El largo y laberíntico 'caso Hormaechea'

Muy prolongado en el tiempo, el llamado 'caso Hormaechea' se remonta a finales del año 1994, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) condenó al expresidente regional a seis años y un día de prisión y a catorce años de inhabilitación por un delito de prevaricación y otro de malversación de fon-dos públicos.

En su sentencia, el tribunal consideró como hecho probado que, en el año 1989, Hormaechea desvió un total de 2.959.132 pesetas (17.785 euros) para emitir anuncios en prensa y en radio en los que se descalificaba a algunos de sus adversarios políticos. Además, también apreció que, entre el mes de junio de 1988 y el mes de diciembre de 1990, hizo a la empresa Oyprocansa –propiedad de un amigo suyo– un total de 650 pagos por valor de 246,5 millones de pesetas (1.481.495 euros) para la confección y colocación de carteles propagandísticos de las obras de la comunidad autónoma sin publicidad ni expediente administrativo alguno previo.

Por esto, los magistrados, que calificaron los hechos como sendos delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación, condenaron a prisión al expresidente cántabro, que en el transcurso del proceso cambió tres veces de abogado y terminó defendiéndose a sí mismo.

Ratificada en todos sus términos por el Tribunal Supremo (TS), aquella sentencia fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por el propio Juan Hormaechea, que consideró vulnerado su derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial poniendo de relieve la «amistad íntima» del presidente de la Sala, Claudio Movilla, con una de las partes acusadoras, Miguel Ángel Revilla, y su «enemistad manifiesta» con el propio condenado.

Cinco años después, en 1999, la Sección Segunda del Tribunal Constitucional (TC), presidida por Carles Viver Pi-Sunyer, estimaba en parte el recurso de amparo presentado por Hormaechea, anulaba las sentencias dictadas por el TSJC y del TS y ordenaba la repetición del juicio, pero no por las razones alegadas por el expresidente de Cantabria sino por unas manifestaciones realizadas por Movilla meses antes del juicio.

En ellas, el magistrado tildaba de «vergonzosas» las acusaciones de Juan Hormaechea poniendo en duda la independencia de los jueces que iban a juzgarle por su ideología izquierdista, y aseguraba que «revelan una catadura moral que yo no desearía para un presidente de una comunidad autónoma».

En su auto, el TC se reconoció consciente de que el origen de la polémica y la iniciativa constante de la controversia la tuvo siempre Hormaechea y que su rechazo público de dos jueces del caso –Claudio Movilla y García Oliva– apoyado en sus ideas políticas «es objetivamente ofensivo», pero admitió que tales circunstancias no justificaban la reacción del juez.

Así, a su manera de entender, «la global descalificación del acusado antes del juicio no situó al tribunal en las mejores condiciones para garantizar que su veredicto final gozara de la confianza del público y, mucho menos, de la del acusado».

La queja del recurrente, pues, «se funda en una sospecha objetivamente justificada», dijo el TC, que, en consecuencia, sentenció «retrotraer las actuaciones judiciales hasta el momento inmediatamente anterior a la convocatoria del juicio oral, a fin de que su enjuiciamiento se lleve a cabo por el tribunal que sea competente, integrado por magistrados cuya imparcialidad no se encuentre comprometida en tal proceso penal».

Tres años más tarde, en 2002, luego de recurrir contra la competencia de la Audiencia Provincial de Cantabria para celebrar el nuevo juicio en una maniobra calificada por los jueces como «dilatoria» y «obstruccionista», de recusar sin éxito al presidente del TSJC, Javier Sánchez Pego, y a tres de los magistrados que conformaban la sala especial que debía resolver esa primera –todo para demorar el proceso–, Juan Hormaechea volvió a sentarse en el banquillo.

Fue el 8 de octubre, fecha prevista para el inicio de un juicio repetido en fondo y en forma, porque aquel día Hormaechea, tal y como tenía por costumbre, no se privó de nada.

Llamó dos veces prevaricador al tribunal que le juzgó y verdulero al abogado de la acusación –lo cual le costó sendas multas–, se levantó de su silla para repreguntar a la fiscal, cuyos conocimientos jurídicos puso en duda, y acusó a algunos funcionarios de posibilitar la prevaricación en la Administración regional. Una actitud en la que perseveró a lo largo de todo aquel proceso, que el 6 de noviembre quedaba visto para sentencia tras casi siete horas de alegato ininterrumpido del condenado.

Un alegato que no le sirvió para nada porque el 11 de diciembre, a la misma puerta de la Navidad y por unanimidad de todos sus miembros, el TSJC condenaba al ex presidente Juan Hormaechea a la pena de tres años de cárcel y trece años de inhabilitación para ostentar cargo público tras hallarle culpable de dos delitos: uno de malversación por pagar con fondos públicos anuncios emitidos en prensa y en radio en los que insultaba a sus adversarios y otro de prevaricación por adjudicar 'a dedo' las obras de cartelería de la entonces Diputación regional.

Con esta sentencia, igualmente ratificada en todos sus términos en abril de 2004 por el TS, se ponía punto y final a uno de los episodios judiciales más largos de la historia de Cantabria, que en la memoria redactada por la fiscal jefe Pilar Martín Nájera –que intervino de acusación pública– quedó reflejado como un «despropósito».