El Parlamento aprueba la ley que consagra el nuevo modelo para construir en suelo rústico

El consejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa, celebró un texto que garantizará «un bueno futuro» para la actividad económica y a la vez para el desarrollo sostenible de Cantabria, y que además introduce mecanismos para la lucha contra la despoblación. Al regionalista, que entiende que la ley anterior (del PP) ha «sido buena», pero era necesaria adaptarla al siglo XXI, le tocó defender un texto que dista mucho del que envió a la Cámara su departamento. Durante la tramitación parlamentaria se han aceptado 159 enmiendas, más de la mitad de sus compañeros regionalistas y sus socios socialistas. Lejos de ser un problema, afirmó que las aportaciones de los grupos –Cs festejó que muchas de sus sugerencias han sido aceptadas y por eso respalda el documento frente al «inmovilismo popular»– han mejorado la ley. Unas aportaciones de Gobierno y oposición que no han sido suficientes para el PP. No les gustan muchos aspectos, sobre sobre todo los del suelo rústico, ya que entiende que el modelo en vigor hasta ayer «no ha producido daño al territorio, sino que ha sido beneficioso». Así se pronunció el popular Roberto Media, que lamentó que se deja atrás una ley pactada entre PRC y PP por una que tiene el 'no' de un tercio de la Cámara.

«El texto que nos envió el Gobierno era deficiente y lo dicen las 69 enmiendas del bipartito. Se había olvidado de los requerimientos de la Federación de Municipios o de la CEOE», insistió Media, para quien los parches no son suficientes, especialmente en lo que tiene que ver con el uso del suelo rústico. Directamente, acusó a Gochicoa de dar «bandazos» por la presión de unos y otros y defender ayer lo contrario que en septiembre, cuando presentó el borrado. La intención ayer del PP era culpar al PRC de la falta de acuerdo y la del PRC justo lo contrario. «No es una ley rupturista. Tan solo mejora lo que no funcionaba y mantiene lo que funcionaba», dijo Pedro Hernando, que confrontó la actitud del bipartito con la de los populares, que «cuando gobiernan usan su mayoría absoluta para no dejar margen para mejorar las normas». «No querían aprobar esta ley. No se han movido. Lo que querían era que rompieramos el pacto con el PSOE», dicen los regionalistas, que como el PSOE entienden que no afectará a la conservación del territorio. Cs votó 'sí' porque es mejor que la actual, sobre todo después de las enmiendas, aunque «no sea perfecta». Y Vox votó 'no', en síntesis, porque echa en falta más «liberalización, flexibilización, seguridad jurídica y agilidad en los trámites».

Con todo, el modelo que se votó permite construir vivienda unifamiliar en suelo rústico de forma general en municipios de menos de 5.000 habitantes. Lo permite también, pero solo durante dos años, en los de hasta 10.000 vecinos, de ahí que PP y Vox digan que se rompe la igualdad entre cántabros. Y en los municipios intermedios, las licencias solo se darán en los pueblos con menos de 250 viviendas. Además, hay menos exigencias que los que marca la norma a nivel general en los 39 municipios en riesgo de despoblación. Por ejemplo, ahí no se aplicará que la parcela tenga al menos 1.500 metros cuadrados para construir. Además, solo se puede urbanizar una parte máxima de la parcela, que varía en función del tamaño de esta.

La norma, que tiene en frente a colectivos ecologistas y a la izquierda extraparlamentaria, entrará en vigor tras publicarse en el BOC esta semana. Los expedientes que ya están en tramitación no se verán afectados por la nueva ley. Y también entrará en vigor la otra ley que aprobó ayer el Parlamento regional, una norma instrumental que permitirá a los ayuntamientos sumarse al mecanismo creado por el Gobierno autonómico para negociar con las constructoras la revisión de los precios de las obras para evitar que los proyectos queden desiertos debido al aumento de los costes de las materias primas.

El debate político y social durante los casi diez meses de tramitación previos a la aprobación de la Ley del Suelo se ha centrado casi de forma exclusiva en la construcción de viviendas unifamiliares aisladas en terrenos rústicos. El famoso artículo 86, uno de los 297 que tiene el texto que salió ayer adelante. El consejero de Obras Públicas, que hasta última hora consideraba que era posible un consenso que no se alcanzó, insiste en que en los 296 artículos restantes hay un alto grado de acuerdo y que muchas de las enmiendas que se han introducido han sido consensuadas por la oposición.

El regionalista lamentaba que el foco permanente sobre la construcción en suelo no urbanizable ha dificultado ver otras bondades de la norma, que busca modernizar el urbanismo, crear un marco legal más seguro y a la vez simplificar y reducir trámites. Por ejemplo, la ley introduce nuevas herramientas para fomentar la rehabilitación. Lo hace, por ejemplo, con los Panes Especiales de Reforma Interior (PERI), que permitirán actuar en zonas concretas de las localidades sin modificar el Plan General, pensadas para entornos como el Cabildo de Santander o la Puebla Vieja de Laredo. Instrumentos que facilitan la intervención de los ayuntamientos para recuperar edificios o conjuntos monumentales y que allanan el camino para optar a fondos europeos. Los consistorios también tendrán a su disposición fórmulas para impulsar rehabilitaciones forzosas de edificios cuando algún propietario se niegue a actuar. De esta forma, podrán realizar la obra de forma subsidiaria y después pasar la factura.

Gochicoa insiste en que facilita la colocación de energías renovables o reformas para reducir el consumo energético. No solo se simplifican los trámites, sino que además estas instalaciones no computarán a la hora de calcular la edificabilidad o el volumen de suelo máximo utilizable. O permitirá a los municipios prestar suelo público para colocar ascensores en comunidades que no los tienen. El regionalista añade que se pretende, gracias a la reducción de trámites —en teoría, no de garantías– y la mayor ayuda por parte de la administración que los PGOU estén aprobados en un máximo de cuatro años. En el caso de los Planes Singulares de Interés Regional (PSIR), que se utiliza por ejemplo para crear zonas industriales, se tramitarán más rápido, pero a cambio se exigirá un estudio de ubicaciones alternativas que no existía ahora. Y si son privados, para que se inicien el promotr debe tener ya el 50%de los terrenos para evitar especulación o el fracaso de la iniciativa.

El diputado del PSOE Javier García-Oliva rompió la disciplina de voto y rechazó la Ley del Suelo. García-Oliva, que también se descarmó del resto de socialistas en el asunto de la protección del lobo –está a favor de la postura de su formación en Madrid, que es contraria a la de Cantabria– ya pidió la retirada de la norma durante los debates en Comisión y ayer mantuvo su posición. Al contrario de lo que defendió su jefa de grupo, Noelia Cobo, no piensa que con esta ley «Cantabria prosperará, pero no a costa de llenarse de cemento».