Acabar las obras y recuperar la confianza

Cantabria ha tenido históricamente un sentimiento de agravio respecto a otros territorios en el ámbito de las infraestructuras. La comunidad autónoma fue una de las últimas en contar con una autovía a la Meseta (la A-67) y también peleó con uñas y dientes para disfrutar de una conexión rápida por carretera a Bilbao. Desde que se lograron estos dos hitos, la gran demanda de la región ha sido la alta velocidad a Madrid. Dos décadas llevan los políticos de uno y otro signo hablando del asunto. Por fin, a lo largo de la legislatura nacional que ahora termina, las máquinas han empezado mover tierra entre Reinosa y Palencia, donde llega hasta el momento la línea del AVE. Han comenzado las obras en cinco tramos, pero todos ellos en tierras castellanas, porque desde Alar del Rey hasta Campoo el proyecto va con más retraso.

El ya expresidente Revilla dejó su despacho en Peña Herbosa conforme con el esfuerzo inversor del Gobierno de España en Cantabria. En los Presupuestos Generales del Estado de 2023 se recogen partidas para inversiones en la comunidad autónoma por 296,8 millones de euros, la cantidad más alta por habitante del país, tal y como presumió la delegada del Gobierno, Ainoa Quiñones. En esa cifra no aparece el dinero de las obras del AVE porque se están ejecutando en terreno palentino, pero sí aparecen como grandes actuaciones la del nudo de continuidad de Torrelavega, la reforma integral del Desfiladero de La Hermida o diferentes trabajos que contempla el Plan de Cercanías, que suma 1.252 millones de aquí a 2030 y que incluye también algunas actuaciones como la duplicación de la vía que servirá para la línea de altas prestaciones del AVE a Madrid.

Hay dinero en el Presupuesto, otra cosa es que se ejecute, como vienen criticando desde el PP y Vox cuando los socialistas presumen del avance de los compromisos pendientes con Cantabria. Por ejemplo, en el ramal de continuidad, el Ministerio sólo ha gastado hasta junio un 59% de los 118 millones de las obras del nudo de Torrelavega y Transportes achaca a «causas técnicas imprevistas» por las «inclemencias meteorológicas» el actual retraso de año y medio. En 2021, el último ejercicio completo analizado, el grado de ejecución de las inversiones fue del 48,5%. Es decir, se quedó más de la mitad del dinero sin gastar. Parece que sí que se está ajustando al cronograma inicial la obra de La Hermida y también que, después de muchos retrasos –algunos justificados y la mayoría no–, hay movimientos en la autovía entre Aguilar de Campoo y Burgos (A-73). Esta nueva infraestructura, también en suelo castellano y que servirá para reducir sustancialmente el viaje a Madrid, tiene ya un nuevo tramo abierto y se ha adjudicado otro.

Y también en materia de Carreteras hay otro asunto en el horizonte:la creación del tercer carril entre Polanco e Igollo para ampliar la A-67 y acabar con los problemas de tráfico entre Torrelavega y Santander. Con la mirada puesta en el futuro, aunque a mucho más largo plazo, hay que hablar del tren rápido a Bilbao. El asunto va lento y hay que esperar a que ocurran dos cosas:que Europa decida a lo largo de este año si incluye esta infraestructura en la Red Básica Ampliada, lo que implicaría que la línea optaría a fondos comunitarias y que se inauguraría antes de 2040, y en segundo lugar que el Ministerio se decida por una de las seis alternativas que se analizaron en el estudio preliminar, que fijaba un coste de alrededor de 2.000 millones de euros e incluía paradas en las inmediaciones de Laredo y de Castro Urdiales, como exigía el Gobierno cántabro.

Un gobierno cántabro que está acostumbrado a pedir al Estado, pero que también tiene asuntos pendientes en materia de infraestructuras. Tampoco puede presumir de máxima eficacia a la hora de ejecutar su presupuesto para inversiones reales. En 2022, el Gobierno autonómico gastó 135 de los 167 millones que estaban presupuestados inicialmente entre todas las consejerías, con Obras Públicas como departamento inversor por excelencia. Es decir, 1 de cada 5 euros para construir se quedó sin utilizar y se destinó a cubrir carencias en partidas como las de nóminas o gasto corriente.

La nueva presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga, ha cambiado la denominación de la Consejería de Obras Públicas y ahora se llama de Fomento, pero los asuntos pendientes no han cambiado. Uno de ellos es devolver la confianza al departamento después de que a comienzos de año estallara el 'caso de Obras Públicas', presuntamente el caso de corrupción más importante de la comunidad en las últimas décadas. Mientras avanza la instrucción judicial, en la que están imputados además de un alto funcionario de Carreteras los responsables de cinco empresas que contrataban con la Administración, el PP ya ha encargado la puesta en marcha de una auditoría interna para conocer el alcance del problema. Buruaga y su consejero de Fomento, Roberto Media, se niegan por ahora a crear una comisión de investigación en el Parlamento de Cantabria, como reclama Vox.

Media también tiene pendiente cerrar el nuevo Plan de Carreteras de Cantabria 2023-2030, un documento que sirve para planificar con carácter plurianual las obras públicas de la comunidad autónoma. El PRC dejó el documento muy avanzado, pero ahora el PP tendrá que revisarlo y introducir los cambios que considere oportunos. Lo que ya ha dicho es que, antes de empezar nuevas actuaciones, lo lógico es que se acaben las que figuraban en el plan aún vigente y que no se han ejecutado. Y Buruaga garantiza que el puente entre Requejada y Suances, proyecto estrella que dejó planificado el exconsejero Gochicoa, no se caerá del documento final para el periodo 2023-2030.

Depende del Gobierno, pero no de Fomento, sino de Industria, el desarrollo de La Pasiega, cuyas obras de la primera fase tienen que arrancar de forma inminente. En este sentido, lo que sí tiene que hacer ADIF este mes de agosto es decir si, efectivamente, la estación intermodal es viable. Inversión importante también es la del Mupac, a cargo en este caso de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.

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