Guerra abierta contra la burocracia

¿Cómo se hace eso? Pues habrá que verlo porque el bipartito también introdujo en su Ley del Suelo un máximo legal de tres meses para que los ayuntamientos resolvieran los permisos de obra y la Asociación de Constructores se queja de que no ha servido para nada. Municipios como Santander hacen oídos sordos y la capital llega a tardar hasta diez meses, más del triple de lo permitido. En relación a los tiempos de la administración la propia Urrutia fue muy crítica como diputada de la oposición durante la pasada legislatura con el retraso que tenían que soportar los ciudadanos que solicitaban el carné de familia numerosa, algo que el anterior Ejecutivo achacaba a la falta puntual de personal.

«La Administración no puede ser nunca un problema para los ciudadanos: debe aportar siempre la solución. Para ello, tiene que dejar de ser intervencionista para convertirse en posibilista», defendía el PP en campaña, que lamentaba que esta falta de eficacia y eficiencia de lo público se estuviera convirtiendo en un freno al desarrollo económico y a la inversión privada. Eso es lo que quiere revertir el Gobierno.

Lo que ocurre es que el PP también hablaba en su programa de atajar el «sobredimensionamiento de las consejerías, entes dependientes y cargos públicos» y por ahora va por el camino contrario. Buruaga ha mantenido básicamente el mismo organigrama que tenía el Gobierno PRC-PSOE. Continúa con el mismo número de consejerías (nueve) y apenas hay cambio en el número de altos cargos del bipartito, que suponen una factura anual de 7,3 millones de euros en sueldos. Fueron los regionalistas y socialistas los que en 2019 incrementaron la cifra de directores generales y puestos de designación directa (de 92 a 114, lo que supuso un gasto adicional de 1,9 millones), pero ahora el PP no lo ha reducido.

La presidenta regional sí ha prometido «fusionar fundaciones o empresas públicas que tienen objetivos coincidentes o que se solapan o duplican competencias», aunque avisa de que se abordará «con más calma una vez que hayamos empezado a funcionar». En este momento hay activos 33 entes de este tipo entre organismos autónomos dependientes de consejerías (4), fundaciones y consorcios (12), empresas públicas participadas por el Gobierno (14), entidades con personalidad jurídica y fondos (3).

Si la reducción de las trabas administrativas es una de las demandas históricas de la CEOE-Cepyme al Gobierno regional, la otra es que la administración pague en tiempo y forma. Este segundo punto se lo encuentra el PP ya resuelto. Después de mucho tiempo con el periodo medio de pago a proveedores disparado por encima del límite máximo de 30 días -llegó a sobrepasar los cuatro meses-, el bipartito sí tuvo éxito en su contención. Lo logró la exconsejera de Economía María Sánchez y después lo mantuvo a raya su sucesora, Ana Belén Álvarez. En este momento, el último dato actualizado, el del mes de junio, dice que Cantabria paga de media a 15,8 días, una de las mejores tasas del país.

Donde no cumplió el bipartito fue en su compromiso de crear un Consejo de Seguimiento de las empresas públicas. Álvarez inició el proceso, pero lo dejó a la mitad. Ahora, el PP garantiza que lo pondrá en marcha este organismo.

Después de que el Tribunal de Cuentas echara en cara a Cantabria su falta de transparencia en el acceso a la información institucional y muy especialmente en lo que tiene que ver con el entramado de entes y empresas públicas, el nuevo Ejecutivo se compromete ahora a desarrollar la Ley de Transparencia regional «cumpliendo con todas las medidas que impone y en todas las áreas de gobierno y estableceremos un sistema de rendición de cuentas de las políticas públicas aprobadas». En esa misma línea va la idea de modernizar el portal de transparencia de Cantabria y la modificación del Reglamento del Parlamento para «introducir medidas más rápidas y urgentes en materia de control al Gobierno de Cantabria e implementar las medidas de Transparencia en la actividad pública».

El PP, como el resto de partidos de la oposición, fue muy crítico con el bipartito en relación a los procesos de contratación en la administración regional. Ejemplo de ello son la batería de iniciativas que se pusieron en marcha para preguntar sobre las sentencias contra Cantur por su política de personal. Después de 30 años de vigencia de la norma actual, a los populares les tocará crear una nueva Ley de Función Pública que ponga como punto de partida la «negociación previa de los representantes de los trabajadores y que recoja las necesidades de la función pública de Cantabria y desarrolle el Estatuto Básico del Empleado Público». También del departamento de Urrutia dependerá el compromiso de aprobar «Ofertas de Empleo en las entidades del Sector Público Institucional, incluidas las empresas públicas, en las que se cumpla con los requisitos de publicidad, mérito y capacidad».