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JOSÉ CARLOS ROJO
Santander.
Lunes, 21 de junio 2021, 06:51
El 80% de la población de Cantabria, más de 451.000 habitantes, vive en 20 de sus 102 municipios. Ocupan sólo el 12% de la ... superficie total de la región, mientras que en el 88% restante habitan 188.000 personas. Son cifras que explican por sí solas una tendencia, la del éxodo hacia las ciudades, que no hace más que acentuarse con el paso de los años.
El Gobierno regional ha identificado 39 municipios que tienen mayor riesgo de sufrir esta fuga de vecinos y para frenar la hemorragia puso en marcha en 2019 el Consejo asesor para la Lucha contra el Despoblamiento de los municipios, una entidad que agrupa a esos 39 alcaldes, una representación gubernamental, expertos de la Universidad de Cantabria y otros agentes. «El objetivo es trabajar entre todos, unidos, para buscar soluciones a esta problemática que es muy complicada y que necesita acciones concretas ya», resume la consejera de Presidencia, Paula Fernández, que ha llevado este asunto a la primera página de su agenda.
Este pasado jueves citó en Santander a muchos de estos regidores para presentar el plan para llevar un cajero automático a cada una de los 39 municipios citados. Es la medida para frenar la exclusión bancaria en la que invertirá 500.000 euros: «Lo que no podemos permitir es que para sacar dinero una persona de Los Tojos tenga que recorrer 30 kilómetros», resume Fernández.
CONSEJO ASESOR La puesta en marcha en 2019 de este organismo busca atajar el problema con nuevas medidas
MEDIDAS CONCRETAS Presidencia invertirá 500.000 euros para llevar un cajero automático a cada uno de estos pueblos
FUTURO Los alcaldes buscan aprovechar el tirón de las zonas rurales que ha despertado con el covid
La iniciativa, por sí sola, no resolverá el problema de la despoblación rural, pero ayudará a avanzar en ese sentido. Desde el Departamento de Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Universidad de Cantabria, Pedro Reques asegura que se trata de un problema global, que afecta a todo el país, incluso a Europa. «No es un asunto político, porque su base es económica, pero sus consecuencias sociales, demográficas y territoriales sí requieren una respuesta política», explica. «Desde el Consejo asesor se puede abordar de una manera muy trasversal y coordinada y deben surgir respuestas concretas». continúa.
La clave está en fortalecer pilares clave como la sanidad, la educación, la conectividad, la actividad económica y la vivienda. «Lo que está claro es que si queremos que la gente joven vuelva a los pueblos, tiene que haber trabajo», recalca Leoncio Carrascal, alcalde de Arredondo y miembro del Consejo asesor. «No podemos permitirnos que la burocracia retrase tiempo y tiempo la puesta en marcha de un proyecto emprendedor. En tres meses alguien que quiera ponerse a funcionar con una empresa debería poder hacerlo», resuelve.
La pandemia ha supuesto un pequeño cambio de paradigma en este sentido. Los tres meses de confinamiento terminaron con la paciencia de muchos ciudadanos que, hastiados del encierro, se liaron la manta a la cabeza y se compraron una casa en el pueblo. «Ha habido mucha gente que ha empezado a teletrabajar en las zonas rurales, que ha montado empresas de mascarillas o de hidrogel. Necesitamos ese tipo de emprendimiento», explica Eduardo Gutiérrez, alcalde de San Miguel de Aguayo y también presente en el Consejo asesor. El reto es conseguir que esta compra de viviendas rurales no se limite al fin turístico o al veraneo. «Necesitamos que se queden a vivir», agrega el regidor.
Desde Presidencia se destacan las medidas que ya se han adoptado, como «las ventajas fiscales para el establecimiento de las personas en las zonas rurales; en el ámbito educativo, el incremento de maestros en los colegios de estas zonas y el servicio gratuito de transporte; o los avances del Plan Conecta Cantabria para extender la banda ancha, entre otros», remarca la consejera.
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