Los móviles de Jesús Mari «no salieron de Castro», según los investigadores

Durante la octava sesión de la vista oral celebrada este martes, los peritos abordaron otros dos asuntos claves en la investigación. Por un lado, todo lo relacionado con los mensajes que supuestamente mandó Jesús Mari cuando se encontraba de viaje (extremo que nadie ha podido confirmar hasta la fecha). Y, por otro lado, todos los movimientos bancarios y las compras que realizó la acusada, una vez que desapareció su pareja sentimental.

La primera conclusión a la que llegaron los investigadores tras el estudio de los terminales móvil asignados al finado es que el 12 de febrero (un día antes de su muerte, según las acusaciones) fue la última vez que dejó de tener actividad su teléfono habitual. En concreto a las 16.05 horas de ese día.

En su declaración del 31 de mayo de 2019 ante la Policía Judicial de Castro Urdiales, Carmen Merino aseguró que el 10 de marzo su pareja regresó del viaje que inicio el 22 de febrero, supuestamente, y que le hizo entrega de un móvil provisto de tarjeta prepago que había adquirido ella misma unas jornadas antes en un establecimiento comercial del centro de Castro, ante la sospecha de que a Jesús Mari se le hubiese estropeado su teléfono habitual. Sin embargo, esa segunda línea que supuestamente usó el finado tras su desaparición registró llamadas entrantes (igualmente redireccionadas al buzón de voz) y solo dos de salida, el 8 de marzo, pero de cero y cinco segundos de duración, por lo que los expertos entienden que no hubo conversación alguna.

Es más, en el estudio de dicha línea telefónica los investigadores establecen dos períodos de uso de ese número, vinculados a dos terminales distintos, entre el 8 de marzo y el 19 de abril de 2019. Y le atribuyen su uso a la acusada, «puesto que durante todo el periodo de activación únicamente se activaron los repetidores de la zona de cobertura correspondiente a la localidad de Castro Urdiales». De esta forma, los agentes de la Guardia Civil desmontan la versión de la acusada sobre que su pareja se encontraba de viaje, como así reflejaban los mensajes que recibían tanto familiares como amigos del finado.

En la sesión de este martes, los agentes que realizaron la investigación ratificaron estos extremos y detallaron que los repetidores que captaron la señal de los móviles asignados al finado se encontraban en el entorno del domicilio de la pareja. Sin embargo, «no podemos determinar el lugar exacto en el que se encontraban los móviles». Y todo ello a raíz de una serie de cuestiones planteadas por la defensa, como que ante una llamada, mensaje o uso de datos la compañía puede «redirecionar» el dispositivo a otros repetidores por motivos de «saturación» del tráfico telefónico en ese momento, con lo que no tiene por qué dar señal el repetidor más cercano. ¿Saben ustedes el área geográfica que recoge los repetidores? ¿Saben si coge el área geográfica de la vivienda de Carmen Mendoza o de los padres de Jesús Mari y Andrés Baranda?, preguntó el letrado de Merino. «No lo sabemos», respondió uno de los agentes. «Lo que sabemos es que el móvil estaba en Castro», zanjó.

Con este planteamiento, el abogado de la acusada afianzaba esa defensa que se basa en que tanto Carmen Medonza como Andrés Baranda están implicados en la muerte de Jesús Mari. Pero hubo un detalle que puso en evidencia esa tesis de la defensa. Y fue el hecho de que la tarjeta SIM del móvil de la acusada se introdujo en uno de los teléfonos desde los que supuestamente Jesús Mari se comunicaba con familiares y amigas durante sus presuntos viajes.

Según detalló uno de los peritos, dicha tarjeta (que almacena en un chip el número y claves de acceso de un usuario) estuvo dentro del terminal de Merino el 9 de abril, el mismo día en el que Alfonso Ricondo denunció ante la Guardia Civil la desaparición de su primo.

El fiscal también preguntó a cerca de una serie de mensajes del 30 de marzo de 2019 que aparecieron en el móvil de la acusada, enviados supuestamente por Jesús Mari para explicar el motivo de su desaparición. Los investigadores apuntaron que «el número del que provienen esos mensajes (un tercer teléfono que la acusada dice desconocer de dónde sacó su novio) y el que los recibe (el de la acusada) están enganchados a una red wifi».

Eso les lleva a los agentes a concluir que ambos terminales se encontraban en manos de la encausada y que era ella quien mandaba los mensajes del finado. Pero, a preguntas de la defensa sobre si saben a qué red wifi se conectaron ambos teléfonos y si era la misma en ambos casos, los agentes reconocieron que «podrían no estar juntos». «Vamos, que uno podría estar en un bar y el otro en una vivienda», puso como ejemplo el letrado de la defensa. A lo que los investigadores respondieron que «podría ser».

En la sesión de este martes también se practicó la pericial relacionada con los movimientos bancarios que realizó presuntamente la acusada tras la desaparición de su pareja. A preguntas del fiscal, los agentes señalaron que hubo dos intentos de sacar 600 euros de un cajero de Castro Urdiales con la tarjeta de crédito de Jesús Mari (14 de febrero y el 4 de marzo de 2019), «pero no se pudo hacer efectivo al introducir el PIN erróneo». Asimismo, el 16 de febrero hubo un intento de extraer 1.000 euros en un cajero con una tarjeta de débito, también del finado, siendo la petición denegada por «exceder del límite», realizándose en el mismo día una nueva operación en el cajero con dicha tarjeta, «intentando extraer esta vez el importe de 600 euros, siendo también denegada al introducir el PIN erróneo».

¿Comprobaron ustedes las cámaras del cajero para ver quién realizó estos intentos?, preguntó un miembro del jurado. «No era posible porque habían pasado nueve meses desde que se produjeron y ya no había imágenes», respondió una agente.

Por otro lado, constan en autos que la acusada realizó, entre marzo y septiembre de 2019, 26 extracciones de 600 euros desde marzo, es decir, 15.600 euros, que, según declaró Carmen Merino, iban destinados a ayudar a su hijo, «que tenía varias deudas por créditos con entidades bancarias», según confirmaron los agentes, que también detallaron que la encausada abrió un mes antes de la desaparición de su novio, una cuenta en otra entidad bancaria, en la que ingresaba su pensión de 700 euros y realizaba compras. Entre ellas, algunas que llamaron la atención de los investigadores como las realizadas en un supermercado los días 14, 16 y 18 de febrero de productos de limpieza como lejía, Volvone... además de varias botellas de Ballantine's. «También hay hasta 81 compras compulsivas por valor de 3.328 euros, con la tarjeta de Merino».