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Dentro de su paquete de medidas para hacer frente a la subida de precios y para mitigar su efecto en el bolsillo de los ciudadanos, el Gobierno central puso en marcha el 1 de septiembre del año pasado una medida imaginativa:implantar un abono gratuito ... para los usuarios habituales de la red de Cercanías. Bastaba con dejar en depósito diez euros y si el pasajero realizaba al menos 16 viajes a lo largo de cuatro meses, Renfe le devolvía la fianza. Ante la buena acogida de la iniciativa, y en vista de que la inflación seguía disparada, los ministerios de Transportes y Hacienda decidieron prorrogarla durante todo 2023. Salvo nueva orden, la medida caducará el 31 de diciembre. Ocurrirá en toda España, menos en Cantabria y Asturias, donde se prorrogará hasta que lleguen los nuevos trenes para mejorar las líneas de ancho métrico que tenían que estar funcionando este año y que se retrasarán tres años como consecuencia del garrafal error en el contrato que ha llevado a la dimisión de la secretario de Estado de Transportes y el presidente de Renfe.
Esa era la principial reivindicación con la que fueron el lunes a Madrid los presidentes Revilla y Barbón y lograron arrancar el compromiso a la ministra Raquel Sánchez. Todo para compensar a los usuarios, que seguirán sufriendo las consecuencias en forma de averías y un servicio deficiente por la antigüedad –la edad media ronda los 30 años y algunos superan el máximo legal de 40 años– de los actuales trenes. De hecho, aunque la fecha de referencia para la llegada de las primeras nuevas máquinas es 2026, se extenderá en el tiempo hasta que llegue la última de las 21 destinadas Cantabria. Una gratuidad que se prorrogará con el mismo sistema que existe actualmente: ese abono para pasajeros frecuentes que recuperarán la fianza si cumplen con la exigencia de 16 viajes al cuatrimestre. En cambio, como ocurre también ahora, sí tendrá que seguir pagando su billete religiosamente quien haga un único trayecto puntual.
Este último asunto, el de los detalles del sistema de gratuidad específico para Cantabria y Asturias, fue el que concretó ayer el bipartito. Porque aunque en punto siete del 'Acuerdo de la Castellana' –así se ha bautizado el protocolo entre las tres partes por la madrileña calle en la que está ubicada la sede del Ministerio en la que se produjo la rúbrica– hablaba de la «extensión económica» para mantener esa gratuidad, no precisaba cómo. Finalmente, se mantendrá el qué y el cómo, con ese sistema de abonos.
De hecho, las primeras declaraciones de Revilla tras la reunión con la ministra podían llevar a la confusión. «Ningún usuario de Asturias y Cantabria pagará por el transporte. Eso es lo que hemos acordado y hemos firmado», celebraba el lunes. «Gratis total», insistía ayer. Gratis total, sí, pero con ese matiz. Con las mismas condiciones y premisas que rigen en el 'gratis total' que viene funcionando desde septiembre. Donde no hay dudas es en ámbito de aplicación de la medida: tanto en las líneas de Cercanías de ancho métrico (Feve) por las que circularán los nuevos trenes como también en las Cercanías de las líneas de ancho ibérico (la conexión Santander-Reinosa de Renfe).
También es seguro que los costes los asumirá el Ministerio de Transportes. Los sucesivos Presupuestos Generales del Estado de aquí hasta que funcione hasta el último de los 21 trenes comprometidos con Cantabria –el contrato recogía otros diez para Asturias– incluirán partidas finalistas para ello. Un compromiso que trasciende la actual legislatura.
«Estamos poniendo las soluciones para que el agravio sea el menor posible para los usuarios. Trabajo para ofrecer a los usuarios del ferrocarril el mejor servicio posible, porque durante mucho tiempo no lo ha sido. Los cántabros y asturianos tienen en esta ministra una aliada», insistía el lunes Raquel Sánchez.
Aunque en la práctica para el usuario no tendrá ningún efecto, también está por cerrarse la forma de pago. Hay dos opciones:que el Ministerio envíe en forma de transferencias directas el dinero a las autonomías y estas lo utilicen para pagar a Renfe; o que el Ministerio se encargue de ese trámite de manera automática. Ambas fórmulas tienen sus pros y sus contras. La primera serviría de barrera de contención en caso de que otras comunidades autónomas pidan también la gratuidad, ya que el Gobierno central puede alegar que solo se compensa a las que sufren las consecuencias del error en el contrato de los trenes. Lo malo de esta alternativa es que, mientras que Asturias cuenta con un Consorcio de Transportes que puede encargarse de la burocracia, en Cantabria no existe un ente análogo. Ambas vías encajan en la literalidad del acuerdo, que habla de habilitar desde Madrid «sendas partidas económicas de aportación a la financiación del sistema de transporte público de Asturias y Cantabria, para aplicar la correspondiente bonificación». En cualquier caso, lo dicho, que eso no afecta al usuario de la red de Cercanías que se vaya a beneficiar de la gratuidad.
Mientras tanto, ayer siguieron las reacciones al pacto firmado en Madrid. El vicepresidente Pablo Zuloaga recordó que, además de exigir responsabilidades al Ministerio, también se reclamaron soluciones como las que han llegado, con noticias «muy favorables». El socialista calificó a la líder de la oposición, María José Sáenz de Buruaga, de «osada» por cuestionar el acuerdo cuando durante los gobiernos de Rajoy y de De la Serna como ministro el Estado no invirtió «ni un euro» en las Cercanías de Cantabria. «El daño causado por la chapuza de los trenes no se repara con compromisos de nula credibilidad», aseguró la presidenta del PP, que adelanta que este nuevo 'papeluco' se convertirá en papel mojado.
La consejera de Infraestructuras y Movilidad de Galicia, Ethel Vázquez, se subió hoy al carro de Revilla y Barbón y demandó al Ministerio de Transportes que incluya a la comunidad en las compensaciones a través de la gratuidad de los Cercanías. Que se aplique allí también esta bonificación por los trenes mal diseñados que iban a venir este año a Cantabria y Asturias. «Solicitamos lo mismo porque también nos afecta», manifestó la consejera del PP. Según Vázquez, los errores en el diseño de los trenes que figuraba en el pliego «afecta» a Galicia en la línea entre Ferrol y Ribadeo, aunque no precisa de qué manera. Similar argumento al expresado por la consejera de Movilidad y Transformación Digital de Castilla y León, María González Corral, que exigió que los viajeros de los servicios ferroviarios de ancho métrico de esa comunidad puedan utilizarlo «en las mismas condiciones» que los de Asturias y Cantabria.
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