Los concursales de Sniace rectifican y analizan si venden a Ence el área forestal

Así figura en un escrito reciente rubricado por José Luis Ramos Fortea y Pedro Vilella presentado ante el tribunal que pilota la desaparición de Sniace. En el mismo, sostienen que «esta Administración Concursal considera que la publicidad -del plan de liquidación- ha sido correcta y no existe ninguna irregularidad en la misma, ni se irroga perjuicio alguno al ofertante Ence. No obstante a los efectos de evitar intención espuria alguna y por el buen fin del proceso de liquidación y en beneficio de la masa, a la sazón finalidad a proteger por parte de la administración concursal, se estima oportuno que de forma excepcional se admita la presentación de la oferta de Ence como si estuviera dentro del plazo y se proceda a su evaluación por parte de la administración concursal».

Ence sostenía que no se había divulgado suficientemente el plan de liquidación. Igualmente, ofertó 9,1 millones en junio, condicionados a que los activos mencionados estuvieran en el mismo estado que cuando se interesó en 2020 por ellos, meses después de la solicitud de cierre por parte de Sniace. Por contra, IBS instó días atrás al Juzgado a la adjudicación efectiva y esgrimió el perjuicio que le estaba suponiendo la retención de los citados ocho millones. Ni disponía del dinero ni del activo, reprobaba. Igualmente, se cuestionaba sobre quién respondería por el potencial perjuicio para los acreedores en caso de que Ence recortara su oferta.

Pero la liquidación de Sniace es más amplia. Después de que en abril se cerrara el primer plazo sin una oferta por la totalidad de la unidad productiva que cumpliera con las condiciones del plan, el resto de bienes volvieron a comercializarse por lotes hasta el 20 de julio. A este respecto, Ramos Fortea y Vilella apuntan que «se han recibido diversas ofertas por varios bienes, que se están analizando y evaluando».

Como tercera pata de este proceso, la subasta de dos fincas encomendada por los administradores a la sociedad especializada Trademat, que se ha prolongado durante un mes y concluyó ayer a mediodía. Como avanzó en exclusiva El Diario, el resultado arrojó una única puja por 500.000 euros más impuestos.

Los bienes enajenados se correspondían con dos fincas, una situada en Santillana del Mar con una extensión de 48.185 m2; y otra en Torrelavega, con una superficie de 23.265 m2.

La oferta, como suele ser habitual en estos casos, se registró escasos minutos antes de expirar el plazo. El precio mínimo de salida era un euro y las pujas debían inscribirse de 1.000 en 1.000 euros. Según figura en la información que acompañaba las ventas, los suelos se comercializan libres de cargas. Trademat retiró a los pocos minutos la subasta de sus productos en venta, aunque antes de este paso exhibía el resultado de la misma.

El autor de la oferta, con iniciales J. F., queda a la espera de la decisión que adopten los propios administradores, pues queda claro que tienen la potestad de dejar desierto este proceso si el montante no satisface un mínimo del valor real de estos terrenos. La tasación supera los 6,48 millones por lo que el resultado de la subasta no alcanza ni el 10% de ese importe. También se puede ceder el remate a un tercero.

El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Industria, ha venido afirmando en las últimas semanas su interés activo por 'tener algo que decir' en el futuro de Sniace. Para ello, enarbolaba la adquisición efectuada a través de la empresa pública Sican (Suelo Industrial de Cantabria), que en enero informó de la compra de tres parcelas de Papelera del Besaya, liquidada, por 425.000 euros y una extensión de unos 15.000 m2 con 4.564 construidos.

Todo ello dentro de los suelos del complejo industrial de Sniace en Torrelavega y por un precio aproximado de 28,3 euros por metro cuadrado.

Sin embargo, cuestionado en su momento sobre la posibilidad de que de nuevo la Administración pujara en la subasta de las dos fincas de Sniace, el titular de Industria, Javier López Marcano, dijo hace un mes que «los gobiernos no tienen como cometido comprar empresas. No es esa la cuestión. No es que lo tenga que comprar el Gobierno. El Gobierno está comprometido en desarrollar suelos industriales, en atraer inversiones, en generar riqueza». Se da la circunstancia de que el inversor que pujó ayer en la subasta 500.000 euros podría hacerse con unas fincas a un precio de 14,29 euros el m2 por un total de 71.450, prácticamente la mitad que en la iniciativa con dinero público.

Los concursales tienen que decidir si aceptan la oferta.