La Confederación da luz verde a la vía provisional para hacer el soterramiento

El alcalde, Javier López Estrada, ha mostrado su satisfacción por el avance: «Este era el último paso que le faltaba a Adif para aprobar esta obra y sacarla a concurso público. Se sigue cumpliendo así el cronograma marcado tras conseguir la pasada primavera la declaración favorable de impacto ambiental y la aprobación del estudio informativo».

El informe de la CHC es favorable, pero no está exento de reparos. El organismo, que se encarga de las tareas de planificación hidrológica, deja claro que, si bien con la información disponible pudiera considerarse que con la ejecución de la vía auxiliar no se agrava de manera significativa la inundabilidad preexistente en el entorno, en la resolución que dicte en la autorización administrativa previa a las obras «se podrán establecer condiciones y exigencias adicionales».

En todo caso, la CHC considera necesaria la inclusión de medidas correctoras adicionales y otras destinadas a mejorar la permeabilidad de la infraestructura, con el objetivo de mantener el grado de inundabilidad en la zona de actuación «con la variación mínima posible». El informe recuerda que el soterramiento de la línea férrea supondrá un incremento de la inundabilidad en el núcleo urbano. Concretamente, el volumen de agua embalsada subirá un 32%; se incrementará un 2% la extensión de la zona inundable para avenidas de periodo de retorno de 500 años; y se producirá un aumento del calado de la lámina de inundación de entre 30 y 40 centímetros, aproximadamente.

Adif presentó el pasado mes de julio el proyecto constructivo de la vía auxiliar, que funcionará durante al menos cuatro años. Con el documento, la hoja de ruta para levantar esta infraestructura quedó más clara. El presupuesto de licitación es superior a los 4,5 millones de euros y el plazo de ejecución se fija en doce meses. Si no hay más retrasos, los trabajos comenzarán en 2023.

También quedó definitivamente definido el trazado. La vía auxiliar se construirá en la zona norte del Bulevar Ronda, justo entre el puente ferroviario sobre el río Besaya en Torres y la rotonda de La Inmobiliaria, ocupando la parte de la acera más próxima al cauce fluvial.

Ese es sólo uno de los espacios que entra en colisión con el desarrollo de estas labores, que impedirán el acceso de tráfico peatonal y rodado desde la zona de la fábrica de Aspla hasta el complejo deportivo Óscar Freire y la conexión con la autovía A-8. Con todo, una «estructura efímera» contemplada en el proyecto podrá dar continuidad a la movilidad de los peatones en la zona. Igualmente, se verán afectadas las pistas de skate de La Lechera, que serán trasladadas, así como la rotonda situada junto a Aspla. «En principio, la circulación se mantendrá en ambos sentidos, aunque los peatones deberán transitar por la acera interior», explicó el regidor durante la presentación del proyecto.

El primer documento para hacer realidad el soterramiento en Torrelavega se firmó en mayo de 2011 en el Ministerio de Fomento. Concretamente, se rubricó el protocolo de integración ferroviaria de la ciudad, que establecía el marco general, las pautas y la metodología que debían regular las relaciones entre las tres administraciones implicadas (estatal, regional y municipal).

Aquel acuerdo quedó guardado después en un cajón y el convenio definitivo no se firmó hasta abril de 2018, siendo ministro de Fomento el cántabro Íñigo de la Serna. Se pactó entonces la financiación (Gobierno de España 50%; Gobierno de Cantabria 30% y Ayuntamiento de Torrelavega 20%). Además, Fomento se hizo cargo de los estudios y proyectos necesarios para realizar la obra, valorada entonces en 80 millones de euros.