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Ferroatlántica se ha visto obligada a cumplir sus peores previsiones y con el nuevo año ha apagado el tercero de los cuatro grandes hornos que posee en el complejo de Boo de Guarnizo (El Astillero). La medida, que ya había sido anunciada a la ... plantilla semanas atrás, obedece a la escalada sin freno del precio de la luz, que se mantiene por encima de los 200 euros el megavatio por hora, lo que igualmente hace «insostenible» la actividad en la factoría cántabra especializada en ferroaleaciones.
La perspectiva, de hecho, pasa por operar a bajas revoluciones durante todo el invierno y aguardar acontecimientos entrada la primavera. La hoja de ruta marcada gira en torno a que en abril puedan suavizarse los costes energéticos y poder entonces elevar las revoluciones de la planta. Así responde el presidente del comité de empresa, Francisco González (USO), cuestionado por El Diario. «Teníamos dos de los cuatro hornos grandes funcionando y uno de ellos se detuvo en la madrugada del lunes. Estará inactivo mínimo hasta marzo por el precio de la luz», anota.
145trabajadores tiene en la actualidad la compañía en las instalaciones cántabras
La representación de los trabajadores recuerda que «tres de los cuatro hornos estarán parados, aunque lo que sí se espera es estar en disposición de poder arrancar hasta tres de las calderas grandes cuando el precio de la luz vuelva a contenerse».
Con esta situación, el personal ha llegado a un acuerdo con la compañía para ir entregando en estas primeras semanas días generados por exceso de jornada. Igualmente se ha brindado la posibilidad de coger vacaciones.
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María Ángeles Samperio Martín
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El Grupo Ferroglobe, según el comité, ya advirtió en diciembre de la necesidad de proceder a esta nueva detención. En paralelo, se está abasteciendo al mercado nacional con la producción de los centros situados en Noruega y en el norte de Francia. «Si no cambia la cosa en marzo mala pinta tendrá porque nuestro negocio no es viable con estos precios de la electricidad. El problema además es que es una cuestión de España, porque la industria en el resto de países tiene una protección que aquí no es tal», completa González.
Esta decisión de producir al 25% de capacidad en Ferroatlántica llega apenas unas semanas después de que Ferroglobe confirmara la adopción de medidas en sus instalaciones nacionales. La corporación especializada en la fabricación de silicio metal y ferroaleaciones participada en un 54% por Grupo Villar Mir lleva más de dos años enviando señales de alerta como gran compañía electrointensiva.
En concreto, a finales de noviembre decidió dejar inactivo un horno en la planta de Sabón (A Coruña), el segundo horno en la fábrica de Boo y reducir la producción alrededor de un 25% en la planta de Monzón (Huesca), modulando la actividad industrial según la volatilidad en el precio de la energía, en máximos en aquellas semanas.
El Grupo explicó en un comunicado que todas estas acciones tenían como objetivo minimizar el impacto del aumento de los costes energéticos en España, al mismo tiempo que permitían satisfacer las obligaciones comerciales con los clientes.
Arrancar de nuevo un horno no es asunto menor. En el caso cántabro implica un coste de 60.000 euros, tres semanas para su rendimiento óptimo y 20 operarios.
El cierre de 2021 no trajo buenas noticias para el sector electrointensivo nacional, que aglutina a buena parte de la gran industria española. Lejos de cerrarse el diferencial eléctrico con países como Francia o Alemania, la distancia siguió agrandándose en relación a 12 meses antes. En concreto, la factura a finales del año recién terminado era un 140% mayor en las fábricas españolas que en las galas, así como un 50% superior a las alemanas.
Una distancia que, en un contexto global y donde los centros de producción cada vez están más deslocalizados, trae de cabeza a los directivos españoles.
Más si cabe cuando las medidas del Gobierno central se están revelando ineficaces para aliviar las tribulaciones de las grandes factorías. Como ejemplo paradigmático, el Estatuto Electrointensivo, cuya configuración introdujo un mayor número de beneficiarios, mientras las instalaciones con un mayor consumo no recibían los incentivos que esperaban durante la tramitación del tan ansiado documento.
El sector, representado por la Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía (AEGE), ya no sabe cómo denunciar su delicada situación. Uno de los últimos movimientos fue un manifiesto al que se adhirieron varios gobiernos autonómicos, incluido el Ejecutivo cántabro, reclamando luz más barata.
En juego está la supervivencia, aducen de forma clara. Entre las medidas pedidas: contratos a precio estable, bonificaciones fiscales o ERTE en caso de subidas de la electricidad.
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