Menos listas de espera y mejor salud mental

'Sanidad pública con más servicios y sin listas de espera' lleva por título ese apartado del pacto, en el que no falta un plan de choque para fortalecer la Atención Primaria, una mejora de los plazos para las intervenciones quirúrgicas, el incremento de las prestaciones -salud bucodental, visual y mental-, también el de las plazas de profesionales, entre otros muchos retos.

«Si esto se desarrolla y se nos da el presupuesto adecuado, se trata de algo muy positivo para la región -reconoce Raba-. En Cantabria tenemos todos estos problemas: hay necesidad de una mejor atención a la salud mental; sería muy positivo extender la cartera de servicios de salud a la salud bucodental -en este caso se trataría de extenderlo-, visual y mental, y también lo sería mejorar los tiempos de espera de los pacientes respecto a lo ya recogido en la Ley de Garantías. Con el apoyo económico preciso contamos con suficiente músculo público-privado para llevarlo a cabo».

El representante del Sindicato Médico -en la Consejería de Salud nadie quiso comentar el contenido del pacto «hasta que no se concrete»- apuntó que garantizar esos tiempos máximos de atención al paciente, que en el caso de Cantabria supondría rebajar de 180 a 120 días el plazo de espera para una operación, «favorece o fomenta la colaboración público-privada».

La salud mental es otra de las grandes cuestiones pendientes. «Espero que se le dé un impulso enorme, porque este país sufre una auténtica epidemia de suicidios que se está ocultando. Según una teoría que hay por ahí, dar visibilidad a este problema lo fomenta, pero hay numerosos estudios que dicen lo contrario. La realidad es que cada día se registran diez o doce suicidios en España, más víctimas de las que causa la violencia de género o los accidentes de tráfico».

No comparte, en cambio, la idea del Gobierno de aumentar las plazas universitarias de Medicina para que haya más médicos disponibles. «España es el segundo país del mundo que más médicos forma, después de Corea del Sur. Lo que tenemos es un tapón en el acceso a estudiar el MIR. Ahora mismo estamos viendo que hay especialidades en las que sobran médicos y otras en las que faltan: hay que adecuar la oferta y la demanda».

En el área de la dependencia, se exige que el Estado financie el 50% mientras se pone en marcha una Estrategia de Desinstitucionalización, y priorizando la atención domiciliaria frente a la residencial, garantizando a la vez el cumplimiento del Acuerdo de Acreditación, con el nuevo modelo de residencias.

Rubén Otero, presidente de la Federación de Dependencia de Cantabria (FED), recuerda que esa financiación al 50% ya se preveía desde la aprobación de la Ley de Dependencia, hace casi veinte años. «El dinero no está llegando acorde a la financiación, y el Gobierno de Cantabria tiene que aportar más del que le corresponde para financiar los servicios». Y respecto al nuevo modelo de residencia, sobre el que ya se viene trabajando en la región, insiste en la necesidad de financiación. «No puede hacerse si no lo acompaña con un estudio económico de lo que cuesta la construcción y los servicios, porque lleva aparejado más personal: todo cuesta dinero, y hay que pagarlo».

Respecto a la idea de desinstitucionalizar, Otero opina que debe ser el usuario el que decida qué servicio precisa. «Tiene que escoger el usuario, no la Administración. No pueden impedir que vaya al servicio que demanda y necesita». Al responsable de la FED le da la impresión de que, de ese modo, se traslada la idea de que las residencias son malas y que la gente debe estar en su casa. «Yo lo que digo es que la gente tiene que decidir dónde quiere estar, y la gente quiere ir a las residencias porque saben que allí se les trata bien».