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La Unión Europea reparte el poder de decisión entre tres instituciones: el Europarlamento en el que están representados los grupos políticos que eligen en las ... urnas los 450 millones de vecinos de la UE, la Comisión Europea que ejerce las labores de poder ejecutivo y los Estados que alcanzan acuerdos en el Consejo de Ministros de cada una de las materias. De estos tres entes dependerá que el tren rápido entre Santander y Bilbao sea incluido finalmente en la revisión de los mapas ferroviarios para que pueda optar a fondos especiales y de que esté en funcionamiento antes de 2040, la fecha en la que deben estar concluidos todos los corredores que conforman la Red Básica Ampliada a lo largo de todo el continente.
¿Cuándo se deshojará la margarita? Según la eurodiputada socialista Isabel García Muñoz, la única española que forma parte de la ponencia de la Cámara que trata la revisión del reglamento que regula la Red Transeuropea de Transporte -está vigente desde 2014 y que ahora se somete a revisión para sumar nuevos trazados e introducir criterios de eficiencia energética y digitalización-, la decisión final se conocerá entre junio y diciembre del año que viene, coincidiendo justamente con la presidencia rotatoria de España en la UE. Y se resolverá mediante el sistema de trílogos, un conjunto de reuniones informales en las que los representantes de cada una de las tres partes se sentará en la mesa con la posición de su respectiva institución y negociará con los otros dos interlocutores hasta dar con un texto de consenso aceptable para todos.
Lo que están haciendo ahora Comisión Europea, Consejo de Ministros -en este caso de Transportes- y Europarlamento es fijar la postura para acudir a ese trílogo. De hecho, los dos primeros actores ya lo han hecho con malas noticias para los intereses de Cantabria. Hace justo un año, el presidente Miguel Ángel Revilla viajó a Bruselas para reclamar al Gobierno comunitario la inclusión de la línea entre Santander y la capital vizcaína y la respuesta fue negativa. La Comisión se mostró muy reacia a introducir modificaciones sustanciales en los mapas por las limitaciones presupuestarias. El segundo revés llegó este mismo lunes cuando los ministros de los 27 aprobaron un documento con su propuesta. Como confirmaba la titular de Transportes, Raquel Sánchez, España había logrado incluir en ese texto muchas de sus aportaciones, pero no el tren a Bilbao.
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Lo que defiende el Gobierno de Cantabria es que estos dos contratiempos se daban ya por descontados. Que forman parte de la «hoja de ruta» esperada y que tiene todas las esperanzas puestas en lo que diga el Europarlamento, que esta semana ya ha mantenido una primera reunión al respecto. A partir de ahora, la eurodiputada García Muñoz hace una estimación de los siguientes pasos: lo primero que tiene que ocurrir es que los parlamentarios del grupo de Transportes, donde ella da voz a todos los socialistas europeos, fije su posición en febrero. Lo hará analizando las 1.900 enmiendas presentadas desde todos los países. Algunas de estas enmiendas entrarán y otras quedarán fuera. Lo que pretende Cantabria es que se acepte la suya -la lleva de la mano de Izaskun Bilbao, del PNV- y las similares que han redactado de forma particular populares y socialistas. «Si todo va bien y no hay mucha discusión entre los grupos, en marzo o como muy tarde en abril esa posición se votará en pleno». Lo que salga del pleno será lo que lleve el Europarlamento al trílogo.
Si el tren a Bilbao no entra ahí, Cantabria ya puede darlo por perdido. La inclusión de esa línea en la Red Básica Ampliada como ramal del corredor Atlántico estaría descartada y seguiría donde ya está, en la Red Global, que fija un horizonte diez años más lejano, en 2050. Y en caso de que sí entre, tampoco se podría cantar victoria porque el Europarlamento tendría que convencer a la Comisión Europea y al Consejo de Ministros de los 27 estados miembros de que varíen su posición inicial ya manifestada. Una parte tendría que esforzarse para torcer el brazo a las otras dos. Eso pasará a partir del próximo junio y antes de diciembre esa posición común tendría que volver a ser ratificada -una segunda vuelta- en el pleno del Europarlamento. García Muñoz entiende que, pese a las dificultades, no sería una batalla perdida si el proyecto cuenta con un apoyo explícito del Gobierno de España.
La eurodiputada explica el significado de que ese momento definitivo coincida con la presidenta de turno de Pedro Sánchez tiene cierta relevancia. España no tendrá más poder de decisión, pero sí moderará los debates y tendrá capacidad de poner asuntos de su interés -en materia infraestructuras o de cualquier tipo- sobre la mesa.
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