La apertura de protocolos de acoso escolar en Cantabria se ha triplicado en los cinco últimos años

Para el consejero, Sergio Silva, estas cifras prueban que Cantabria disfruta de «un buen clima de convivencia escolar y, en general, una convivencia en positivo en los centros educativos». Echando cuentas, y poniendo en relación los alumnos matriculados en enseñanzas no universitarias (92.936), con los expedientes abiertos por acoso escolar, se obtiene un porcentaje mínimo, apenas un 0,1% del total.

No obstante, analizando los datos con un poco más de perspectiva, se aprecia que el número de protocolos por acoso abiertos ha experimentado un incesante y acelerado crecimiento en este último lustro, que no compensa el ligero descenso del curso pasado: en el ejercicio 2017-18 se atendieron 80 consultas, se abrieron 47 expedientes y se confirmaron cinco casos. En el curso 2022-23, con los peores datos, fueron 302 consultas, 146 protocolos y 28 los casos en que se constató esa situación de acoso.

Lourdes Verdeja, presidenta de la Asociación Tolerancia 0 al Bullying, insiste en que los casos de acoso que se denuncian y afloran constituyen una parte mínima de una realidad mucho más dura: en su opinión, el porcentaje de alumnado que en algún momento ha sufrido este tipo de problemas, con una casuística de lo más variada (insultos, humillaciones, exclusión social, agresiones físicas, acoso sexual, ciberacoso...), puede rondar el 10-15%. Considera que podría obtenerse una imagen mucho más fiable si existiese un registro en el área de Salud Mental de los niños que dicen sufrir acoso escolar.

En cualquier caso, Verdeja no discute que, en líneas generales, el clima escolar sea bueno, como afirma el consejero, aunque crea que lo que llega a su departamento es sólo un pálido reflejo de lo que ocurre en las aulas. «El verdadero problema son los casos que se hacen mayores por no saberlos abordar».

La emisión por televisión del vídeo de la agresión a un alumno con discapacidad del instituto Torres Quevedo de Santander por parte de un grupo de compañeros, además de desatar la lógica indignación social, lleva a preguntarse si se trata de un hecho aislado y extraordinario o si, por el contrario, es la prueba del clima de violencia que se vive en las aulas de la región.

«Se trata de que los medios de que disponen los centros sean los correctos y que funcionen -reflexiona Verdeja-; el protocolo antiacoso es la única vía que hay, pero debería haber otras herramientas». Cree que tanto la asociación que preside como otras podrían colaborar, pero dice que no siempre se les deja. «Acabo de salir de un centro en el que la Inspección Educativa ha estado reunida conmigo y con la familia: tanto el inspector como la directora han tenido la mente abierta; lo que intentamos es precisamente eso, crear un puente. Pero en otras ocasiones se les dice a las familias que las queremos utilizar, cuando nosotros no buscamos repercusión mediática y sólo pedimos que se pongan medios».

«El clima escolar es bueno, es lo que transmiten los datos del Observatorio de Convivencia», sostiene Rus Trueba, presidenta del sindicato de profesores ANPE. «Casos como el que se ha conocido esta semana nos hacen pensar que siempre se puede mejorar y que es necesario seguir trabajando en la prevención y en la protección de las víctimas».

«Este caso pone de relieve la necesidad de dotar de recursos a los centros para que tanto las víctimas como los agresores reciban la atención necesaria; que el alumnado vulnerable disponga de estrategias de integración y defensa de sus derechos y que en los agresores se corrija esa actitud. Pedimos un plan estratégico de convivencia escolar que incluya estrategias de detección precoz y erradicación de conductas violentas, instrumentos de prevención que aceleren la activación de protocolos de protección a las víctimas, intervenciones dirigidas al alumnado agresor, que se reactive el Observatorio Estatal de Convivencia para que monitorice la situación de los centros educativos, y que se vele por el cumplimiento estricto del Decreto de Convivencia y las normas de conducta de cada centro. Entendemos también que es preciso poner en marcha un plan de formación específico para el profesorado, enfocado en la prevención y en la detección temprana de los conflictos de convivencia».

María Ángeles Navarro, presidenta del Consejo Escolar de Cantabria, considera que los datos sobre los casos de acoso que manejan el Observatorio de Convivencia y la Consejería de Educación son fieles a la realidad, y cree también que los centros disponen de las herramientas necesarias para luchar contra este problema; otra cosa es que los empleen adecuadamente.

«Si los centros dispusieran en su Plan de Convivencia de programas de prevención del maltrato entre alumnos, esos mismos programas permiten que exista una vigilancia estrecha entre los mismos alumnos. Eso es lo que, a mi juicio, puede impedir que los casos que salen a la luz constituyan la punta de un iceberg. En los centros donde no existen, el protocolo de acoso es la vía a seguir, porque no hay otra forma de averiguar lo que sucede que entrevistando y dando audiencia a las partes».

Navarro habla de la necesidad de hacer de los centros «entornos seguros», algo a lo que pueden contribuir de forma decisiva contar con sistemas de vigilancia y control en sus planes de convivencia. A su juicio, los episodios de maltrato al chico con discapacidad en el Torres Quevedo podrían haberse evitado con medidas como la creación de un círculo de amigos -«gente de clase que se compromete a apoyarle y acompañarle»-, o la implantación del Programa TEI (Tutoría Entre Iguales), en los que unos alumnos se convierten en tutores de otros. «De todas formas, estas situaciones no dejan de ser un reflejo de la realidad y de la sociedad, donde la violencia y la agresividad están creciendo. Pero, como casos de acoso, los datos reflejan que son mínimos».