Una jornada laboral más reducida

Se trata de medidas positivas, a juicio del secretario de Empleo de UGT Cantabria, Julio Ibáñez, que también afectarán a los trabajadores de la región. Algunas, como la reducción de la jornada, ya venían siendo reclamadas por el sindicato, partidario de que bajen progresivamente hasta las 32 horas semanales.

«En UGT pensamos desde hace tiempo que tiene que reducirse porque la productividad ha subido y se han implementado en muchos sectores avances tecnológicos, aumentando los beneficios económicos: la reducción de la jornada tiene también que ver con la redistribución de la riqueza. Y todo esto enlaza a su vez con la reducción del paro: entendemos que la reducción de jornada puede contribuir a la reducción del paro, especialmente entre los parados de larga duración, con un reparto del empleo. Por supuesto, la reducción de jornada que defiende UGT supone el mantenimiento del salario actual, no aplicando una reducción proporcional, porque el incremento de la productividad que se ha registrado en los últimos años lo permite. Nuestra propuesta es que la reducción llegue a las 32 horas, algo que debería hacerse de forma gradual, mediante el diálogo social y la negociación colectiva, y lo que ahora se plantea nos parece un primer paso».

El paro de larga duración es, en opinión de Ibáñez, «un problema estructural». En España, el 39,7% de los desempleados lleva más de un año en el paro, y el 25,4% más de dos. En Cantabria, según la EPA correspondiente al tercer trimestre de 2023, hay 21.047 parados, el 42% de larga duración.

«La conclusión es que los servicios públicos de empleo no están funcionando bien en cuanto a la orientación profesional al desempleado y su formación adecuada para acceder a esos puestos que, según se dice, no se cubren por falta de mano de obra formada. Lo que decimos es que se redirija a muchos parados, que se les dé un servicio de orientación, con un itinerario laboral, y que se les forme para su reciclaje profesional hacia sectores que precisan mano de obra». No obstante, matiza que «las condiciones laborales en algunos de esos sectores que no encuentran mano de obra deberían empezar a mejorar, porque uno de sus problemas es la precariedad».

El acuerdo de investidura afirma que el salario mínimo seguirá creciendo a lo largo de la legislatura para asegurar su poder adquisitivo, garantizándose en el Estatuto de los Trabajadores que aumentará acompasado al 60% del salario medio. «Esto lo situaría en unos 1.200 euros. Reconocemos el esfuerzo hecho hasta ahora, porque ha subido mucho en los últimos años, pero hay que seguir mejorando: consideramos que la subida no perjudica a la economía y es un beneficio porque mejora el consumo, el bienestar de las personas y el de la sociedad en general. Se ha demostrado, además, que la subida del salario mínimo no perjudica la creación de empleo, sino todo lo contrario, y ahí están los datos de empleo para comprobarlo». El responsable del área de Empleo del sindicato valora también el «primer paso» dado por la CEOE con su oferta de mejora del salario mínimo. «La patronal ha visto que es mejor negociar a que lo impongan».

Ibáñez valora de forma similar el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez de seguir mejorando las pensiones. «Se ha demostrado con la última reforma que se puede mejorar el sistema, se puede ir eliminando el déficit de la Seguridad Social con las medidas que se han tomado y hacer que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo».

Con lo que no se muestra muy conforme es con el punto incluido por el PNV en su negociación con el PSOE para que los convenios colectivos y acuerdos profesionales autonómicos tengan prioridad sobre los de ámbito nacional. «Creemos que los convenios sectoriales estatales, que determinan la jornada máxima y el salario mínimo, tienen que estar por encima».