pero también una parte muy importante de los grupos de la oposición (el 75%). Es decir, que las dos formaciones que con más o menos intensidad intentan influir en el Gobierno (el PRC no solo pacto la investidura, también los primeros Presupuestos, y Vox ha llegado a algunos acuerdos parlamentarios menores) y el que hace oposición frontal y no mantiene en pie ningún puente (PSOE) lograron poner deberes concretos al Ejecutivo.
Frente a lo que ocurría durante los años del anterior bipartito, en los que socialistas y regionalistas pasaban «el rodillo» para dejar que prosperaran las mínimas iniciativas posibles en votaciones como la de hoy, ahora el PP gobierna en minoría. O no ha podido evitar que le marquen el camino, o no ha querido evitarlo con la intención de hacer ver a los partidos –y a los cántabros– que la oferta de diálogo y negociación que lanzó Buruaga desde la tribuna es real. La presidenta juega a la vez a defenderse de los ataques y a tender la mano y, en un ejercicio de sinceridad, de nuevo Palacio reconoció que tanto su grupo como el PRC «nos debatimos entre el afán de ser parte de la oposición y ser parte del Gobierno».
En cualquier caso, ninguna de las propuestas aprobadas suponen un giro relevante a las políticas del Ejecutivo. Ni tendrá que poner topes a los precios del alquiler como pedía el PSOE, ni frenar la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones, como pedía Vox. Esos dos puntos fueron algunos de los que no prosperaron. Las tareas que desde ahora tiene pendientes el Ejecutivo tienen que ver con asuntos tan diversos como transparencia, simplificación administrativa, impuestos, ganadería, industria, educación, vivienda… Y sanidad. El tema que generó más controversia en la primera jornada del debate sobre el estado de la región también estuvo más que representado en las propuestas de resolución de todos los partidos.
Retomando por donde lo dejó el día anterior, el regionalista Pedro Hernando volvió a criticar la falta de iniciativa del Ejecutivo. A su juicio, esa necesidad de meter una marcha más la aprecia hasta el propio partido de la presidenta, que al presentar 30 propuestas –el máximo posible– «queda demostrado que este Gobierno necesitaba impulso ante la inactividad en la mayor parte de las cuestiones». «Incluso su grupo le pide que se ponga las pilas», dijo mirando a Buruaga. Lo cierto es que muchas de esos encargos son cuestiones que ya desgranó la presidenta en su discurso. Cuestiones como el derribo de la Residencia Cantabria para darle un uso ligado a la ciencia y la medicina, una nueva vuelta a rebaja fiscal con incentivos para atraer inversión extranjera y personas que traigan su residencia habitual o cambios en las ayudas al alquiler, que incluso tras el último anuncio siguen siendo insuficientes. Reclamaron más para menores de 35 años y para cántabros de cualquier edad en las zonas rurales y, tras el resultado de ayer, la Consejería de Fomento debería crearlas.
Como la utilidad de lo votado dependerá de la intención del Consejo de Gobierno, el PRC quiere garantías. Tras el ultimátum del jueves, con el que dio al PP hasta septiembre para que utilice las partidas que entraron en el Presupuesto de 2024 a iniciativa de los regionalistas, también en este asunto reclamaron una fecha límite para analizar que Buruaga y sus consejeros cumplen lo votado. Así, propuso la celebración de un pleno extraordinario después de Navidad. Hernando lo puso sobre la mesa en varias ocasiones, pero no obtuvo respuesta. Ni a favor, ni en contra. Silencio.
Además de medidas de impulso sanitario o relativas a obras en centros educativos, los regionalistas lograron aprobar su propuesta para que la Consejería de Industria utilice por fin los fondos que aparecen en las Cuentas para reactivar la industria en las comarcas del Besaya y Campoo, porque «a día de hoy no se ha invertido ni un euro». También la que pide a Fomento que cumpla su promesa y apruebe este año el Plan de Obras Municipales y otra más curiosa para fomentar la investigación de la toponimia de Cantabria e incluirla en la cartografía oficial. La primera cosechó un 'no' del PP y la segunda otro de 'Vox', pero ambas prosperaron.
Todas las del PP salieron adelante, 23 del PRC, otras tantas de Vox y 21 del PSOE, que se quedó con las ganas de que la Cámara aprobara iniciativa como la creación de una ecotasa turística que cobren los municipios para que puedan asumir el sobreesfuerzo que realizan por la llegada de visitantes. Como dijo la socialista Ana Belén Álvarez, una tasa que no sea lineal y que tenga en cuenta muchos factores para que se adapte a todas las realidades, que no convenció a la mayoría. Tampoco prosperó la iniciativa sobre creación de zonas tensionadas para regular los pisos del alquiler, para desarrollar la Ley de Memoría Histórica que PP y Vox han acordado derogar o la que pedía al Gobierno que cree un organismo que controle la acción de las empresas públicas.
Partido Popular
Deuda: rechazar la condonación de la deuda a Cataluña, incluso en la vía judicial.
IRPF: concreta las bonificaciones que ya detalló la presidenta para atraer inversión y personas que trasladen su residencia.
Empleo: diálogo con los agentes sociales para crear un plan de empleo juvenil y otro de mayores de 45 años.
Simplificación administrativa: la ley debe llegar al Parlamento en septiembre.
Lobo: pide a Cantabria que inste al Estado a sacar esta especie del Lespre.
PROT: exige a la Consejería que el Plan de Ordenación esté aprobado esta legislatura.
Energía: reclama al Ministerio que impulse los cambios normativos para hacer que Repsol inicie la obra de Aguayo.
Pisos turísticos: el decreto debe estar aprobado este año tras un proceso de participación y con consenso.
Ley de Ciencia: incrementar la aportación a la I+D+i para alcanzar los objetivos de inversión que marca la norma.
PSOE
Viviendas sociales: reclama construir más viviendas para alquiler social, pero también adquirir otras que existan.
Agua: renovar la red de distribución en las localidades donde existen problemas.
PAC: impulsar una simplificación de los trámites para optar a las ayudas.
Alimentación: contratar inspectores para garantizar el buen funcionamiento de la cadena alimenticia y simplificar trámites para los operadores económicos agroalimentarios.
Sector público: crear el consejo de seguimiento de las empresas públicas.
Transparencia: hacer públicas las auditorías y los informes de intervención.
Prostitución: desarrollar políticas de prevención contra la prostitución y la explotación.
Seve Ballesteros: trabajar para aumentar las rutas.
Transporte escolar: garantizar la gratuidad del servicio también en las etapas no obligatorias.
Sanidad: garantizar la asistencia y aumentar las plantillas.
PRC
Industria: presentar de inmediato los planes de apoyo al sector en Campoo y el Besaya.
Justicia: reclama que la Oficina Fiscal de Cantabria esté en marcha este mismo año.
Emergencias: desarrollar la ley que regula el servicio de protección y crear las 13 plazas de bomberos pendientes.
Plan de Obras: reclama que el Plan plurianual de Inversiones Municipales esté listo este año, como prometió el PP.
Oficinas comarcales: dotar de los medios necesarios los 13 centros para garantizar la atención al sector ganadero.
Medio ambiente: aprobar la Estrategia de Economía Circular y un plan contra la contaminación del aire.
Transporte: activar las ayudas al sector del transporte profesional ya comprometidas.
Cultura popular: apoyar a los colectivos que divulgan la cultura popular, favorecer estas manifestaciones y proteger los bienes inmateriales.
Escuela rural: incluye una serie de medidas para fortalecer estos centros.
Educación: aumentar la oferta de Formación Profesional y, en el ámbito universitario, firmar un contrato programa plurianual con más presupuesto.
VOX
'Caso Obras Públicas': el Gobierno tendrá que presentar la auditoría antes de fin de año.
Sector público: obliga al Ejecutivo a presentar un plan para su reestructuración.
Dependencia: reclama a la Consejería de Inclusión que cumpla los plazos para la resolución y determinación del grado y que ponga en marchas otras medidas que reclamó en el pasado el Parlamento.
Gasto en personal: deberá detallar en un documento «comprensivo el número de efectivos públicos de cualquier tipo.
Turismo: un documento deberá recoger un modelo de desarrollo de este sector.
Okupas: pide medidas precisas para luchar contra la okupación y que colabore con los municipios para que las víctimas tengan una bonificación del IBI del 100%.
Absentismo laboral: en este ámbito también quiere un plan para «combatir» las cifras de Cantabria, por encima de la media nacional.
Helicóptero medicalizado: fijar un plazo para contar con este nuevo servicio y construir el helipuerto de Valdecilla.
Obesidad: un plan para hacer frente a la obesidad infantil.
Apoyo a familias: las acciones no están concretadas.
En la lista que resume algunas de las iniciativas que salieron ayer adelante no está la número 22 del PSOE, que hablaba de la Atención Primaria. En concreto, reclamando que el gasto sanitario público a este ámbito alcance de manera progresiva el 25% del total, ya que «la Atención Primaria debe ser la piedra angular del sistema de salud». Esta resolución, que incluía ampliar los centros de salud de Polanco, Suances y Colindres y construir uno nuevo en Comillas, quedó fuera. «Apostamos por un modelo de igualdad y justicia social basado en las personas», resumía la exconsejera Álvarez.
En este último capítulo, el de la transparencia y el buen gobierno, puso especial interés Vox. Por ejemplo, reclamando –lo hacía frente al bipartito y lo lleva haciendo toda la legislatura de Buruaga– reducir el número de altos cargos y de empresas públicas.
Después de lamentar que Cantabria no dé signos de capacidad para dar la vuelta a la «decadencia» que arrastra en las últimas décadas y que hace que los jóvenes se sigan yendo a otros territorios, Palacio se quejó de que la reforma fiscal del PP no es lo suficientemente ambiciosa porque los cántabros siguen perdiendo poder impositivo, pidió frenar los parques eólicos terrestres por su impacto y explorar la posibilidad de llevarlos al mar y acelerar el apoyo a la educación concertada con un nuevo cheque de comedor para garantizar a las familias el derecho a la elección de centro, pero ese paquete de medidas no prosperó. También reclamó dar un impulso a la industria en colaboración con la Universidad.
«Somos muy conscientes del problema, no es la primera vez que lo combatimos. Sabemos que los cántabros están hartos de esperar, pero los datos señalan que estamos mejor que hace un año», afirmó la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, el miércoles en el discurso que abrió el debate sobre el estado de la región. Continuó afirmando que los cántabros «esperan mucho menos» para operarse que cuando la Consejería la gestionaba el PSOE. Y daba un dato:la caída de la espera media de 173 días a los 142 actuales. El PSOE no niega que hoy la espera media sea de 142 días, lo que niega es que ellos la dejaran en 173 días. La diputada socialista Nórak Cruz pidió al PP que diga la verdad porque, según los datos del Ministerio, la espera en junio de 2023 era de 142 días, la misma que ahora. Los socialistas aclaran que si realmente Buruaga ha logrado reducir la demora para entrar al quirófano es porque durante sus primeros meses al frente del Gobierno ese dato se disparó. Y precisan que los 173 días que Buruaga recriminaba al PSOE son de diciembre de 2023, cuando ya gobernaba el PP.
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