La investigación apunta a que los dos hermanos mataron a su madre en casa y la llevaron al garaje

La Fiscalía de Menores solicitó ayer al Juzgado de Menores que adoptara la medida cautelar de internamiento en régimen cerrado durante seis meses del hermano mayor por estimar que hay indicios de que fue el autor del asesinato. Según informó el Ministerio Público a El Diario Montañés, tras tomarle declaración y haber examinado el informe emitido por el equipo psicosocial, la Fiscalía de Menores puso al chico a disposición del Juzgado de Guardia, en funciones de Juzgado de Menores, que finalmente adoptó la medida cautelar solicitada.

El hermano pequeño, que es inimputable por ser menor de 14 años, ingresó por su parte en un centro de protección de menores.

El relato de los hechos comienza a las nueve menos veinte de la noche del miércoles, cuando los investigadores ubican la muerte de Silvia López Gayubas, de 48 años. Fuentes de la investigación apuntan a una riña doméstica como desencadenante del parricidio. Discusiones que, según vecinos de la urbanización Monte Cerredo, donde residían, eran habituales. «Se escuchaban gritos y discusiones día sí, día también», afirmaba uno de los residentes en la zona, que se encuentra en las inmediaciones de la estación de autobuses de la localidad.

La investigación señala que tras esa discusión los menores golpearon en numerosas ocasiones a su madre, sobre todo en la cabeza, y le clavaron un objeto punzante en el cuello. Todo en el interior del domicilio familiar. Acto seguido la amordazaron y colocaron una bolsa de plástico en la cabeza. Cargaron con ella hasta el garaje y la introdujeron en el asiento trasero del coche. Su intención era huir,pero no sabían conducir, y tras poner en marcha el vehículo, lo empotraron contra la pared del garaje.

Transcurrido todo esto, los hermanos decidieron llamar a la abuela, que vive en un chalé contiguo. En esa breve conversación, le contaron que les habían secuestrado y, después, desconectaron el teléfono móvil. La mujer, alarmada, acudió al domicilio familiar, donde ya no había nadie. Por eso decidió mirar en el garaje, donde encontró el cuerpo sin vida de la víctima. Inmediatamente, llamó a la Guardia Civil y le relató lo sucedido y el mensaje de sus nietos adoptivos.

Agentes de la Benemérita se presentaron en Monte Cerredo y custodiaron el cadáver mientras se ponía en marcha el conocido como operativo jaula, dirigido a acordonar buena parte de la localidad para inspeccionar cada vehículo que saliera en busca de los menores, que supuestamente habían sido secuestrados.

La primera hipótesis apuntaba a un posible crimen de violencia machista,por el modus operandi y porque en ese momento a los hijos se les daba por desaparecidos, pero no tardó en ser descartada porque el marido de la víctima se encontraba trabajando en el turno de noche en una empresa metalúrgica con sede en el País Vasco. A partir de ahí, el dispositivo continuó, centrado en la búsqueda de los menores. Los agentes controlaban los coches, abrían los maleteros y miraban en los asientos traseros. Incluso se inspeccionaron los contenedores de basura, pues había varias conjeturas: los niños podían estar vivos o no. Se movilizó incluso una ambulancia de la DYAante el temor de que pudieran aparecer malheridos.

Transcurridas cinco horas, y sin resultados de la búsqueda, los uniformados localizaron a los jóvenes en los acantilados del parque Cotolino, junto a la playa de Brazomar, en la zona oriental de Castro. Al ver a los agentes se escondieron, pero ya habían sido identificados. Atraparon a uno de ellos. El otro tuvo tiempo de salir corriendo hacia una zona boscosa que hay en el mismo espacio natural, donde lo detuvieron pocos minutos después. En ningún momento confesaron la autoría de los hechos a la Guardia Civil.

Los chavales fueron trasladados de inmediato a la Comandancia del instituto armado en Campogiro (Santander). De forma paralela, los agentes telefonearon al padre para contarle lo sucedido. Ya en ese momento se barajaba la posibilidad de que los hermanos hubieran sido los autores del asesinato. «El hombre no podía creer lo que había pasado», aseguraban fuentes de la investigación. A esas horas –siete de la mañana del jueves– los investigadores sospechaban ya del mayor como autor material de la muerte de su madre adoptiva. Por eso continúa detenido y el pequeño es puesto a disposición de la Fiscalía de Menores.

Desde esas horas la vivienda familiar estuvo custodiada y acordonada. Los medios de comunicación comenzaron a llegar a las ocho de la mañana y los vecinos, abrumados ante la exposición mediática y consternados tras lo sucedido, pasaban por las calles paralelas para no atravesar la vía principal del barrio, que da acceso al garaje donde apareció el cuerpo.

Desde el exterior es imposible ver nada;pero los agentes entraban y salían del lugar. Sobre todo los especialistas de la división científica, que enfundados en sus trajes EPI cargaban con varios maletines con pruebas que servirán para desarrollar las pesquisas sobre unos hechos que aún tienen cuestiones que aclarar. ¿Cuál fue la causa que motivó esa discusión que terminó en este desenlace fatal? Ni la autoridad judicial ni la policial pueden aclararlo aún.

Los investigadores acudieron también al domicilio de la familia, donde recabaron pruebas y hablaron con algunos vecinos de los chalés contiguos, pues se trata de una urbanización de adosados. Buscan el arma homicida. A la hora del cierre de la edición de este periódico todavía no había aparecido después de haber escrutado el domicilio, los alrededores y los contenedores de basura.

A las once de la mañana de ayer, la delegada del Gobierno en Cantabria ofreció una rueda de prensa para confirmar que las sospechas se cernían sobre los dos menores. «Estamos volcados en esclarecer todas las circunstancias que rodean el caso; agradezco la diligencia y el esfuerzo de todos». Manifestó también Eugenia Gómez de Diego su «solidaridad» con la familia de la víctima, y quiso mostrar su apoyo «a los jóvenes involucrados».

La presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, también ofreció una comparecencia para lamentar «la semana negra» que vive Cantabria, en alusión a lo ocurrido el sábado con la muerte de Carlos Cubillas, a lo que se suma lo ocurrido en Castro, «un suceso violento y desgarrador que ha destrozado a una familia y ha sembrado de dolor la localidad». La alcaldesa, Susana Herrán, también manifestó su «consternación por esta trágica noticia». «Nuestro sentimiento es de absoluta tristeza. Es lamentable que ocurran actos así», añadió.

Una vez que los dos jóvenes pasaron a disposición de la Justicia, lo primero que acordó la Fiscalía de Menores fue enviar al niño de 13 años (inimputable) a un centro de protección de menores.

Ya por la tarde, tras tomar declaración al adolescente de 15 años y haber examinado el informe emitido por el equipo psicosocial, el Ministerio Público puso al chaval a disposición del Juzgado de Guardia, en funciones de Juzgado de Menores, solicitando que adoptase la medida cautelar de internamiento en el régimen cerrado durante seis meses por estimar que hay indicios de que fue autor de un delito de asesinato.

Tres horas más tarde, la titular del Juzgado de Instrucción Nº5 de Santander, Mercedes Compostizo, en funciones de guardia, aceptó la petición de la Fiscalía y acordó que el menor sea internado en el Centro Socio-Educativo Juvenil de Parayas. La jurisdicción de menores se encuentra regulada por la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, que en el año 2000 creó los Juzgados de Menores. La instrucción de la causa –práctica de todas las diligencias que se estimen oportunas para esclarecer los hechos– corresponde a la Fiscalía de Menores.