La defensa plantea ahora la posibilidad de que Carmen Merino encubra a alguien

El penúltimo capítulo de esta mediática trama, que se desarrolló en la sesión de este jueves, no defraudó a nadie. Mientras que el fiscal y la acusación particular mantuvieron sus conclusiones –el primero pide los 25 años de cárcel y la segunda la prisión permanente revisable–, la defensa insistió en la inocencia de Carmen Merino, y, de forma subsidiaria, es decir, en caso de que la consideren culpable, interesó que sea por encubrimiento, al entender que no hay pruebas para imputarla otro delito.

De esta forma, los miembros del jurado tendrán este viernes sobre la mesa varios posibles finales para un caso que probablemente dé lugar a una novela, una película o incluso una serie televisiva. El primer final y, quizá el más inesperado, sería la declaración de no culpabilidad. El segundo, que la consideren culpable de asesinato, como proponen la acusaciones. El tercero, que el jurado declare a Merino autora de un delito de homicidio, al no quedar acreditada la alevosía que requiere el asesinato, por aquello de que se desconoce cuánto Diazepam había en el cráneo del finado. Y el cuarto final, y que se introdujo este jueves por sorpresa, es que los jurados entiendan que la acusada está encubriendo a alguien.

Tras retirar su petición de 20.000 euros de indemnización para Alfonso Ricondo, primo del fallecido y quien denunció su desaparición, el fiscal del caso, Alejandro Rodríguez, elevó a definitivas sus conclusiones al entender que ha quedado «acreditado» que Carmen Merino acabó con la vida de Jesús Mari en base a «numerosos datos» que son «poderosas evidencias». «Sabemos el quién, el por qué y el cómo, gracias a un trabajo arduo en la fase de instrucción», subrayó.

El representante del Ministerio Público hizo un relato cronológico de los hechos que imputa a Merino, que en su declaración negó su participación y señaló a la amiga a la que entregó la caja con el cráneo e incluso al hermano de Baranda. «Los hechos arrancan el 26 de octubre de 2018 con unas búsquedas que realizó la acusada en su ordenador como 'si seguía cobrando la pensión si desaparecía su marido'. Se anticipó a lo que iba a suceder meses después. El 10 de noviembre realizó otra búsqueda: 'Cuánto tarda en descomponerse un cuerpo'. Se volvió a anticipar a lo que ocurrió después. Y entre el 18 de noviembre y el 4 de febrero de 2019 hizo un acopio de Diazepam. Compró en menos de tres meses 3 cajas de 30 comprimidos de 10 miligramos, un total de 900 mg. Una persona que lo tenía pautado a demanda».

En ese relato cronológico, el fiscal apuntó que el 12 de febrero de 2019 hubo un «problema» en la vida de Carmen Merino porque contacta con un amigo de su hijo y le dice que está «muy preocupada» y que le llame. «También sabemos que después de ese día, la acusada no vuelve a llamar al teléfono de toda la vida de Jesús Mari». Hecho por el que la acusación pública fija la fecha de la muerte del jubilado de la banca en torno al 13 de febrero.

¿Qué pasó a partir de ahí? «Que el 14, 16 y 18 de febrero la señora Merino compró material desinfectante, bolsas de basura y tres botellas de whisky. ¿Por qué? «Lo han explicado las forenses. Porque acabó con la vida del señor Baranda y luego tuvo que descuartizar el cuerpo, eliminando todas las evidencias. No es una psicópata, tuvo que usar el alcohol para poder acometer una tarea macabra, que tuvo lugar en su domicilio».

Del mismo, el fiscal se refirió a la «historia de los viajes» que la acusada contó a los familiares y amigos que preguntaban por Jesús Mari y a la «manipulación» de teléfonos cuyo uso se ha atribuido al desaparecido y que según los peritos «no salieron de Castro», en base a la señal de los repetidores. Además, destacó el hecho de que fuera el primo de la víctima el que denunciara la desaparición y no la acusada, y la reacción de esta al descubrirse la aparición del cráneo. «¿Se habría quedado callada, como hizo, si realmente hubiese sido su amiga la culpable del crimen?». «Su declaración no tiene sentido, carece de lógica y coherencia y lo que busca es intentar echar la culpa a otras personas de lo que ella ha cometido». «Y ahora hay otro cambio de versión. Dice que ha colaborado ocultando pruebas. Eso no lo dijo en su declaración. ¿Cuándo dice la verdad», cuestionó el fiscal.

Por su parte, la abogada de la acusación particular, Ana Quintana, considera que la acusada ha incurrido en «contradicciones» y su relato de los hechos es «inverosímil». «Cuando aparece el cráneo, el 28 de septiembre de 2019, la acusada, en ningún momento defiende su inocencia. ¿Creen que una persona que es inocente no proclama esa inocencia desde el primer momento? Se la detuvo y no declaró. Y cuando la pusieron a disposición judicial tampoco proclamó su inocencia», reprochó esta letrada, que acusó a Merino de «tratar de contaminar el procedimiento, señalando a Carmen Mendoza y al hermano de Jesús Mari». «Es de ciencia ficción que venga con este relato después de tres años».

El último en intervenir fue el abogado defensor, Eduardo García –la acusada no ejerció su derecho a la última palabra–, quien dejó claro que el veredicto debe basarse en «pruebas y hechos» con suficiente «grado de certeza» y no en deducciones, imaginaciones o sospechas. La defensa dividió en cuatro «trincheras» su alegato final. La primera es que «no hay causa de la muerte» porque «no hay prueba». «Y sin saber la causa de la muerte es imposible condenar por homicidio o asesinato». Así, aseveró que sin saber de qué murió ni mediante qué acción, no hay «nexo casual» con el homicidio o asesinato, ya que «descuartizar o decapitar un cadáver no es prueba de matar, es otra cosa».

El segundo pilar de la defensa se basa en que «se desconoce» la autoría del crimen, aunque la muerte fuese violenta. «Decapitar no es la acción de matar, en todo caso sería encubrimiento de pruebas», consideró, pidiendo al jurado que separe los pruebas anteriores a la muerte y las posteriores. Después, planteó la posibilidad de que Merino participase destruyendo pruebas o ocultando al culpable, que no sé quien es, por motivos de «dinero, miedo o amor». Finalmente, consideró que en el «peor escenario posible» se podría condenar a Merino por homicidio, pero «jamás» por asesinato pues «no se puede demostrar la alevosía».

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