La Guardia Civil investigaba desde abril la desaparición de Jesús María Baranda en Castro

Esos son dos de los interrogantes que se hacen en Castro Urdiales los amigos y vecinos de este exempleado de banca de 67 años muerto presuntamente a manos de su novia, Carmen Merino, de 61 años, aunque no se descarte la posible participación de terceras personas a tenor de la forma en que su cuerpo fue decapitado y el resto del cadáver ocultado hasta el punto de que sigue sin aparecer. Pero las respuestas son sencillas: la Guardia Civil sí investigaba. Al menos lo hacía desde la segunda semana de abril, cuando los primos de la víctima presentaron una denuncia, confirmó ayer un pariente. Y fuentes próximas al caso apuntan que a nivel policial ya se habría tomado nota desde días antes de las dudas que trasladaban los allegados en el cuartel y el juzgado; sospechas sobre la falta de datos del paradero del pensionista y los mensajes que aparentemente éste les enviaba a sus móviles, improbables, carentes del léxico y la confianza que hubiera puesto en su redacción.

Se cree que Carmen Merino entregó la cabeza a una amiga dentro de una caja, bajo promesa de que no la abriría, al presumir que la Guardia Civil podía interesarse por la ausencia de su novio. Según ha averiguado este periódico, algunos agentes acudieron al piso de la calle Padre Basabe donde ambos vivían para recoger una muestra de ADN del desaparecido. También le pidieron a Carmen el móvil de él, pero dijo que se le había roto. Por eso, según su relato, el hombre, «de viaje en Asturias y Galicia», se hizo con un teléfono prepago con el que respondía a los mensajes. La Guardia Civil llamó a ese número. Contestó una mujer desde Barcelona. Posiblemente, alguien a quien la operadora asignó el número después de que el terminal fuera desactivado. Carmen hizo tres movimientos bancarios en las cuentas de su pareja. Todo quedó registrado. Y los agentes habrían vigilado otros detalles cómo el uso del coche del desaparecido por parte de ella.

Los calendarios son siempre bidireccionales. Mientras Carmen pensaba probablemente que las semanas transcurridas desde los hechos la distanciaban del riesgo de ser descubierta, el tiempo jugaba en su contra. Una persona que desaparece voluntariamente puede pasar desapercibida entre veinte días y dos meses si se mantiene alejada de cualquier actividad que denote su existencia o ubicación. «Pero a partir de ahí lo normal es que dejé ya un rastro, bien de móvil o de una tarjeta bancaria», afirma un experto en este tipo de denuncias.

«No me da la impresión de que se haya hecho algo mal en este caso», asevera Francisco Javier Nodar, portavoz de la Unión de Guardias Civiles tras dejar claro su desconocimiento sobre los detalles ya que «está judicializado». «Es muy difícil que no se hiciera nada. Lo que sucede a veces es que tienes una sospecha, pero debes esperar a que suceda algo que te conduzca a una hipótesis u otra», añade. «Si acaso, lo único a analizar es si la familia está sin respuestas porque nadie se ha planteado ir a explicarles qué se hizo para intentar dar con su allegado».

Los expertos consultados están convencidos de que la inspección hecha en el piso puede arrojar resultados concluyentes. Se trata de un registro muy técnico. La Guardia Civil es consciente de que en la casa hay restos biológicos de la víctima ya que vivía en ella, y lo que busca son otros rastros vinculados a la manipulación de un cadáver, desde determinados fluidos a residuos de sange en las tuberías. Los mandos del Cuerpo enviaron ayer una circular a todas las unidades donde recuerdan la prohibición de suministrar información a los medios y filtrar datos, castigado con sanciones disciplinarias e incluso penales.

Jesús Mari tenía varios parientes en Castro, Sámano y Helguera, que reconocen su desesperación cuando desde los juzgados o el instituto armado les comentaban al principio que la ausencia «entraba dentro de los parámetros de ser voluntaria», explicó ayer uno de sus primos. Lo mismo pensaron otros conocidos y vecinos de la pareja. ¿Por qué? Quizás por un patrón inconsciente.

El protocolo oficial considera desapariciones de alto riesgo las de los menores o los mayores cuyas facultades mentales sufren una merma. En Cantabria hubo el año pasado 83 denuncias; dos de riesgo alto confirmado y el resto, limitado. Pero en el caso de alguien como el exempleado de banca, con salud, bien valorado y con una posición económica desahogada, «la sensación más extendida es que se trata de un asunto privado».

Algunas asociaciones vinculadas a las alertas por desaparición reclaman aquí una mayor «pedagogía» y una revisión de los baremos de peligrosidad ante una radiografía social que sangra. Montserrat Terruella, presidenta de Inter-SOS, advierte que este crimen, más allá de la desaparición, «es violencia de género. No debemos sospechar de nadie, pero en algunas desapariciones se trata de tener una sensibilidad sobre los matices. Cada vez vemos más personas que, en su privacidad, están en un grave riesgo sin saberlo».