Santander exigirá estudios estructurales a 131 edificios que ocupan la zona incendiada en 1941

Por eso, tras lo sucedido el pasado día 5, cuando 21 vecinos fueron desalojados de sus casas en el número 13 de la calle Isabel II, el Ayuntamiento ha decidido tomar cartas en el asunto. Promoverá una iniciativa por la que resultará obligatorio el estudio pormenorizado de la salud de la estructura para los inmuebles construidos en las décadas de los cuarenta y los cincuenta en el espacio abrasado por el fuego. En total, 131 inmuebles, según los cálculos del Consistorio.

Será un análisis que irá más allá de lo requerido en la actual normativa. «Ahora existe el llamado Informe de Evaluación de Edificios (IEE). Regulado mediante un decreto del Gobierno de Cantabria de 2014, se realiza de forma eminentemente visual, que quizá no sea suficiente para detectar patologías ocultas, como las que se han detectado en el edificio de Isabel II», argumenta el primer teniente de alcalde e ingeniero de Caminos, César Díaz.

Los edificios construidos en los más de 115.000 metros cuadrados de solares devorados por el fuego en 1941, en pleno centro de la ciudad, se levantaron a una velocidad récord y con materiales que no eran los mejores en una época como aquella, en plena posguerra. Muchos se elevaron años después con más plantas de las que contemplaban los planos originales, y todo ello, unido al irremediable deterioro que produce el paso del tiempo, obliga cada vez más a ser cautelosos.

Sucede que las obras en muchas de esas viviendas y en los bajos comerciales pueden haber enmascarado los deterioros. Por ejemplo, una buena mano de pintura tapa las faltas en la superficie de un pilar, pero no refuerza su estructura, por lo que un simple vistazo no es suficiente para evaluar la salud real del edificio.

«Desde el Servicio de Disciplina Urbanística y Malos Estados, ya están analizando el encaje técnico-jurídico para requerir a las comunidades de propietarios de los edificios construidos tras el incendio la realización de un estudio estructural que iría más allá de lo que dispone el IEE», explica Díaz sobre una medida que sería obligatoria.

Las comunidades de propietarios serán las encargadas de realizar y costear estos estudios, «por eso también queremos implicar a la Sociedad de Vivienda y Suelo en esa tarea para que, junto a los servicios municipales, pueda acompañar y asesorar a las comunidades de propietarios. Nuestra intención es contemplar una línea de ayudas municipales para que las comunidades de propietarios puedan afrontar con mayores garantías la elaboración de dicho estudio».

Los vecinos del número 13 de la calle Isabel II se reúnen la semana próxima con los expertos del Ayuntamiento y el ingeniero encargado de la rehabilitación del edificio, Joaquín Calonge, para hablar de la manera en que se acometerá la obra y los plazos que durará la intervención. Un tiempo en que presumiblemente los vecinos no podrán regresar a sus casas por seguridad.