El Gobierno ve indicios de «al menos una infracción» de la Ley de Incompatibilidades en el 'caso Renedo'

Como reveló El Diario Montañés, Renedo adjudicó una docena de proyectos y programas relacionados con la formación en igualdad de género, entre 2016 y 2019 y por valor de 78.348 euros, a la empresaria gaditana María Luisa Rebolledo Deschamps. Una vez que terminó aquella legislatura, compaginó su papel de concejala en Ruente con el sector privado, y empezó a trabajar, precisamente, para una de las empresas de Rebolledo, tal y como consta en la declaración de Actividades e Intereses de los altos cargos del Gobierno, publicada el mes pasado en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC). Durante esa etapa, esa empresaria consiguió nuevos contratos públicos en Cantabria, tanto en el Gobierno regional como en concejalías de ayuntamientos del PSOE.

En 2021, Zuloaga contó con ella para volver al Ejecutivo, esta vez como directora general de Juventud. Y menos de un año después, a comienzos de 2022, Renedo volvió a firmar un contrato público con Rebolledo desde su nuevo puesto. Le adjudicó un curso de diversidad afectivo-sexual online por valor de 1.580 euros. Un contrato para el que no hubo ningún licitador más.

Según la Ley de Incompatibilidades de Cantabria, los altos cargos no pueden desarrollar actividades privadas relacionadas con los expedientes en cuya resolución hayan intervenido durante los dos años siguientes a su cese. Y, además, Renedo tampoco hizo constar su inhibición en la declaración de Actividades e Intereses cuando regresó al Gobierno en 2021, lo que le hubiera impedido firmar ese último contrato con la que acababa de ser su jefa en el sector privado.

Pocas horas después de publicarse la información en El Diario Montañés, el pasado 13 de enero, la dirigente socialista dimitió de su cargo y el Ejecutivo puso en marcha una investigación interna. Tras mes y medio de recopilación de información y análisis de las actuaciones de Alicia Renedo, el instructor ha presentado un informe a la Consejería de Presidencia en el que detecta «al menos una posible infracción» de la Ley de Incompatibilidades. Es decir, la causa sigue adelante y entra en la fase de evaluar la gravedad de los hechos.

Uno de los siguientes pasos de la investigación será entrevistar a la propia Alicia Renedo. Y, a partir de ahí, confirmar que existen irregularidades y en qué grado. Según la legislación, pueden encuadrarse como leves, graves o muy graves, con sanciones que van desde una mera amonestación privada hasta la prohibición de ocupar un alto cargo durante un período de entre cinco y diez años, además de la obligación de restituir, en su caso, las cantidades percibidas indebidamente.

El propio Miguel Ángel Revilla, poco después de conocer la investigación de este periódico, reconoció que Renedo «ha vulnerado la Ley de Incompatibilidades, no ha actuado como debía, ni ética ni moralmente, y debe asumir responsabilidades». También el portavoz del PRC en el Parlamento, Pedro Hernando, dijo recientemente que existen «indicios razonables de un posible incumplimiento de la legalidad».

La propia empresaria sobre la que gira esta causa, María Luisa Rebolledo, declaró a El Diario lo siguiente: «Creo que Alicia Renedo no sabía lo de la incompatibilidad de los dos años, si no, no comete esa torpeza. Firmó el contrato por despiste o por ignorancia. Fue un error. Si ha habido irregularidades ha sido por ignorancia o inconsciencia».

Lo que no aparece en el informe que hoy tendrán entre sus manos los miembros del Consejo de Gobierno es la palabra delito. Al menos, de momento, el instructor no menciona posibles hechos con responsabilidad penal, por lo que es pronto para saber si el Ejecutivo llevará el caso a la Fiscalía o lo dará por zanjado con una sanción administrativa.

Para el PP sí está claro que el 'caso Renedo' no acaba con la dimisión y la posible sanción a la exdirectora de Igualdad. Los populares comenzaron una investigación propia que extiende las irregularidades de los contratos a varios ayuntamientos del PSOE, entre ellos Camargo y Piélagos.

«Este asunto es muy oscuro y olía muy mal desde el principio. Tenemos sospechas fundadas de que las adjudicaciones en Juventud e Igualdad son solo la punta del iceberg, y de que estamos ante una trama, ante una maraña de contrataciones masivas a esta empresaria en los municipios socialistas de la región», aseguró la secretaria autonómica del PP, María José González Revuelta.

Pero las responsabilidades van todavía más allá para el PP. El vicepresidente Pablo Zuloaga, tal y como dice la legislación, es «el máximo responsable» y debería haber advertido de la inhibición de Renedo y trasladárselo a la Consejería de Presidencia. «El PSOE debe aclarar el papel de Zuloaga», subrayó González Revuelta. De hecho, en el Pleno parlamentario del próximo lunes se debatirá sobre este punto.