Igollo utilizó maquinaria pesada para las obras sin licencia en el área de El Juyo

Luego llegaron los trabajos en la zona. Después de eludir los cauces obligados por norma de la Administración, Igollo comenzó su particular lavado de cara en las inmediaciones de la gruta ejecutando movimientos de tierra, rellenando y allanando una gran superficie de terreno con toneladas de grava a modo de pavimento todo en uno, lo que podría haber alterado gravemente el cauce natural de las aguas de un arroyo que desciende por la colina y se sume en el interior de la cueva.

Mientras un equipo de geólogos de la Universidad de Cantabria (UC) indaga en torno al alcance de estos daños –por encargo de Patrimonio–, hay algo que ya está más que claro a estas alturas: la Junta de Igollo y la Fundación Naturaleza y Hombre, que hasta ahora se han responsabilizado entre sí, llevaron maquinaria pesada al entorno protegido de El Juyo para acometer estas labores, las mismas que, por otro lado, se hicieron a espaldas del Ayuntamiento de Camargo y el Gobierno de Cantabria.

Todo eso ocurrió a finales de 2018. Nadie con mando en plaza en el Gobierno de Cantabria pareció saber nada hasta más de dos años después, hasta este pasado enero, cuando un soplao surgido en las inmediaciones de la gruta, primero, y un argayo en la ladera de una colina cercana, después, llamaron poderosamente la atención de Peña Herbosa.

Lo que arrojan los primeros estudios arqueológicos de la Dirección General de Patrimonio no es poco:una pedanía actuó a espaldas de la Administración, sin autorización, para acometer una obra en un entorno protegido por la ley. Pero todavía falta resolver otra pata fundamental de este asunto: ¿De qué gravedad son los daños que se provocaron en la cavidad? Y algo no menos importante: ¿Cómo se castigan en el Código Penal?

Los daños al Patrimonio Histórico y Cultural están tipificados como delito en el Código Penal, incluso cuando se ocasionan por imprudencia. Todas las sanciones relacionadas se detallan en la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria, que, para hacerse una idea, establece multas «desde los 100 euros –cuando no existan daños al Patrimonio pero sí se haya realizado una actividad arqueológica sin autorización– hasta los 150.000, cuando sí hayan provocado daños al estado del bien protegido, en este caso la cueva.

Si se vulnera el patrimonio, los castigos pasan a ser mucho más duros. Por ejemplo, en su artículo 323, la norma llega a hablar incluso de penas de prisión de seis meses a tres años –o multa de 12 a 24 meses– en aquellos casos en los que se causen daños en bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental, o en yacimientos arqueológicos, terrestres o subacuáticos. El artículo siguiente, el 324, también aborda el tema cuando el móvil es la «imprudencia grave». En esos casos, el que cause daños en el patrimonio en cuantía superior a 400 euros será castigado con la pena de multa de tres a 18 meses, atendiendo a la importancia de los mismos».

Hace más de un mes desde que los expertos de la Universidad de Cantabria echaron un primer vistazo en los alrededores de El Juyo, desde el propio acceso hasta la hendidura aparecida a unos 300-400 metros de su núcleo, en una colina entre el barrio El Juyo y Las Canteras hasta su entorno inmediato en las fechas siguientes.

Pero su labor fundamental, y de que la que se encuentran pendientes decenas de vecinos de la pedanía, se centra en el interior, conocer el calado real de los daños perpetrados en El Juyo, cobijo de una amplia secuencia del Magdaleniense Inferior Cantábrico, de entre 16.500 a 14.000 años de antigüedad y reconocida como uno de los lugares sagrados más antiguos de todo el mundo.