Sanidad detecta «notables deficiencias» en la revisión al servicio de ambulancias

El informe, al que ha tenido acceso este periódico, analiza los indicadores de calidad y el grado de cumplimiento del contrato (renovado para cuatro años en febrero de 2018 por valor de 45,1 millones) y describe cada uno de los motivos que merman la valoración del servicio. Un estudio a fondo que venía demandando una parte de los trabajadores -ahora a las puertas de un conflicto laboral por los cambios de horarios introducidos esta semana- y que el Pleno del Parlamento pidió por unanimidad para investigar si había o no irregularidades. En las conclusiones se informa del «inicio de un expediente de reclamación para la subsanación» de los «incumplimientos» observados, que incluyen la reposición de la ambulancia psiquiátrica que se incendió en mayo.

El SCS establecerá un sistema propio de registro y control de los tiempos de respuesta, que ahora no existe. Este análisis se ha realizado con los datos de 2019 aportados por Ambuibérica, como precisa el documento. Y el resultado es contundente: «Los tiempos de demora no cumplen los requisitos establecidos en el contrato». En concreto, señala que ante una llamada de urgencia al 061 se debe movilizar una ambulancia antes de 4 minutos al menos en el 80% de los avisos, pero de media ocurre «sólo en un 50%». Y los retrasos afectan también a los traslados no urgentes, como la vuelta a casa de un paciente tras recibir el alta hospitalaria o tras ser asistido en urgencias, que no deberían exceder las 4 horas de demora y, sin embargo, se reconoce que en ocasiones se superan. También los usuarios que utilizan el transporte programado, bien para acudir a diálisis, a radioterapia, a rehabilitación o a consultas externas, saben que les puede tocar esperar más de la cuenta, y así lo reflejan las estadísticas que aporta la propia auditoría.

Tras revisar las características específicas de los vehículos, que tienen toda la documentación en orden, Sanidad apunta que se han apreciado diferentes carencias. Por ejemplo, en las ambulancias del transporte urgente se constata la ausencia de instalación fija de barras en el techo para la deambulación segura dentro de la cabina, lo «que compromete la estabilidad del personal en los desplazamientos» y supone «una infradotación sobre lo establecido en el pliego». Tampoco cuentan con sirena alternativa de seguridad. Y hay dos vehículos de la flota -uno de intervención rápida y otro de apoyo logístico- cuya antigüedad es superior a la establecida. En cambio, en transporte no urgente, la revisión concluye que los vehículos cumplen los requisitos en cuanto a número de plazas, requerimientos materiales, seguridad y confort, y que todos disponen de un desfibrilador automático, elemento que no exigía el contrato.

El apartado referido a los recursos humanos da otro tirón de orejas a la empresa, después de acceder a partes de incidencias del personal sanitario de las ambulancias de Soporte Vital Avanzado (SVA) que se quejan de que, «sobre todo en periodo de ausencias» los técnicos de emergencias son sustituidos por «personal sin experiencia». Un avance del siguiente punto en la lista de deberes: «Carece de formación para el personal de nueva incorporación y el plan de reciclaje del resto no da respuesta a las competencias necesarias para el desempeño de sus funciones». El informe añade también que «una parte importante» de los servicios -en torno a la mitad de media- «se realiza sin camillero».

De otro lado, el SCS comprueba que «en general el protocolo de limpieza es correcto», aunque reclama su actualización acorde a las recomendaciones del Servicio de Medicina Preventiva de Valdecilla para prevenir infecciones nosocomiales y de gérmenes multirresistentes.

La compañía vallisoletana -integrada en el grupo HTGroup tras su fusión con Emeru- tiene de plazo hasta el 14 de febrero para presentar alegaciones. Y últimamente no recibe más que malas noticias. Hace apenas una semana se encontraba con la sentencia que le insta a contratar un servicio de limpieza especializado para la desinfección a fondo de las ambulancias, descargando de esta tarea a los técnicos. Y en diciembre era el Tribunal Supremo el que confirmaba que el exceso de jornada que acumulaban los profesionales del transporte urgente (061), y que no tenía reflejo en sus nóminas, debía ser considerado como horas extraordinarias. Precisamente, el rechazo al recurso de la empresa que ratificaba la demanda de USO, fue lo que motivó la modificación de condiciones de trabajo que ahora trae en jaque a la plantilla.