Los presupuestos de Castro por los que están acusados nueve exediles «no eran ilegales»

Esos informes en los que pivota la acusación pública –no hay acusación particular en este caso– los emitió el actual interventor municipal de Castro Urdiales, Fernando Martínez de Arriba, que ayer compareció en la sexta sesión del juicio que se celebra en la Sección Primera de la Audiencia Provincial y aseveró que los citados presupuestos «no eran ilegales» y que «no existen partidas presupuestarias ilegales».

A preguntas del fiscal, Martínez de Arriba explicó que lo que él puso de manifiesto en su momento es que «algunas partidas podrían dar lugar a ilegalidades, pero no existen partidas ilegales», insistió. «Presupuestar el complemento de productividad es correcto, lo que no es correcto es desarrollarlo conforme al criterio establecido. Lo importante son los actos administrativos derivados de la ejecución del presupuesto. Esos son los que yo reparo y donde la ley dice que se suspende la tramitación, y que se pueden levantar los reparos o hacer consulta al Consejo de Estado... Ahí es donde hago el control financiero de legalidad».

Esos complementos de productividad que la Fiscalía tacha de ilegales estaban recogidos, como han confirmado varios testigos hasta ahora, en un convenio colectivo municipal de finales del siglo XX. El interventor municipal reconoció ayer que intentaron en 2004 la nulidad de pleno derecho del citado convenio, pero el Consejo de Estado indicó que había que ir por la vía de la negociación bilateral, «que es lo que se ha hecho y se han ido quitando esas ayudas (complementos) que se dieron durante años». «Pero seguimos funcionando con el mismo convenio», aclaró, en consonancia con lo que testificó la semana pasada el exedil Salvador Hierro.

Cuando el fiscal preguntó directamente sobre el encaje legal de esos complementos de la bolsa de Navidad, Coso Blanco... el interventor aseguró que era «pagos atípicos», que «no permite la ley» y los «reparaba».

Sin embargo, el momento clave de la sesión de ayer vino de la mano del abogado Agustín Fernández, quien mostró en el plenario varios fragmentos de las sesiones de pleno en las que se aprobaron los presupuestos de Castro de 2008 y 2009, por el que están acusados tanto él como ocho exediles.

En la sesión en la que se aprobó el presupuesto de 2008 se escucha al interventor municipal –el que declaró ayer– afirmar que «si se siguen realizando determinadas cuestiones en materia de personal, yo entiendo que son ilegales, como la distribución del complemento de productividad. Pero eso no quiere decir que el presupuesto sea ilegal. Lo que puede ser ilegal es el desarrollo y ejecución del presupuesto en un futuro, si se sigue continuando con las mismas actuaciones».

Por otro lado, en la sesión en la que se aprueba el presupuesto de 2009, también interviene Martínez de Arriba para asegurar que «este presupuestos está inflado, pero es mejor este presupuesto que no tener presupuesto y es mejor aprobarlo ahora que no aprobarlo».

Tras visionar las imágenes en las que se recogían las reflexiones que hizo en 2008 y y 2009, el interventor aseguró que coinciden con lo que manifestó ayer y aclaró, a preguntas del letrado de Concepción Carranza, que «los ediles no pueden quitar partidas si se prorrogan los presupuestos y que las partidas presupuestarias no definen en sí la legalidad».