Secciones
Servicios
Destacamos
Miguel Pérez
Santander
Lunes, 7 de octubre 2019, 07:15
Cuando es lunes, resulta sencillo saber cómo empieza la semana. Lo extraño es conocer su final. Esta que hoy comienza se perfila muy relevante para la instrucción del caso que presuntamente desembocará –bien como autora, inductora o colaboradora, se supone– en el procesamiento de Carmen ... Merino por la muerte de su novio, Jesús Mari Baranda, el jubilado residente en Castro Urdiales desaparecido el pasado febrero y cuya cabeza fue descubierta hace nueve días dentro de una caja.
Todo son estimaciones en este asunto. Las actuaciones se hallan bajo secreto judicial, una medida lógica en función de la naturaleza del caso. Tras el intenso trabajo investigador llevado a cabo la semana pasada, la instrucción depende de factores como la conclusión del análisis del material que se encontró en la casa de la pareja y otras diligencias policiales. No obstante, fuentes jurídicas calculan que en breve podría levantarse el cerrojo a algunas actuaciones. La sospechosa, de 61 años, pasó a disposición judicial el pasado martes, tres días después de su arresto, e ingresó cuatro horas más tarde en la cárcel de El Dueso en condiciones de prisión provisional sin fianza y comunicada.
Ahora se trata de llegar a una acusación formal. «Lo que se requiere son hechos, datos contrastados, no rumores ni hipótesis como los que estos días se escuchan en la calle. Una acusación no se basa en la rumorología y tampoco un juez, un fiscal o un abogado se basan en especulaciones –explican fuentes jurídicas–. Solo valen los hechos». Un policía experto en estos procesos coincide en que «la realidad del caso se verá cuando se levante el secreto de las actuaciones. Y posiblemente surjan sorpresas».
Todos los sumarios son por sí mismos secretos para el público. Sin embargo, cuando el juez ordena esta medida se hace para que ni el abogado defensor ni las acusaciones particulares y populares dispongan de él –y, por tanto, de la investigación policial– hasta que considera que no hay riesgo de entorpecer las pesquisas o destruir pruebas. Ni de filtraciones, como ocurre en el crimen de Castro, donde los mandos de la Guardia Civil han recordado a sus unidades la prohibición de facilitar información a los medios de comunicación. El plazo máximo de vigencia de la medida son treinta días prorrogables. En desapariciones forzadas o delitos que involucran a familiares –o a una pareja– suele surgir una especial sensibilidad. Así ha sido, por ejemplo, durante las investigaciones de Diana Quer o del pequeño Gabriel.
Declaraciones –algunos allegados de la víctima comenzaron a prestar testimonio ya en las primeras horas–, el atestado posterior al hallazgo del cráneo, datos que la Guardia Civil pudo acumular durante los meses en que se sospechó que el pensionista vizcaíno había desaparecido de forma violenta y los análisis técnicos de la cabeza y de la vivienda de la pareja se antojan como elementos fundamentales de una posible acusación. A partir de que se levante el secreto, Carmen deberá fijar un abogado y empezar a montar su defensa. Ha dicho que Jesús Mari se marchó de viaje y desapareció, que la abandonó y decidió irse y, finalmente, que alguien dejó su cabeza en la puerta de casa y ella la guardó para conservar un recuerdo suyo. Si esta frase es textual, la defensa tendrá mucho trabajo.
Fuentes policiales destacan la importancia de localizar el resto del cuerpo y, en ese sentido, esta semana resultaría decisiva si dan fruto los rastreos previstos por la Guardia Civil, entre ellos el de unos terrenos del fallecido en Sámano. También se aguarda a los resultados del minucioso registro efectuado en la vivienda de la pareja, en la calle Padre Basabe de Castro, y del examen de las bolsas cargadas de material que los especialistas de la Guardia Civil sacaron del inmueble. Durante estos días es muy posible que aflore algún dato relativo a la detección –o no– en el piso de rastros biológicos que confirmarían un asesinato o el descuartizamiento de un cadáver.
Noticias Relacionadas
Miguel Pérez José Carlos Rojo
Miguel Pérez José Carlos Rojo
José Carlos Rojo
A veces los muertos señalan a los presuntos culpables. Fuentes policiales estiman que ya existe un importante punto de partida: el cráneo de la víctima y su vinculación con la acusada. Ahora, esa misma cabeza acorrala a Carmen Merino. Y abre la puerta a una trastienda terrorífica. Si ella se encargó de la decapitación o lo hizo una tercera persona, quien fuera bajó lo suficiente a los sótanos de la depravación para hervirla, descarnarla y conservarla en una caja. ¿Quién es capaz de mirar una cabeza humana en ebullición dentro de una olla? Es probable que a estas alturas la Guardia Civil disponga de un perfil psicológico de la detenida. Y alguna palabra de más. En delitos así, el instituto armado moviliza a agentes «muy especializados en interrogar a este tipo de gente».
De 67 años, separado y con dos hijos, jubilado de banca, conoció a Carmen Merino hace siete años. Ella fue a vivir a su casa. El hombre desapareció el pasado febrero. Hace nueve días se confirmó que había sido asesinado y decapitado.
De 61 años, nacida en Utrera, luego vivió en Vizcaya y Cádiz. Fijo su residencia en Castro con una de sus cinco hermanas y ahí conoció a Jesús Mari. De carácter afable «pero raro», esta madre de dos hijos es sospechosa de su muerte.
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.