Los peritos desmontan la versión de Merino sobre las búsquedas en internet

En su declaración el primer día del juicio, la encausada intentó descartar la autoría de dichas búsquedas, señalando directamente a su amiga Carmen Mendoza –a la que entregó la caja donde apareció el cráneo–. «Cuando venía a mi casa hacía alguna búsqueda y chateaba», afirmó Merino. Unos hechos que Mendoza desmintió tajantemente cuando le tocó testificar después.

La acusada también apuntó a Andrés Baranda, hermano del fallecido: «Alguna vez entró en el ordenador y vio las fotos de mis hijos». Sin embargo, este también desmintió esa aseveración de Merino. La pregunta que planeó en ese momento fue la siguiente: ¿Cómo habrían accedido ambos al ordenador de la acusada? Según señaló la propia Merino, gracias a las contraseñas que estaban escritas en unos pósit que había junto al ordenador (tenía uno de mesa, otro portátil y una tableta electrónica).

Sin embargo, dos ingenieros informáticos del servicio de Criminalística de la Guardia Civil que comparecieron este lunes en la séptima sesión del juicio desmontaron esta versión de los hechos. Y lo hicieron a preguntas de un miembro del jurado, que a lo largo de las sesiones han planteado cuestiones muy interesantes y esclarecedoras. ¿Estaba anotada en uno de esos pósit la clave de acceso al ordenador? «No», respondió, tajante, uno de los agentes. Lo que sí estaba era la contraseña de acceso a la cuenta de correo electrónico (gmail) de la acusada. Pero ninguna otra que diera acceso a su ordenador.

Los dos agentes también ratificaron que el 12 de abril de 2019 (tres días después de que Alfonso Ricondo denunciara la desaparición de su primo Jesús Mari) se reinstaló el sistema operativo del ordenador de la acusada. ¿Y qué efecto tiene eso sobre los datos que pudiera haber en el ordenador?, preguntó el fiscal. «La pérdida de información que pudiésemos recuperar», respondió.

Sin embargo, los investigadores pudieron recuperar parte del historial web del navegador y las búsquedas que supuestamente realizó la acusada. Algunas de ellas son previas a la desaparición de su novio, como «si mi marido desaparece sigo cobrando la pensión» o «cuánto tiempo tarda en descomponerse un cuerpo». Búsquedas efectuadas en octubre y noviembre de 2018.

Las siguientes búsquedas fueron realizadas días después de que se viese a Jesús Mari por última vez con vida (11 de febrero de 2019). Según los investigadores, la acusada adquirió una motosierra y aceite en una web (18 de febrero de 2019), cuatro días después realizó una búsqueda sobre «cómo montar una sierra eléctrica» y ocho días después (el 26 de febrero de 2019) efectuó varias búsquedas más en Google para conocer «cómo desatascar una motosierra», «así como otras consultas en Youtube para solucionar el problema que se le planteaba».

Siete meses después, el 16 de septiembre de 2019, apenas quince días antes de que su amiga hallase la calavera de Jesús Mari, Merino llevo a cabo, supuestamente, una consulta desde su tableta electrónica con el texto «qué significa el tercio de mejora y ¿cómo se reparte el tercio de mejora?». Todo ello teniendo en cuenta que un año antes su pareja (que no marido) le había incluido en su testamento, otorgándole un tercio de su herencia (las otras dos partes eran para cada uno de sus dos hijos).

Durante la sesión de este lunes también se practicaron las periciales toxicológica y químico-toxicológica a la acusada (en muestras de orina y cabellos) y al cráneo (a partir del análisis de tejidos blandos). En las primeras muestras apreciaron la presencia de diazepam, un ansiolítico «muy común en la población», y un metabolito de un antidepresivo igualmente «muy corriente» para combatir estados depresivos y que suelen recetar los médicos especialistas.

En el caso de las cuatro muestras remitidas de las pocas partes blandas que conservaba el cráneo de Jesús Mari –tejido muscular o adiposo, que no son las «matrices convencionales» para este tipo de análisis–, las dos facultativas detectaron en todas diazepam y en dos de ellas también sus metabolitos. Si bien aseguraron que el estudio fue «muy dificultoso» dadas las pequeñas cantidades de materia blanda que había y lo «degradadas» que estaban, con la presencia de moho y microorganismos, por el tiempo transcurrido y la manipulación a la que fue sometida el cráneo (la acción térmica con un sólido incandescente).

Aún así, detectaron la presencia de dicho fármaco –un pico «considerable», «por encima de los límites» de cuantificación establecidos–, pero sin poder determinar la cantidad ni el efecto que pudo provocar en la víctima. «No se ha podido determinar si tomó una alta cantidad de diazepam y no se sabe si fue en una toma o en varias, ni como le afectó, porque habría que saber la concentración en sangre».

Esta conclusión desmonta la tesis de las acusaciones, que sostienen que la dosis suministrada al finado fue «elevada», y que la acusada lo empleó para dejar a su pareja «adormilado, eliminando de ese modo sus posibilidades de defensa, todo ello con intención de acabar con su vida». Asimismo, las dos peritos aseguraron que «no se encontró ninguna otra sustancia en el cuerpo del finado, pero no se puede decir que no la hubiera».

En la sesión de este lunes también intervinieron los dos agentes de la Guardia Civil que realizaron la inspección ocular de la vivienda de Merino y Baranda y que, a preguntas de la defensa, aseguraron que no apreciaron nada extraño en el piso, como muebles cambiados de sitio o una motosierra. «No la vimos», afirmó uno de ellos. Como tampoco vieron manchas llamativas en paredes, suelos o techos. Aunque emplearon luz forense en una de las habitaciones, el resultado fue negativo.

Estos dos agentes también realizaron una inspección del cráneo en el cuartel de la Benemérita de Castro Urdiales porque había sido trasladado allí y nadie les requirió para ir al domicilio donde se produjo el macabro hallazgo. «Nosotros vamos donde nos dicen», explicaron a preguntas de un miembro del jurado.