«Corrector, reeducador y protector»; así es el Centro Juvenil de Parayas

Supuesto autor material del crimen de Silvia López Gayubas, el mayor, que mañana va a cumplir los 16, ha sido recluido en el Centro Socio Educativo Juvenil de Cantabria, donde vivirá durante los próximos seis meses en régimen cerrado por orden de la magistrada.

Ubicada en Parayas, Camargo, muy cerca de Santander, a 40 minutos en coche de su hogar, la instalación, que cuenta con un equipo multidisciplinar integrado por trabajadores sociales, educadores, psicólogos, administrativos, personal de limpieza y servicio de vigilancia, dispone de infraestructuras para acoger a un total de 22 menores. Es un correccional, y así se refleja en su página de internet, pero la subdirectora general de Infancia, Adolescencia y Familia, María del Carmen Arce de la Torre, que no quiere llamarlo así, prefiere referirse genéricamente a estos espacios como «residencias de medidas judiciales». Tienen como fin primordial «la reeducación y reinserción social de los menores sometidos a medidas judiciales de internamiento en régimen cerrado, semiabierto y abierto, así como la asistencia social, psicológica y educativa de todos ellos».

El hijo adoptivo de Silvia, que ingresó en el centro de menores a última hora de la tarde del jueves, lo hará en régimen cerrado y sujeto a una medida cautelar, por lo que, según indica Arce, «se le aplicará un modelo individualizado de intervención». Un MII. «Si su ingreso se hubiera efectuado en cumplimiento de una sentencia judicial, se le hubiera aplicado un programa individualizado de ejecución de la medida». Un PIEM.

Ese primer modelo, el MII, «establece una serie de objetivos» que se trazan en todos los campos (social, familiar, educativo...) «haciendo primar siempre el interés del menor», con el que se trabajan los hechos delictivos que haya podido cometer y la asunción de responsabilidades. «Que asuma conciencia de no volver a realizarlos cuando termine la medida y que se responsabilice de los hechos cometidos», subraya Arce.

Pero, antes, el muchacho deberá superar «una primera fase de adaptación a su nuevo entorno» y a todo lo que este involucra; otras reglas, otras costumbres... Amoldarse a una forma de vida muy distinta a la que llevaba en Castro Urdiales hasta hace nada. Y después, abordar «una segunda fase en la que se incorporará a la unidad de hogar», que es el espacio en el que convivirá con el resto de los menores y en el que deberá ceñirse a las reglas de convivencia por las que se rige el correccional.

En este periodo, además, «se atiende el ámbito formativo». La idea, revela la subdirectora, es que el chico pueda retomar sus estudios en el punto en el que estaban cuando los interrumpió y continuar con ellos, un objetivo, este, para el que podrá apoyarse en un educador y que, dado su régimen de internamiento -cerrado- deberá superar realizando sus exámenes a distancia.

También en esta fase, subraya Arce, «se llevan a cabo talleres de competencia psicosocial y de mejora de las habilidades, así como diversas actividades lúdicas, culturales y deportivas adecuadas a las distintas edades de los menores atendidos allí» y que se realizan indistintamente de forma individual y de manera colectiva.

En relación con su hermano, que aún no ha cumplido los 14 años y es, por lo tanto, inimputable, la jueza ha decretado su ingreso en un centro de acogida a instancias de la Fiscalía de Menores, que ya ha remitido las circunstancias del caso y del chico a los Servicios Sociales regionales, a los que ha encargado que promueva las medidas de protección que sean necesarias. Una medida circunstancial cuyo recorrido será más o menos largo dependiendo de la decisión que adopte su familia.