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El PRC ha convertido a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en su bestia negra dentro de un Gobierno central con el que considera que la relación es relativamente fructífera. Igual que en su momento José Blanco fue la diana ... de todos los dardos por paralizar las obras del AVE cuando los regionalistas comenzaban a romper la cordialidad con José Luis Rodríguez Zapatero, durante esta legislatura la enemiga número uno, la que a su entender más atenta contra los intereses de Cantabria, es la responsable de las políticas ambientales. La que ha incluido al lobo en la lista de especies protegidas y ha impedido su caza como mecanismo para minimizar los ataques al ganado.
El PSOE de Cantabria venía sobrellevando esta situación. De hecho, la posición oficial del partido de Zuloaga está más cerca de la del PRC y de las asociaciones ganaderas, que se oponen frontalmente a la prohibición de la caza del lobo, que de la de sus compañeros de Madrid. Un equilibrio difícil que se complica más con las palabras del pasado jueves del consejero de Desarrollo Rural. «La Audiencia nos tendrá que dar la razón o habrá que cambiar el Gobierno (de España) lo antes posible», dijo Guillermo Blanco en la rueda de prensa en la que confirmó que seguiría dando permisos para cazar lobos pese al auto judicial que echa por tierra los permisos actuales. Eso, y que recurriría en todas las instancias judiciales posibles hasta que les den la razón.
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El consejero regionalista elevó el tono contra el Gobierno central y los socialistas cántabros consideran que Blanco ha sobrepasado ya el nivel de enfrentamiento admisible entre dos partidos que son socios de Gobierno en Cantabria y que votan casi siempre lo mismo en Madrid. Hay enfado en el PSOE regional, que ve a Blanco cómodo en la polémica y considera que su intención es sacar rédito político del enfrentamiento. Que prefiere hacerse fotos con el sector antes que buscar soluciones.
Unas soluciones que los socialistas cántabros creen que no puede pasar por una mayor judicialización del conflicto. Más bien todo lo contrario. Por eso piden a la Consejería que no recurra el auto que da la razón a los colectivos ecologistas y que se siente a negociar con el Ministerio. A su entender, de ese diálogo puede salir un acuerdo que permita realizar extracciones selectivas de lobos utilizando algunas de las excepciones a la norma que contempla el reglamento nacional.
«Lo que no se puede hacer es incumplir la ley», señalan fuentes del PSOE, que entienden que lo lógico sería seguir la vía asturiana. En Asturias también se oponen a la prohibición de la caza, pero están cerca de encontrar un acuerdo para matar ejemplares de forma selectiva y legal. El PSOE recuerda que Asturias «ha adaptado su plan de gestión a la nueva estrategia y las solicitudes de extracción que se plantean responden al nuevo protocolo que contiene la misma, de tal manera que tienen una solidez jurídica que no tenía el planteamiento de Cantabria». Allí las solicitudes se han tramitado «con rigor y el aval de los datos de censos» y después de que se hayan aplicado medidas preventivas. Medidas preventivas que, según la Justicia, Cantabria no ha activado.
Parte de la militancia socialista no solo está molesta con Blanco, también con su dirección autonómica. «Tal como lo plantea este señor, o se defiende al Ministerio o se defiende al consejero. ¿El PSOE de Cantabria no tiene nada que decir?», se preguntaba el diputado regional Javier García-Oliva en sus redes sociales.
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